"¿Pero que pasó con Brasil?", fue una pregunta que escuchó repetidamente en el marco de la COP25 en Madrid, Márcio Astrini, portavoz de Greenpeace Brasil, según dijo a DW. El país pionero en la protección del clima se convirtió en el "malvado" a nivel mundial. "Brasil ya no es lo que era", admite Astrini.

En la década de los 90, la deforestación alcanzó la cifra de casi 30.000 kilómetros cuadrados por año. Esto corresponde al tamaño del estado federado alemán de Brandeburgo. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) intensificó los controles por satélite y sobre el terreno, reduciendo la deforestación a menos de 4.000 kilómetros cuadrados en 2012. Este fue también el nivel establecido como meta para los próximos años en las conferencias del clima de Copenhague, en 2009, y en el acuerdo de París, en 2015.

Ya que Brasil alberga dos tercios de los 7 millones de kilómetros cuadrados de la selva amazónica, la mayor selva tropical del mundo, puede hacer mucho por el clima. Pero el año pasado se acumularon las malas noticias. Por primera vez desde 2009, más de 10.000 kilómetros cuadrados fueron deforestados de nuevo, un 30 por ciento más que en 2018. Además, hubo 30.000 incendios, tres veces más que en agosto del 2018, la mayor cifra desde 2010.

Al mismo tiempo, también aumentó el número de ataques en zonas indígenas provocadas por agricultores y buscadores de oro. En los últimos días, el gobierno brasileño se ha visto obligado a enviar soldados para proteger esas zonas.

¿Problemas por propia culpa?

"El año 2020 podría ser peor todavía", predice Astrini. "El gobierno no ha propuesto ninguna solución a los problemas, la mayoría de los cuales han sido provocados por su propia culpa", añade. El Gobierno brasileño planea legalizar la propiedad de la tierra, incluyendo una amnistía para los agricultores que ocuparon tierras del Estado. "Esto significa un incentivo adicional para deforestar aún más tierras", dice Astrini.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene aún más planes para la Amazonia. Regiones anteriormente protegidas por parques naturales y áreas indígenas serán abiertas a la explotación económica, incluyendo la venta de esas tierras a inversores extranjeros. En la capital, Brasilia, circula supuestamente una lista de 67 áreas protegidas cuyo estatus de protección podría desaparecer.

Sérgio Leitão, del Instituto Escolhas, de Brasil, también cree que los bosques amazónicos volverán a arder en 2020, "si las cosas siguen como hasta ahora". La destrucción de la selva tropical sirve para asegurarse tierras del Estado. Una vez que el bosque haya sido despejado, simplemente basta colocar un poco de ganado en los prados para justificar un reclamo de propiedad, dijo Leitão a DW.

Recuperación de tierras a través de incendios forestales

"Los incendios son una especia de entrada para ocupar tierras que, en realidad, pertenecen a la sociedad brasileña. De esta manera se privatiza la propiedad del Estado", añade Leitão.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, objeta la acusación de que el Gobierno del presidente Bolsonaro sea responsable del aumento de la deforestación y los incendios forestales. Según él, la destrucción de los bosques para el desarrollo de nuevas áreas de uso agrícola es "determinada culturalmente". Además, el gobierno, supuestamente, heredó la tendencia negativa. Desde el récord histórico de 2012, naturalmente la destrucción tuvo que aumentar, según Salles.

En Madrid, Salles reiteró la demanda de su gobierno sobre que Brasil debería tener derecho a por lo menos una décima parte de los 100.000 millones de dólares por año que los países industrializados habían prometido a los países en desarrollo en París. Por lo tanto, diez mil millones de dólares al año sería el precio para preservar la selva amazónica brasileña. "Este es prácticamente el discurso de un extorsionador", dice Astrini. Es como si dijera: "Si no me pagas, la selva morirá".

(gg/cp)

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