Cuatro años y medio han transcurrido desde que Jürgen Grässlin, presidente de la organización no gubernamental Oficina para la Información sobre Armamento, demandara a la empresa Heckler & Koch, con sede en Baden-Wurtemberg, atribuyéndole la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México y el quebrantamiento de varias leyes alemanas que prohíben el envío de armas a regiones afligidas por excesos del Estado en la aplicación de medidas represivas, violaciones de los derechos humanos, guerras civiles o enfrentamientos similares de menor escala.

“Más de diez empleados y directores de Heckler & Koch están involucrados en el comercio ilícito de armas. Un informe de la Oficina de Delitos Aduaneros (ZKA) de Alemania certifica que el envío no autorizado de 9.000 fusiles G36 a cuatro estados mexicanos azotados por conflictos internos violentos viola la ley federal para el control de armas de guerra (KWKG) y la regulación del comercio exterior (AWG); esa infracción se pena con por los menos dos años de cárcel”, explica Grässlin en entrevista con DW.

“Considerando las pruebas inequívocas que he presentado en mis dos querellas contra Heckler & Koch, es muy inquietante que la directiva de esta compañía pueda seguir vendiendo armas como si nada hubiera pasado y que quienes investigan estos casos no hayan realizado acusaciones formales todavía”, lamenta Grässlin. El vocero de la campaña ¡Detengan el comercio de armas!, auspiciada por más de cien organizaciones pacifistas, cuenta con que las autoridades pertinentes se pronunciarán al respecto en el segundo trimestre de 2015.

Carl Walther y SIG Sauer, en Colombia

Claudia Krauth, vocera de la Fiscalía de Stuttgart, se negó a confirmar la fecha mencionada por Grässlin, alegando que las pesquisas no han terminado y que éstas son más complejas de lo que muchos intuyen. El autor de El libro negro del comercio de armas: cuánto gana Alemania con la guerra también entabló denuncias contra las empresas germanas Carl Walther y Sig Sauer por la concesión ilícita de licencias de fabricación y la exportación ilegal de pistolas P 99 y SP 2022 a Colombia, pero su litigio con Heckler & Koch es el más longevo.

El caso ha sido cubierto por la prensa intermitentemente desde 2010 y volvió a adquirir visos de escándalo hace unos días: el pasado miércoles (11.12.2014), el diario alemán Die Tageszeitung hizo público el hallazgo de 36 fusiles G36 en manos de la gendarmería de Guerrero, el estado mexicano donde 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre tras ser detenidos por policías municipales de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos. Se cree que los jóvenes fueron ejecutados por esa organización criminal.

Heckler & Koch, en México

En 2006, el Gobierno alemán permitió que Heckler & Koch exportara sus armas a México bajo la condición de que éstas no fueran enviadas a Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. No está claro cómo se pretendía controlar la circulación de los fusiles en territorio mexicano, pero todo apunta a que aquel prerrequisito no se cumplió. Aunque no se sabe si los G36 “made in Germany” fueron usados contra los estudiantes de Iguala, Grässlin querría que las implicaciones de episodios como ese se discutieran en Berlín.

De hecho, Grässlin propone que el Parlamento alemán sea integrado estructuralmente a la toma de decisiones sobre exportación de armamento. Jan van Aken, diputado del partido La Izquierda y miembro de la subcomisión legislativa para el desarme, no cree que eso baste. “Cuando están en juego negociaciones grandes o delicadas, tanto la opinión pública como el Bundestag deberían recibir información exhaustiva con suficiente antelación, como ocurre en Estados Unidos”, señala el político sin albergar muchas esperanzas de cambio.

“Haciendo negocios con la muerte”

Dependiendo de cómo se interprete, el anuncio hecho en julio de 2014 por Sigmar Gabriel, ministro alemán de Economía y Energía, podría mitigar la indignación que causó la aparición de fusiles alemanes en México. El socialdemócrata prometió reducir las exportaciones de armas a Estados no asociados a la UE y a la OTAN, y acotó que ni siquiera la pérdida de puestos de trabajo en la industria armamentista nacional podría persuadirlo de darle luz verde a negocios dudosos. “Si no se es cuidadoso, uno puede terminar haciendo negocios con la muerte”, dijo Gabriel.

Georg Wilhelm Adamowitsch, presidente de la BDSV, la federación que vela por los intereses de las industrias de la seguridad y la defensa en Alemania, toma al ministro muy en serio: por un lado, admite estar preocupado por la opacidad de los estrictos criterios que supuestamente regularán el comercio de armamento en los próximos años y, por otro, asegura que los controles vigentes no necesitan ser endurecidos. “Hasta ahora, en Alemania, todos los Gobiernos han respetado esas reglas y actuado responsablemente”, subrayó Adamowitsch al ser consultado por DW.

¿Palabras huecas?

Para van Aken, en cambio, las de Gabriel son palabras huecas. “Es obvio que Gabriel ya capituló ante el lobby armamentista y que la actual política de exportación de armas alemanas de pequeño y gran calibre continuará intacta durante su gestión”, pronostica el diputado. Grässlin lo secunda: “la Gran Coalición [formada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD)] está violando masivamente la ley alemana con su política de exportación de armas”, opina el activista.

Van Aken y Grässlin también coinciden al exigir la prohibición absoluta de exportar armamento alemán de pequeño calibre –pistolas, metralletas, fusiles de asalto, ametralladoras y fusiles de francotirador– y de conceder licencias para su fabricación en otros países. “Una vez exportadas, la circulación de armas de pequeño calibre es imposible de controlar”, argumenta el presidente de la Oficina para la Información sobre Armamento, dispuesto a arrojar luz sobre uno de los aspectos más problemáticos de este tema.

Sanciones pendientes

“En principio, Alemania le prohíbe a sus clientes la reexportación de armas y licencias, y estipula severas sanciones para quienes rompan esa regla; pero ninguno de los Estados infractores ha sido castigado hasta ahora”, cuenta Grässlin. En mayo de 2014, varios medios germanos revelaron que el estamento militar estadounidense había dotado a las fuerzas de seguridad colombianas con más de 100.000 pistolas SP 2022, fabricadas por la empresa Sig Sauer, con sede en Schleswig-Holstein, sin la autorización de Alemania.

“En lo que respecta a México, los fusiles de asalto G36 llegaron a la Secretaría de la Defensa Nacional directamente desde el aeropuerto de Fráncfort. Pero si las pistolas fabricadas por Sig Sauer llegaron a Colombia desde el territorio estadounidense, la exportación de armamento alemán a Estados Unidos debería suspenderse como castigo. Así lo establece la ley”, comenta Grässlin. “Lamentablemente, ningún Gobierno alemán se atrevería a sancionar a Estados Unidos por esa transgresión”, sostiene van Aken.

“Las razones para demandar que se prohíba la exportación de armamento alemán de pequeño calibre y de licencias para su fabricación en el extranjero son claras, cuando se considera cuántas muertes y ejecuciones tienen lugar gracias a estas armas. En las guerras y los conflictos armados entre civiles, 19 de cada 20 personas muere a causa de armas de pequeño calibre. Y Alemania es el segundo mayor exportador de este tipo de armas”, cierra el investigador Jürgen Grässlin.