"He decidido dar un paso al costado y renunciar a mi cargo de director sociocultural de la Presidencia", dijo Dávalos en la sede del Gobierno chileno durante una comparecencia en la que no admitió preguntas de la prensa. "Deseo poner énfasis en que no he cometido ilícito alguno ni delito funcionario, como algunos medios (de comunicación) han sugerido", aseguró el primogénito de Michelle Bachelet al referirse a la operación inmobiliaria que le reportó a la empresa de su esposa, , Natalia Compagnon, beneficios por valor de 2.500 millones de pesos de beneficios (unos cuatro millones de dólares).

"No me queda más que pedir humildemente perdón por este amargo momento. Entiendo además que esto para algunos pudiera no ser suficiente", dijo al explicar el motivo de su renuncia. El hijo mayor de Michelle Bachelet reconoció también implícitamente la incomodidad que esta situación ha generado en el Gobierno y el seno de la Nueva Mayoría, la coalición oficialista, como han expresado en los últimos días algunos de sus representantes. "Entiendo el malestar que ha provocado esta situación y asumo que el perjuicio ha dañado a la presidenta de la República y al Gobierno de Chile, quienes cuentan con mi total y absoluta lealtad", puntualizó el hasta hoy director sociocultural de la Presidencia.

Dávalos admitió que la posición en que se encuentra "es a lo menos incómoda", toda vez que -según dijo- se le ha "criticado abiertamente por trabajar en el Estado y trabajar además en el sector privado". La esposa de Sebastián Dávalos -quien no percibía retribución alguna por el cargo oficial al que hoy renunció- es socia al 50 % de la empresa Caval Limitada, que obtuvo un préstamo por valor de 6.500 millones de pesos (unos 10,4 millones de dólares) para la adquisición de unos terrenos en el municipio de Machalí. El crédito fue otorgado por el Banco de Chile el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La operación se fraguó durante una reunión celebrada en la sede del banco en noviembre de ese año en la que participaron Andrónico Luksic, dueño y vicepresidente de la entidad financiera, y el propio Sebastián Dávalos, por entonces gerente de operaciones de Caval.

"Tráfico de influencias"

La oposición considera que en este caso ha habido tráfico de influencias y uso de información privilegiada, dadas las millonarias ganancias obtenidas por una empresa que tenía un capital de apenas seis millones de pesos (menos de 10.000 dólares).

En los últimos días, el Gobierno se desmarcó de la polémica e instó a que fuera el propio hijo de la presidenta Bachelet quien diera explicaciones ante la opinión pública. Los emplazamientos fueron hechos por los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Justicia, José Antonio Gómez. En tanto, la presidenta Bachelet -quien estos días descansa en su casa de veraneo, junto al lago Caburgua- ha mantenido silencio.

Mientras la oposición de derechas solicitaba que el caso fuese investigado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aseguró que no hubo infracción alguna en la entrega del millonario crédito. El objetivo de los recursos era adquirir unos terrenos rurales que estaban pendientes de ser recalificados para uso urbano, cosa que aún no ha sucedido.

A pesar de ello, Caval -que había intentado infructuosamente obtener el préstamo en otros bancos- vendió después los terrenos por un precio superior al de su compra en 3.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares). La operación finalmente se cerró el pasado día 9, cuando Caval Limitada registró en el conservador de bienes raíces la escritura por la venta de 44,3 hectáreas en el municipio de Machalí, cercano a Santiago, a la empresa Ruta 86. El importe de la transacción fue de 9.500 millones de pesos (14,5 millones de dólares), a los que hay que descontar los 6.500 millones de pesos (10,4 millones de dólares) del préstamo y 500 millones de pesos (760.000 dólares) en concepto de intereses.

RML (efe, medios)