Por primera vez desde la caída del líder libio Muamar Gadafi hace siete años, las principales facciones que dominan Libia llegaron este martes (29.05.2018) a un "histórico" acuerdo en París para celebrar elecciones el 10 de diciembre próximo y superar las divisiones que han sumido al país africano en la crisis.

Auspiciado por la ONU, el pacto contó con el respaldo de los dos autoproclamados líderes, Fayez al Serraj, que controla la capital, Trípoli, y Jalifa Hafter, que domina el este del país, además de los presidentes del Cámara de Representantes, Aquila Saleh, y el del Consejo de Estado, Jaled el Meshri.

Todos ellos acordaron la fecha de los comicios, pero también pusieron plazo a la elaboración de un marco electoral, que deberá estar listo antes del próximo 16 de septiembre. Además, pactaron acabar con la división institucional del país, singularmente la que existe entre el poder político que ostenta Al Serraj y el militar que tiene Hafter.

El primero, que fue el único de los dos que compareció ante los medios tras el acuerdo, aseguró que las Fuerzas Armadas y de seguridad deberán estar bajo el mandato del poder civil.

Se trata de un compromiso "inédito" en la frágil situación libia, alcanzado entre partes que se sentaban por vez primera en la misma mesa y que, en algunos casos, se niegan legitimidad. Eso muestra la dificultad del pacto y también el "largo camino" que resta por recorrer hasta concretarlo, según reconoció el emisario de la ONU para Libia, Ghasam Saleme.

Visto bueno de la comunidad internacional

Sobre sus espaldas reposa ahora la responsabilidad de poner de acuerdo a las partes sobre el marco electoral, el muro sobre el que hasta ahora se había estrellado todo avance, pero también las modalidades prácticas de organizar los comicios.

Convencidos de que será difícil que para entonces haya una nueva constitución, las partes se comprometieron a que, al menos, esté en vigor una ley electoral, que puede reposar sobre el actual proyecto constitucional o sobre otras bases.

El acuerdo contó con el visto bueno de la comunidad internacional, representada por una veintena de países, entre ellos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y los vecinos, además de la Unión Europea, la Unión Africana y la Liga Árabe. La declaración común advierte a quien entorpezca el acuerdo de que deberá "atenerse a las consecuencias" en forma de sanciones internacionales.

EAL (efe, reuters)

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