"Si me pasa algo a mí o a mi familia, ustedes ya están comunicados: antes de venderme por un contrato de publicidad prefiero que me maten", escribía en su página de Facebook el periodista hondureño Luis Almendares el 17 de julio de 2017. Tres años más tarde, el 27 de septiembre de 2020, Almendares fue atacado a tiros en plena calle por dos motociclistas que se dieron a la fuga. "Ay señor, Dios mío, ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de aquí... Señores, me acaban de disparar, ocupo una ambulancia", clamaba el comunicador en un video grabado tras el ataque y que se viralizó en Honduras.

Luis Almendares murió un día después en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. "Era un periodista muy serio, muy profesional. Tenía unos 25.000 seguidores en su página de Facebook, que alimentaba con contenidos casi todos los días", dice desde Brasil a DW Emmanuel Colombié, director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina. "Las publicaciones de Luis incomodaban a mucha gente en la región: personas con poder, policías corruptos y personajes públicos, por ejemplo en la Cámara de Comercio de Comayagua… En junio, tras una publicación sobre irregularidades en la gestión de esa institución, Almendares fue intimidado por integrantes de la Cámara, que lo presionaron para que divulgara sus fuentes", afirma Colombié. 

Amenazas, asesinatos y desprotección

A pesar de que el Estado debe garantizar el derecho a la libertad de prensa y de expresión, "Honduras es uno de los países más violentos de la región para los periodistas", dice desde Nueva York a Deutsche Welle Natalie Southwick, coordinadora del programa para América Central y del Sur del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). "Es muy difícil para ellos trabajar libremente y sin riesgos. La libertad de prensa está contemplada por ley, pero en la vida real no existe", sentencia Southwick.

El asesinato supone el grado máximo de violencia, pero las agresiones se manifiestan también en "amenazas contra ellos y sus familias, hostigamiento en redes sociales, mensajes intimidatorios…", prosigue la experta. Y existe otra grave forma de violencia: la desprotección. En el país hay un organismo oficial, el Mecanismo Nacional de Protección a los Periodistas, encargado de canalizar las denuncias de los comunicadores, pero "faltan los recursos necesarios para que lleve a cabo un esquema de protección que responda de forma proactiva a las amenazas", dice Natalie Southwick. "En Honduras, los periodistas trabajan en un vacío de presencia estatal".  

Probablemente fue ese vacío el que hizo que Luis Almendares decidiera no denunciar su caso ante el Mecanismo de Protección, aunque él era consciente de que su vida corría peligro. "Es un patrón habitual en los profesionales locales de la información: no denuncian porque no tienen confianza en que un organismo estatal los pueda proteger. Y no es de extrañar, porque el Estado es uno de los mayores agresores contra los periodistas", dice, por su parte, Emmanuel Colombié, de Reporteros Sin Fronteras. 

La impunidad propicia el círculo vicioso de la violencia

"No podemos criticar el Mecanismo en sí; es positivo que exista", continúa Colombié, "pero los políticos aprovechan su existencia para decir que hacen algo y tenemos pruebas de que no funciona de manera eficiente", continúa Colombié. El director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina denuncia además presiones internas dentro del propio organismo. "Un problema central en Honduras son los ataques de los propios funcionarios públicos contra los periodistas. Los políticos y miembros de la Policía son allí los mayores predadores de la libertad de prensa. Esto es gravísimo. Hay presiones hacia el Mecanismo porque se quiere silenciar a las voces que denuncian. No hay voluntad política de fortalecerlo", critica Colombié.  

Con la muerte de Luis Almendares, son ya 85 los comunicadores asesinados en Honduras desde 2001. El Colegio de Periodistas de Honduras destaca que más del 90 por ciento de esos crímenes continúa impune, circunstancia que propicia "el círculo vicioso de la violencia", dice Colombié. "La situación es gravísima. Hay que poner fin a esta espiral. Pedimos a las autoridades que fortalezcan el Mecanismo de protección y pongan en marcha un plan duradero de lucha contra la impunidad", concluye Colombié. 

(cp)