Las redes del narcotráfico siguen sumiendo Honduras en una profunda crisis que pone en peligro su desarrollo, debido a que sus "tentáculos" penetraron las instituciones del Estado y a la clase política, según afirman diferentes sectores de la sociedad.

Recientemente, la Conferencia Episcopal de Honduras emitió un fuerte pronunciamiento en el que critica esa situación y cuestiona a los políticos que por ambición se han vinculado a redes criminales, olvidándose de la ética y de velar por el bien común.

"Con profundo dolor constatamos cómo la lacra del narcotráfico (…) ha permeado las instituciones de nuestro país", establece el documento que fue leído por el portavoz de la conferencia, el sacerdote Juan Ángel López. En el documento se cuestiona a la clase política, acusándola de tener un pacto con los narcos, que cobran centenares de vidas inocentes y continúan "sembrando" el terror en esa pequeña nación situada en el centro de Centroamérica.

En comunicación con DW, el padre López sostuvo que es una realidad que una buena parte de la clase política está coludida con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

Un informe emitido por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo de la sociedad civil independiente del Gobierno hondureño expresó la misma postura que la Iglesia. Según la CNA, gracias a  la colaboración de políticos e instituciones de Estado el 80 por ciento de la droga proveniente de Sudamérica pasa por Honduras antes de llegar a Estados Unidos.

Soborno a funcionarios 

Los señalamientos de la Iglesia se realizan en un momento en que el Gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se vio duramente golpeado por la condena de su hermano, Juan Antonio "Tony” Hernándezen la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por delitos de narcotráfico.

El fiscal al cargo del caso, Emil Bove, declaró que el gobernante también recibió dinero de los traficantespara sus campañas políticas y calificó a Honduras como un "narcoestado”, lo cual fuerechazado por el presidente Hernández.

Las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), señalan que entre 2004 y 2016 varios carteles de narcotráfico en Honduras trabajaron juntos con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas prominentes. De acuerdo con estas informaciones, entre ellos se incluyeron a políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que recibieron varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia, a través de rutas aéreas y marítimas.

La droga era transportada hacia el oeste en Honduras en la frontera con Guatemala y eventualmente llevada hacia los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras, según la investigación de la DEA.

La familia presidencial a la fecha sostiene que "Tony" Hernández es inocente y que las acusaciones en su contra vienen de traficantes de drogas, a los que el mandatario Hernández afectó quitándoles bienes y enviándolos extraditados a EE. UU. En sus informes, el Gobierno asegura que el tráfico de drogas en Honduras se ha reducido considerablemente en los últimos seis años, al grado que sólo el 2 por ciento de la droga que se fabrica en América del Sur pasa por territorio hondureño. 

"Las instituciones son cómplices del narcotráfico"

Al respecto, el capitán Santos Rodríguez Orellana, un exmilitar de la unidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), separado por ser el primero que mencionó a "Tony" Hernández en actividades del narcotráfico, dijo a la DW que los "narcos” en Honduras siguen trabajando en total impunidad.

"Las instituciones son cómplices del narcotráfico; en las Fuerzas Armadas hay oficiales vinculados y hasta la fecha no hay una investigación. La droga continúa y va a continuar pasando por nuestro país; el gobierno se ha dedicado a mentir, porque las cúpulas de poder manejan esas actividades ilícitas”, enfatizó.

Para el político y dirigente del oficialista Partido Nacional, Fernando Anduray, las aseveraciones de la Iglesia son completamente ciertas, pero aclaró que no se puede señalar solo al partido de gobierno. "El problema existe, no podemos creer que la Iglesia trata de hacerle daño a alguien, sino que avizora que los esfuerzos de Honduras, deben ser llevados a un plano de efectividad por parte de los órganos jurídicos, de investigación y policiales”, manifestó a DW.

A criterio de Anduray, en Honduras se requiere una depuración de la sociedad para que los lavadores de capital, producto del narcotráfico, que se han infiltrado en los órganos de poder y de decisión del Estado, puedan ser detectados y llevados a prisión.

"Nosotros compartimos lo que dice la Iglesia y el gobierno, más allá de creer que haya una confrontación, debe tomar la parte positiva para iniciar un proceso de revisión y depuración y lo mismo deben hacer todos los partidos políticos de Honduras”, subrayó el también exsecretario general del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Honduras.   

Lo cierto, es que mientras en Honduras se busca la forma de erradicar el narcotráfico con ayuda de Estados Unidos, la sangre sigue corriendo, viendo como la inversión se aleja y la pobreza crece. Para el analista político, Raúl Pineda Alvarado, algunos cooperantes de Honduras están considerando suspender la ayuda al país, sino ven una reacción enérgica por parte del Gobierno para enmendar la ruta de corrupción y vinculación al narcotráfico que se ha observado de manera notoria.

(eal) 

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