La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, reveló en una conferencia de prensa la fecha de la visita y aseguró que en el viaje a Honduras estará "el plenario de la comisión", es decir, sus siete integrantes.

El pasado 17 de octubre, el secretario ejecutivo de la CIDH,Emilio Álvarez Icaza, adelantó que Honduras había solicitado una visita del pleno de la comisión y que el organismo ya había aceptado hacerla en diciembre.

Desde hace 6 años en la lista de los violadores de derechos humanos

Durante los últimos seis años, Honduras ha formado parte del Capítulo IV del informe anual de la CIDH, conocido popularmente como la "lista negra" de los derechos humanos en el continente. El país centroamericano ingresó en esa lista tras el golpe de Estado de 2009 y ha permanecido en ella, año tras año, desde entonces, acompañado en la última edición por Venezuela y Cuba.

En virtud de la reforma sobre el funcionamiento de la CIDH, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2013, existe la posibilidad de que los países incluidos en la "lista negra" soliciten que el pleno de la comisión visite en su territorio.

Una vez realizada la visita, la comisión accede a sacar a ese país del Capítulo IV y examinar en cambio su situación de derechos humanos en un informe aparte, lo que, según Álvarez Icaza, permite estudiar las presuntas violaciones en el país "en más profundidad" que con su mera inclusión en la "lista negra".

Análisis in situ de la situación en Honduras

Álvarez Icaza confirmó en octubre que la visita permitirá que Honduras no aparezca en ese apartado en el informe anual que la CIDH publicará en abril de 2015, relativo a 2014.

La visita de diciembre permitirá analizar la situación de derechos humanos en Honduras en general y las preocupaciones particulares de la comisión en materia de administración de justicia y de los altos niveles de criminalidad e impunidad.

En su informe relativo a 2013, la CIDH reiteró que, a partir del golpe de Estado de 2009, se produjeron violaciones a los derechos humanos que "afectaron gravemente a la población hondureña", cuyos efectos han continuado en algunos casos, haciendo "más compleja la situación en el país".

La falta de independencia del poder judicial y de otros poderes del Estado, así como las debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de violencia e impunidad, son los puntos más delicados que la comisión identificó en ese informe.

Además, se mostró preocupada por la situación de los defensores mde derechos humanos, de la libertad de expresión y de recurrentes casos de discriminación en Honduras, incluyendo las agresiones a pueblos indígenas.

JOV (efe, Reuters)