El Gobierno de Honduras contrató al influyente bufete de abogados Arnold & Porter para el juicio que acabó esta semana con la condena de cadena perpetua por narcotráfico para Juan Antonio "Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien el juez implicó en la causa. 

Según una investigación del diario The Washington Post y de ciertos documentos del Departamento de Justicia, el bufete intentó influir a los fiscales del caso para evitar el fallo contra el acusado. 

El periódico identifica al despacho de abogados de Washington Arnold & Porter, que tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado con George W. Bush y en el que trabajó el actual Fiscal General Merrick Garland.

Según los fiscales del caso, los letrados contratados por Honduras actuaron como lobistas para advertirles de "consecuencias colaterales" por el proceso en las relaciones con Honduras en relación a las bases militares de Estados Unidos en el país, así como "asuntos migratorios no relacionados". 

Bufete trató de desacreditar valor de algunos testigos

Arnold & Porter, en nombre del Gobierno hondureño, intentó desacreditar el valor de algunos testigos en relación a ese coste en las relaciones bilaterales e hizo cabildeo con otros departamentos de la Administración de Donald Trump tras mantener contactos con el Consejo de Seguridad Nacional, según los documentos legales derivados del proceso contra Tony Hernández.

Esos contactos se produjeron en el otoño de 2019, poco después de que Arnold & Porter registrara su relación con Tegucigalpa en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia.

El documento de registro en esta base de datos, con fecha 23 de septiembre de 2019, incluye un contrato fechado en agosto de ese año por 475.000 dólares más gatos adicionales firmado con Arnold & Porter por la entonces secretaria de Finanzas hondureña Rocío Tábora, según pudo constatar Efe.

El objeto de la relación contractual, según los documentos entregados a FARA en septiembre de 2019, es "proveer servicios legales en conexión con una transacción de mercado internacional de capitales", así como "asuntos adicionales que se acuerden mutuamente", trabajos de "diligencia debida" o que afecten a las relaciones bilaterales.

El bufete legal tiene relaciones de representación y cabildeo también con Argentina, Corea del Sur, Israel o el equipo del presidente encargado venezolano Juan Guaidó, según informes del primer semestre de 2020 consultados por Efe.

mg (efe, The Washington Post)