Honduras sigue siendo víctima de las redes de corrupción que en los últimos años se enraizaron en el engranaje de la estructura gubernamental y provocaron una lentitud en el crecimiento económico de ese pequeño país, situado en el centro de América.

La última década en Honduras está marcada por una lista de sonados actos de corrupción en los que "desfilaron” prominentes figuras de la política hondureña y de los distintos gobiernos; muchos de ellos, hoy gozan "del sabor de la miel” de la impunidad.

El más reciente caso de corrupción es el vinculado a la compra de siete hospitales modulares o móviles por un valor de casi 48 millones de dólares ($ 47.512.564) para hacerle frente al coronavirus. Según el Ministerio Público hondureño, la adquisición se hizo "de forma directa y fraudulenta”.

"Es un hecho sin precedentes en función del momento en el que se da, cuando existe una emergencia sanitaria”, expresó a DW Rafael Jerez, oficial jurídico de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

A juicio de Jerez, el proceso demandaba la mayor transparencia "por los antecedentes del gobierno y todas las denuncias en materia de corrupción”.

Dos funcionarios del actual gobierno, que fueron cesados de sus cargos una vez que trascendió la denuncia, están siendo acusados por los delitos de fraude y violación de sus deberes, porque fueron ellos quienes estuvieron al frente de la compra de los hospitales. 

Se trata de Marco Bográn Corrales y Alex Moraes Girón, gerente general y gerente administrativo, respectivamente, de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), un ente gubernamental encargado de la gestión  de proyectos de desarrollo del país, sobre quienes pesa una acusación formal de la Fiscalía.

Además existe una orden de arresto internacional y alerta migratoria para el empresario Axel López, quien reside en Estados Unidos y fue el intermediario para la compra de los hospitales elaborados en Turquía, y que, de acuerdo al Ministerio Público, obtuvo utilidades arriba de los 20 millones de dólares.

"Todo acto de corrupción es condenable, reprochable y censurable, pero los cometidos en el marco de la pandemia creo que rebasan la capacidad de indignación que todos los hondureños pueden tener”, expresó el Fiscal General, Óscar Chinchilla, en un video divulgado en redes sociales.

Chinchilla dijo que la acusación de Bográn Corrales y Moraes Girón es el resultado de una investigación seria, responsable, rigurosa y muy minuciosa, realizada por un equipo especial de fiscales y profesionales.

De acuerdo al Ministerio Público, entre los meses de marzo y abril del 2020, Invest-H compró los siete hospitales a través de Axel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, "pagando de manera anticipada el cien por ciento del precio, sin que dicho proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida”.  

"Latas inservibles"

Los fiscales además corroboraron que los hospitales "no reúnen las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por COVID 19” y adicionalmente llegaron con equipo en mal estado. 

Los hospitales modulares debían estar en Honduras a más tardar en julio 2020 y comenzaron a llegar en partes después de septiembre de ese año y hasta la fecha solo dos funcionan atendiendo a pacientes con otras patologías, pero no para auxiliar a enfermos  de COVID-19, porque no son aptos para eso.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un ente auditor de la sociedad civil que elaboró 14 informes sobre la compra de esos hospitales, dijo que en la transacción existe sobrevaloración y que se utilizó a un intermediario innecesario.

"Hoy tenemos la compra de hospitales por casi 48 millones de dólares y ese gran presupuesto está tirado en unas latas inservibles y ponerlos al servicio de la sociedad hondureña será mucho más costoso”, declaró a la DW.

Mientras tanto, los familiares de los dos acusados sostienen que ellos son inocentes y que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz. 

Bertha Weddle Corrales, hermana de Marco Bográn Corrales, aseguró a medios locales que existen pruebas que demuestran que su pariente y Alex Moraes Girón son inocentes. 

"Ellos no se robaron ni un cinco, son personas profesionales y valientes que solo siguieron órdenes basadas en un decreto de emergencia”, apuntó.

Al respecto, algunos de los expertos abordados por DW coinciden en que existen más personas vinculadas a esa compra irregular.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, declaró a DW que no se descarta que en los próximos días se pueda ampliar el requerimiento fiscal (acusación formal) en contra de otras personas que estarían vinculadas al ilícito.

Los hospitales móviles debían servir para descongestionar a los miles de hondureños que a diario llegan en busca de atención por COVID-19, lo que mantiene colapsados los centros asistenciales del país.

Honduras registra a la fecha un total de 196.086 casos confirmados y 4.861 fallecidos.