Tres años después del golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel “Mel” Zelaya, una nueva crisis política parecería hacer tambalear los cimientos de la institucionalidad democrática en la nación centroamericana. Este miércoles (12.12.2012), con el edificio del Congreso resguardado por soldados, 97 de un total de 128 parlamentarios votaron a favor de destituir a cuatro de los cinco miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Éstos fueron acusados de frenar de manera extemporánea la entrada en vigor de una ley para purgar a la policía nacional de agentes ligados al crimen organizado. El actual mandatario hondureño, Porfirio Lobo, criticó severamente a los jueces y denunció una conspiración para propiciar la caída de su Gobierno.

La ley que haría posible la “depuración policial” fue declarada inconstitucional por los magistrados porque sometería a todos los miembros activos de la policía al “detector de mentiras”, a pruebas toxicológicas y a la investigación del origen de sus bienes. A sus ojos, estas prácticas suponen una autoincriminación, violan el derecho a la defensa justa y a la presunción de la inocencia de los oficiales. Como el veredicto no fue unánime (4-1), el caso será revisado en una sesión plenaria de la Corte Suprema en las próximas horas. El argumento dado por los congresistas para remover a los cuatro jueces fue que su fallo había sido emitido fuera del lapso establecido para ello. Según el punto de vista de los juristas en cuestión, se ha profanado el principio de la separación de poderes.

“En Honduras, la reestructuración de la policía es un tópico extremadamente importante. Por un lado, porque la consumación de ese proceso es lo que va a determinar si Porfirio Lobo ha sido un buen presidente o no. Pero, más relevante aún, porque si la violencia ya era un problema enorme para el país, el involucramiento de agentes de la policía, las Fuerzas Armadas y los servicios secretos en el crimen organizado complica la situación aún más. En 2011 tuvieron lugar 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes; eso convierte a Honduras en el país con la tasa anual de muertes violentas más alta del mundo. Y ese escenario no ha cambiado desde 2010”, señala Peter Peetz, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo, adscrito al Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

Enfrentamiento de poderes

“Pero el enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, por una parte, y el judicial, por otra, no surge porque los magistrados hayan declarado la ‘depuración policial’ como un proceso inconstitucional. Los jueces también habían fallado en contra de la intención del Gobierno y del Parlamento –dominados por Lobo y sus partidarios– de darle luz verde a las ‘ciudades modelos’, urbes enteras, regidas por sus propias leyes y protegidas por sus propias fuerzas de seguridad; como Estados independientes dentro del territorio hondureño”, cuenta Peetz. Un impuesto del uno por ciento para las grandes empresas también fue tachado de inconstitucional.

“Eso hace difícil determinar si el Congreso se empeñó en remover a estos cuatro magistrados por oponerse al proceso de ‘depuración policial’ o por oponerse a otras iniciativas. Lobo y sus aliados pueden haber instrumentalizado el asunto para arremeter contra la Corte Suprema, contando con que tendrían el respaldo moral de la población, ansiosa como está de que se le ponga coto a la violencia criminal. Por cierto, la decisión de inhabilitar a los jueces fue aprobada por mayoría calificada, es decir, no solamente por los diputados del Partido Nacional, sino también por congresistas del Partido Liberal. En Honduras existen alianzas e intereses personales que trascienden la rivalidad tradicional entre los grupos políticos hegemónicos”, aclara Peetz.

Mariana Llanos, otra investigadora del GIGA, coincide con Peetz: “Hay que mirar tras bastidores y ver qué intereses están en juego con esta moción. No es la primera vez que una situación como ésta se presenta en el país centroamericano”, comenta la experta, aludiendo al forcejeo político que culminó con el derrocamiento de Zelaya el 28 de junio de 2009. “Aparentemente, la figura del ‘juicio político’ –que, en general, permite la inhabilitación de jueces y otras autoridades por orden del Congreso– no está contemplada en la Carta Magna hondureña. No sé qué recurso implementaron para la destitución de los jueces, pero es probable que lo que han hecho sea de dudosa constitucionalidad”, acota Llanos.

¿Conspiración para derrocar al Gobierno de Lobo?

“Personalmente, yo tomo partido a favor de lo que dice la Carta Magna; sin embargo, puedo entender que en Honduras se estén enfrentando grupos con distintos valores políticos: los unos alegarán que la destitución de los magistrados por parte de los legisladores es inaceptable, y los otros dirán que, en este caso, la medida es legítima y legal”, sostiene la especialista. Los diarios El Heraldo y La prensa, que reprodujeron los llamados hechos por la Corte Suprema y la Iglesia católica para que se respetara la autonomía de los poderes, dicen haber sido acusados de conspiración contra el Gobierno por el propio presidente Lobo. Sin embargo, las condiciones no parecen estar dadas para una ruptura del hilo constitucional en Honduras.

“Es poco probable que derroquen a Lobo porque, al contario de Zelaya, Lobo actúa en defensa de los intereses de la élite económica del país. Dentro de esa élite existen fricciones y rencillas desde hace décadas, de eso no cabe duda; pero, en los últimos treinta años, éstas siempre se han resuelto mediante pactos y compromisos. El Gobierno de Zelaya puso en peligro ese consenso fundamental, mientras que el de Lobo lo protege. Así que no veo sustento para las teorías de conspiración de Lobo”, dice Peetz.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de Porfirio Lobo al denunciar que existe un complot para desestabilizar al país y a su administración? “Desde que Lobo asumió la presidencia de Honduras, él siempre se esmeró en mostrarse ante el mundo como representante de un régimen democrático. Para él es importante que la comunidad internacional lo respalde porque Honduras depende mucho de la ayuda externa para su desarrollo. Y, en este momento, Lobo busca que ésta se ponga de su lado, en el caso de que actores de la élite hondureña quieran truncar sus aspiraciones: aunque él no puede optar a la reelección, lo más probable es que su delfín, Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional, gane los comicios presidenciales de noviembre de 2013 y le permita a Lobo seguir ocupando una posición de poder en el Gobierno”, añade Peetz.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: Cristina Papaleo