Cuando Vanessa Cárdenas cuenta sobre los sucesos en su comunidad de Crawfish Rock, ubicada en la costa norte de la isla Roatán en Honduras, lo hace de manera serena, casi rutinaria. Tiene práctica: lleva defendiendo los derechos de la población desde que en mayo de 2020 se anunciase que en Crawfish Rock se había definido la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del país. Solo cuando describe el momento en el que supo lo que se les venía encima, cambia el timbre de su voz: "Cuando me enteré de que lo que planeaban construir aquí es una ZEDE, sentí como que tenía fiebre”.

La isla Roatán, un destino popular entre turistas por sus aguas cristalinas, playas paradisíacas y espectaculares arrecifes de coral, podría convertirse en un imán para inversionistas. El área definida como ZEDE, de 58 acres (unas 23,5 hectáreas), ahora es una división administrativa vinculada al gobierno central, pero dotada con un propio sistema  administrativo, económico y en parte jurídico, definido por la empresa administradora estadounidense Honduras Próspera LLC. Esta llamada plataforma para el desarrollo "Roatán Próspera” tiene las mismas facultades y poderes que los municipios, pero está gobernada por un Secretario Técnico y sujeta a un régimen fiscal especial, con el fin de crear condiciones favorables para atraer capital extranjero y hondureño, y así fomentar el desarrollo económico. En un comunicado de la empresa a DW, Honduras Próspera LLC afirmó que quiere "proporcionar oportunidades de financiación a los emprendedores hondureños, que de otro modo solo están disponibles fuera del país”, "conectar a los profesionales hondureños con talento con las empresas globales” y generar ingresos de los que el 12% se aportará en forma de impuestos al gobierno hondureño. "Roatán Próspera” es la primera de varias ZEDE que se planea implementar en la isla y en Honduras.

Lo que unos ven como una manera de fomentar el desarrollo y una oportunidad de negocios, para otros significa una peligrosa cesión de soberanía. Tanto el proyecto "Roatán Próspera”, como el concepto de las ZEDE en general, han sido fuertemente criticados por investigadores, defensores de derechos humanos y por las poblaciones afectadas. Expertos alegan que un espacio con una jurisdicción propia, una política fiscal favorable y laxas regulaciones para empresas, podría abrir una puerta al lavado de dinero de la corrupción y el narcotráfico. Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) de Honduras, teme que se pueda formar una especie de Estado paralelo: "Vemos una pérdida de soberanía que lleva a la desprotección de la población frente a vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.” El 16 de marzo la TUM International GmbH, una empresa filial de la Universidad Técnica de Múnich, previamente involucrada en el proyecto "Roatán Próspera”, anunció que se retiraba del proceso debido a indicios de violaciones de derechos humanos.

"Nadie nos informó de que lo que se estaba planeado era una ZEDE"

La líder comunitaria Vanessa Cárdenas denuncia la falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo la implementación del proyecto "Roatán Próspera”. Contó a DW que "siempre se hablaba de un proyecto turístico, que iba a haber posibilidades de empleo, pero nunca se nos contó que lo que se estaba planeado era una ZEDE, una zona con propia jurisdicción”. Sobre todo falta claridad sobre cómo se pudo definir esta zona en la comunidad de Crawfish Rock. Según su población, el territorio pertenece al grupo étnico afro-indígena Garífuna, que conforme con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales debe ser protegido. Pero las autoridades responsables se niegan a reconocer a las comunidades en Roatán como pueblo protegido por el convenio, haciendo así posible el establecimiento de una ZEDE en el territorio sin una consulta previa a la población, afirma Beth Geglia, antropóloga de la Universidad Americana de Washington D.C. Geglia, quien ha investigado las ZEDE en su tesis doctoral, añade que la desprotección no afecta solo a los pueblos indígenas, ya que la ley permite establecer este tipo de zona especial en áreas rurales que tengan baja densidad poblacional sin una consulta previa a las comunidades. 

Máxima flexibilidad regulatoria para las empresas 

Aunque Honduras Próspera LLC aseguró a DW en un comunicado escrito que nunca ha expropiado y que se ha comprometido legalmente a no expropiar, la falta de claridad sobre los títulos de propiedad de las tierras y la falta de transparencia desde el inicio sobre las particularidades del proyecto, aumentan la incertidumbre sobre posibles medidas de expropiación y de despojo en la zona, afirmó a DW la jurista internacional Andrea Nuila Herrmannsdorfer. En su tesis de doctorado de la Universidad de Bremen, en Alemania, Nuila Hermannsdorfer investiga las implicaciones legales de las ZEDE en el futuro del derecho internacional público. Según la abogada, una de las principales cuestiones es "cómo se aplicarán los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Laboral en una jurisdicción no estatal.” La ZEDE "Roatán Próspera” tiene su propio tribunal de arbitraje, que se hará cargo de la mayoría de las disputas. Aplicará el Código de Derecho Común de Próspera, que, según afirma Nuila Hermannsdorfer, "es un compendio de normas de derecho común, que se ha creado importando las leyes más favorables para la protección de la propiedad y de las transacciones financieras de jurisdicciones de diferentes países, incluyendo de leyes y regulaciones del derecho estatal de los Estados Unidos.” Esto entorpece el acceso a la Justicia, dice Nuila Hermannsdorfer: "Una de las grandes interrogantes es cómo un abogado puede representar a las comunidades afectadas navegando entre diferentes jurisdicciones.”

Las Ciudades Modelo, un concepto importado de EE.UU. y Asia 

La polémica de las ZEDE lleva presente en Honduras desde hace más de una década. El gobierno comenzó a colaborar con Paul Romer, el promotor de esta idea, quien entonces era profesor de la Universidad de Nueva York y más tarde fue economista jefe del Banco Mundial. Según su teoría, la deficiencia en las leyes y las instituciones de los países frenan el crecimiento económico, por lo que asume que crear ciudades "privadas” con jurisdicciones propias, favorece el desarrollo. La colaboración entre Honduras y Romer fracasó en 2012, cuando el economista se retiró del proceso por falta de transparencia por parte del gobierno y la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el concepto de las ciudades modelo. Según su dictamen, el concepto de las ZEDE violaba preceptos constitucionales relacionados con la soberanía, el territorio y la forma de gobierno. Una reestructuración personal de la Corte Suprema y una reforma Constitucional, lideradas por el entonces presidente del Congreso y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, permitieron aprobar en 2013 la Ley Orgánica de las ZEDE. 

Las ZEDE toman como referente las zonas económicas especiales de China y Corea del Sur. También en Ecuador existe un modelo parecido, aunque en ninguno de estos casos las zonas quedan tan desvinculadas del Estado como en Honduras. Los defensores de la idea de las ZEDE alegan que también las comunidades aledañas se benefician del auge económico, ya que al atraer capital a la región se crean nuevos empleos. Sin embargo, los economistas dudan de este efecto y temen que se cree una burbuja que favorece sobre todo a las clases privilegiadas. Vanessa Cárdenas confirma esta sospecha. Cuenta que en las conversaciones previas al establecimiento de la ZEDE, prometieron dar empleo a la comunidad, "pero cuando empezaron la construcción en "Roatán Próspera”, nos dijeron que no somos aptos para los oficios que necesitan”. La lideresa piensa continuar movilizando a la comunidad y exigiendo transparencia respecto a los planes de expansión de las ZEDE en Roatán.