Honduras: "Solo tenemos un país, y hay que rescatarlo"
Martin Reischke
5 de abril de 2019
Los hermanos Martín y Víctor Fernández recibieron esta semana el premio de solidaridad de la ciudad de Bremen por su lucha por los derechos humanos en Honduras.
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En muchos países del mundo, la democracia está bajo fuego y los espacios para actores de la sociedad civil se están cerrando cada vez más. "Ya hay más de 70 países que han introducido nuevas leyes para restringir las actividades de la sociedad civil", dice Michael Windfuhr del Instituto Alemán para los Derechos Humanos (Deutsches Institut für Menschenrechte). "Shrinking spaces", expresión con que se conoce este fenómeno, fue el tópico central del actual premio de solidaridad de la ciudad de Bremen, otorgado a defensores de derechos humanos a nivel global desde hace más de 20 años.
Honduras es uno de los ejemplos más drásticos de este fenómeno. Después del golpe de Estado en 2009, el país centroamericano se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos. Tan solo en los últimos nueve años, más de 120 ambientalistas han sido asesinados, según un estudio de la organización no gubernamental Global Witness.
Martín y Víctor Fernández, los premiados de este año, conocen la situación muy de cerca. A los dos hermanos se les otorgó el premio de solidaridad por su labor como defensores de los derechos humanos. Son cofundadores del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), que lucha contra la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y comunes en Honduras. Actualmente, la organización apoya la lucha de pobladores de la aldea Guapinol, en el norte del país, que temen que un proyecto minero pueda causar grandes daños al medioambiente y contaminar el agua en los alrededores.
El gobierno de Honduras "se sostiene sobre dos bases fundamentales: la profunda militarización y el apoyo de la comunidad internacional", afirma Víctor Fernández. "Así que tiene mucha importancia que Bremen como uno de los Estados de Alemania haga este reconocimiento como contraste a esta normalizada relación que existe entre Alemania y Honduras".
Organizaciones de la sociedad civil han criticado al Estado de Honduras por violar los derechos humanos de sus ciudadanos, por ejemplo en las protestas después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. En marzo del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un informe sobre las protestas. El informe contabilizó la muerte de un policía y de 22 civiles, de los que al menos 16 fallecieron por disparos de las fuerzas de seguridad.
"El ambiente en el tema de derechos humanos es de una emergencia permanente que se vive en la sociedad", dice Víctor Fernández. "Si el Estado hondureño no tiene una voz externa que le señale y le pida cuentas sobre este asunto, entonces se profundiza más la situación de violaciones, y estamos expuestos todos los que tenemos una postura disidente frente al Gobierno."
El premio de solidaridad puede ayudar a darles más visibilidad a los hermanos Fernández y al MADJ, aunque no es ninguna garantía de seguridad, como demostró el caso de Berta Cáceres. La ambientalista del pueblo lenca, aunque fuera condecorada con el premio Goldman y beneficiaria de medidas cautelares, fue asesinada en marzo de 2016. Los hermanos conocen muy bien el caso, ya que Víctor Fernández es uno de los abogados de la familia de Cáceres. Sin embargo, abandonar el país no es una opción para ellos. "Vamos a seguir corriendo riesgos, porque solo tenemos un país, y hay que rescatarlo", dice Martín Fernández. Los 10.000 Euros que conlleva el premio los quieren invertir en la construcción de una nueva radio comunitaria en el norte del país.
(er)
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Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
Imagen: picture-alliance/dpa
La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.