Honduras se convirtirá, si el Parlamento Europeo lo ratifica, en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo voluntario de asociación con la Unión Europea para el manejo sustentable de sus bosques y la extracción de madera de manera legal. 

Aunque Honduras solo exporta a la UE un 10% de su volumen total de productos madereros, hay mucho interés en que Tegucigalpa se integre al grupo de los países que asumen el marco FLEGT (Forest Law Enforcement and Trade). Con este instrumento europeo se parte de un marco legal acordado entre gobierno, empresas y –lo más novedoso- las comunidades que habitan esos bosques.

La mitad de la superficie del país centroamericano está cubierto de bosques y aún tiene una gran cantidad de especies sin nombrar. Desde el 2015 se ha perdido un 12,5% de bosque por plagas, incendios forestales, el cambio de uso del suelo y la tala ilegal, también en zonas protegidas. Organizaciones medioambientalistas y de derechos humanos afirman que, directa o indirectamente, el país que empuja a sus poblaciones a abandonar sus territorios. Las caravanas de migrantes caminando rumbo al norte son el ejemplo más doloroso.

¿Al fondo del problema?

"No podemos impedir que los hondureños se marchen, pero sí podemos cooperar, en la medida de nuestras capacidades, a reducir las causas que los empujan a hacerlo”, dijo a DW Josep Borrell, en rueda de prensa.

"El acuerdo que estamos a punto de concluir es una manera de tratar de influir en el desarrollo de ese pais. Lo que queremos es ser socios en la línea de desarrollo futuro, económico e institucional”, apuntó el Alto Representante de la Política Exterior Europea. Es evidente que a las instituciones europeas les queda muy clara la debilidad institucional del país centroamericano.

"Estamos a favor de ratificar este acuerdo porque va a ser un instrumento de presión para que, a la vez que gestiona mejor sus bosques, tome en serio la situación de los indígenas y los defensores del medio ambiente”, decía esta semana Heidi Hautala, vicepresidenta del Parlamento, de la bancada de Los Verdes.

"Que Honduras entre al sistema FLEGT es muy importante, porque pondría un freno a la tala de áreas protegidas, con complicidad del gobierno, que obliga a las poblaciones a emigrar”, apuntaba por su parte Emmanuel Maurel, eurodiputado francés, miembro de la comisión de Desarrollo.

El acuerdo, conocido por la siglas VAP (Voluntary Partnership Agreement), tiene un gran potencial coinciden los diputados, pero mucho dependerá de su implementación.

¿Qué es la tala legal?

"Este acuerdo será un instrumento bueno, porque la 'legalidad' la van a definir en conjunto el gobierno, la empresa y las comunidades indígenas. No se trata de un sello o una certificación, sino que el sello FLEGT se le da a toda la madera que salga del país”, explica a DW Marie-Ange Kalenga, socióloga especialista en gobernanza forestal de la organización FERN, que se dedica a la protección de los bosques y sus habitantes. Aunque no existe una definición internacional de lo que es la "tala legal”, los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas marcan el derrotero.

Al parecer, la experiencia con otros países de la "familia FLEGT” permite avizorar mejoras en el país centroamericano, uno de los más peligrosos para los protectores del medio ambiente.

"Después de la firma, gobierno, ciudadanos, empresarios y grupos indígenas tendrán que definir lo que constituye tala legal en el país. Su propuesta se presenta a la UE. Juntos se desarrolla una hoja de ruta para crear el marco legal. Una vez constituido, el sello FLEGT avala toda la exportación maderera del país”, detalla Kalenga.

Experiencias esperanzadoras con FLEGT

Vietnam, Indonesia, Ghana, República Centroafricana y Guyana tienen ya un VPA con la UE. "Estamos ante un instrumento complejo y ambicioso, que requiere tiempo pues hay que hacer las reformas necesarias para el sector maderero”, agrege Kalenga, previendo que a Honduras, con su debilidad institucional, le tomará bastante tiempo adecuarse. El acuerdo podría estar ratificado para finales del 2021. Y eso marcaría el comienzo del trabajo.

Una vez lograda la hoja de ruta, en la implementación cabal estará la clave del éxito. "Por eso el parlamento está consultando con organizaciones, con comunidades y pueblos indígenas para que estén presentes en la mesa de negociaciones”, sigue Kalenga, que tiene dos decenios de experiencia en este campo.

"Antes de ratificarlo, es muy importante que el Parlamento exija salvaguardas y condicionalidades para que el VPA no le de a Honduras la licencia para seguir como siempre”, concluye.