Honduras: una condena que no cierra el caso de Berta Cáceres
30 de noviembre de 2018
Siete acusados por el asesinato de Berta Cáceres fueron declarados culpables. Un fallo de gran valor simbólico en un país en que campea la impunidad. Pero faltan investigaciones sobre los autores intelectuales.
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Siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres fueron hallados culpables por un tribunal de Tegucigalpa. El crimen, según los jueces, fue perpetrado por encargo de directivos de la empresa constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el Noroeste del país. Las penas que habrán de cumplir estos siete sentenciados serán dadas a conocer en enero.
Pero el veredicto por lo menos da pie a que se lleven a cabo más investigaciones. Ese es el objetivo declarado del equipo del abogado Víctor Fernández, que representa los intereses de la familia Cáceres. "Para nosotros, este proceso es solo el punto de partida de por lo menos otros cuatro procesos para sancionar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Estos tienen estrechas relaciones con los militares y con el gobierno”, dice el abogado. Fernández es coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que ha ganado prestigio en Honduras por la defensa de los derechos de minorías indígenas y procesos por causas ambientales.
En lo medular, esos dos puntos también son centrales en este juicio por el asesinato de la ambientalista y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Berta Cáceres coorganizó las protestas pacíficas contra el proyecto de la represa y puso de manifiesto, a nivel internacional, que la concesión del proyecto fue realizada de manera ilegal, porque la población de la zona, mayoritariamente perteneciente a la etnia indígena lenca, no fue consultada como lo dispone la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo. Un claro atropello a la ley. Berta Cáceres llamó la atención internacional sobre esto y sobre el asesinato de varios ambientalistas. Por ello fue distinguida en 2015 con el reputado Premio Goldmann, un reconocimiento al compromiso de la sociedad civil con el medio ambiente, y fue recibida por el Papa Francisco, en Roma.
Pese a toda esa atención internacional, Berta Cáceres, de 42 años, fue asesinada en su casa, en La Esperanza, el 2 de marzo de 2016. "¿Cómo fue posible el asesinato, que pocas horas después el ministro Julián Pacheco calificó de delito común, y por qué Berta Cáceres no fue protegida por las autoridades? Es una interrogante que queremos esclarecer”, subraya Fernández.
Los abogados, que investigaron con el respaldo de expertos internacionales, realizaron un buen trabajo. Los jueces señalaron que dos ejecutivos de la empresa constructora Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) planearon el asesinato con un exmilitar, el antiguo jefe de seguridad de la firma.
En consecuencia, el veredicto debe dar pie a nuevas investigaciones, para esclarecer el trasfondo de este crimen. Ese es el objetivo de los abogados y de la familia Cáceres. Durante el juicio, que se inició el 17 de septiembre, hicieron notar reiteradamente que no se les dio acceso a las evidencias. Indicaron que numerosos teléfonos móviles y varias tabletas no fueron examinados y las armas de otro militar que había trabajado para Desa no fueron sometidas a peritajes balísticos.
Tales irregularidades fueron criticadas también a nivel internacional, al igual que la exclusión de los familiares del proceso.
Además, se intentó negarle acceso al tribunal a Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. A su juicio, la atención internacional es inmensamente importante par dar con los autores intelectuales del asesinato de su madre. "Cartas como la de 30 europarlamentarios que a mediados de noviembre exhortaron al presidente Orlando Hernández a garantizar un juicio justo, tienen un efecto. Velan porque el asesinato de mi madre no quede en la impunidad como tantos crímenes”, afirma.
El abogado Fernández comparte esa apreciación. No quiere darse por satisfecho con un veredicto parcial contra los autores intelectuales y ha emprendido otras acciones legales. La familia Cáceres también estudia la posibilidad de proceder contra los bancos de desarrollo de Finlandia y Holanda, que financian el proyecto de la represa.
Knut Henkel (ER/CP)
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La diversidad de los pueblos indígenas en América Latina
Según datos de UNICEF, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas. México, Bolivia, Guatemala Perú y Colombia aglutinan el 87% de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Imagen: Christopher Pillitz
Amazonia, fuente de diversidad
Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina de UNICEF, la Amazonia es la región con mayor diversidad de pueblos indígenas (316 grupos), seguida por Mesoamérica, la cuenca del Orinoco, los Andes y la región del Chaco. Brasil (foto) es el país con más diversidad de pueblos indígenas con un total de 241. Colombia es el segundo con (83), seguido por México (67) y Perú (43).
Imagen: DW/T. Fischermann
Diversidad de pueblos y lenguas
Cinco pueblos agrupan varios millones de personas: Quechua (foto), Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che; y seis aglutinan entre medio y un millón de habitantes: Mapuche, Maya q'eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Cerca de una quinta parte de los pueblos indígenas perdió su idioma nativo en las últimas décadas. De 313 idiomas indígenas, el 76% es hablado por menos de 10.000 personas.
Imagen: picture-alliance/Robert Hardin
Cada vez más urbanos
Aunque más del 60% de la población indígena de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá todavía vive en zonas rurales, más del 40% de la de El Salvador, México y Perú reside en áreas urbanas. En Chile (foto) y Venezuela, la población que vive en ciudades supera el 60% del total. Éstos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que los de zonas rurales.
Imagen: Rosario Carmona
Conviviendo con la pobreza
Según un informe del Banco Mundial, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas, más del doble de la proporción de no indígenas. El 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más que la proporción de hogares no indígenas. En 2011, en Guatemala, tres de cada cuatro habitantes de zonas con pobreza crónica pertenecían a un hogar indígena.
Imagen: picture-alliance/Demotix
Educación superior: un privilegio para muy pocos
El reporte del Banco Mundial 'Latinoamérica indígena en el siglo XXI' apunta que la finalización de estudios primarios entre indígenas urbanos es 1,6
veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, mientras que los que terminan la educación secundaria es 3,6 veces mayor y los que cursan estudios superiores es 7,7 veces mayor. El acceso a la universidad es un privilegio para muy pocos.
Imagen: Uskam Camey
Brecha digital: exclusión social
A pesar de la aparente familiaridad de este miembro de la tribu Kayapó (Brasil) con la tecnología, los miembros de pueblos indígenas no se han beneficiado de su masificación. Estos tienen cuatro veces menos acceso a internet que los no indígenas en Bolivia y seis veces menos acceso en Ecuador. Asimismo, los indígenas tienen la mitad de acceso a un computador que los no indígenas en Bolivia.
Imagen: AP
Implicados en la vida política
Los pueblos indígenas participan activamente en la vida política de sus comunidades, ya sea a través de parlamentos locales o nacionales, en los municipios o a nivel estatal. Sus líderes están involucrados en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Así, existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador, pero también en Venezuela, Colombia y Nicaragua.
Imagen: Reuters/J. L. Plata
Empoderamiento ciudadano
Con una población de más de 800.000 habitantes, principalmente de origen aymara (foto), El Alto (Bolivia), comenzó a organizarse en juntas vecinales. A través de éstas, exigieron tener acceso a sus propios recursos financieros y ejercer control sobre ellos. Las Juntas se crearon con el objetivo de que éstas planificaran, financiaran y construyeran infraestructura básica y proporcionaran servicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/BOLIVIAN INFORMATION AGENCY
Protección vulnerada
Cerca del 45% de cuenca del Amazonas está protegida en el marco de diversas formas legales. A pesar de que 15 de los 22 países de la región han ratificado el Convenio Nr. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menudo se vulnera el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que pretende garantizar su participación en cambios que pueden afectar su estilo de vida.
Imagen: Survival International
Indígenas en el punto de mira
Los representantes de pueblos indígenas son víctimas de criminalización y hostigamiento y suelen sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte al posicionarse en contra de la instalación de grandes infraestructuras en su territorio. En la fotografía, miembros de las comunidades indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit (México).
Imagen: AIDA/C. Thompson
Minería: fuente de conflictos
La minería también es una amenaza para los pueblos indígenas y provoca migraciones y conflictos. Se calcula que una quinta parte de la cuenca amazónica tiene potencial minero: 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 20% de los cuales están en tierras indígenas. La extracción ilegal de oro también se ha propagado en la región, provocando deforestación, contaminación de los ríos y violencia.
Imagen: Jorge Mario Ramírez López
Defendiendo el territorio
Los Munduruku (foto), que cuentan con una población de entre 12.000 y 15.000 personas que viven en la orilla del río Tapajós, en los estados de Pará, Amazonas y Mato Grosso (Brasil), sufren el peligro de ambas actividades. Durante tres siglos, han tratado de demarcar oficialmente su territorio, una área de 178.000 hectáreas amenazado por actividades de extracción y proyectos hidroeléctricos.
Imagen: DW/N. Pontes
Socios clave en la lucha contra el cambio climático
El reconocimiento y la protección de los territorios indígenas es una estrategia eficaz para prevenir la deforestación y combatir el cambio climático. Entre 2000 y 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña fue de 0,6% dentro de los territorios indígenas protegidos legalmente, mientras que fuera llegó al 7%, lo que produjo 27 veces más emisiones de dióxido de carbono.
Imagen: Ádon Bicalho/IPAM
Los grandes desconocidos
Algunas comunidades indígenas siguen negándose a tener contacto con el mundo exterior y viven en áreas aisladas, usando lanzas y dardos envenenados para cazar monos y aves. Es el caso de los Waorani (foto) que viven en la selva amazónica, en Ecuador. En las últimas décadas, muchos de ellos han pasado de vivir como cazadores a asentarse en el Parque Nacional Yasuní.
Imagen: AP
Contacto mortal
Lamentablemente algunos de los que han sido contactados han sufrido las consecuencias. Los indígenas matsés o “mayorunas” que viven en la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, conocidos como “el pueblo del jaguar" (foto) fueron contactados por primera vez en 1969. A raíz de este encuentro muchos murieron por enfermedades como tuberculosis y hepatitis.