En medio de la criminalidad, la violencia y el narcotráfico, que no dan tregua, golpeado por dos huracanes, sufriendo los embates de la pandemia y con la reanudación de las caravanas de migrantes, Honduras comienza el año con una agravada crisis humanitaria e institucional, que empaña los festejos por el bicentenario de la independencia.

Es también año de elecciones, y el presidente Juan Orlando Hernández enfrenta serios cuestionamientos, que se suman a las acusaciones de fraude e inconstitucionalidad de su segundo mandato. El mandatario, quien ha anunciado que no volverá a postularse al cargo, es el foco de nuevas acusaciones de corrupción que debilitan aún más su liderazgo.

Fiscales federales de Estados Unidos han revelado vínculos directos del mandatario hondureño con un presunto narcotraficante, a quien habría dado protección, incluso del Ejército, para sus actividades delictivas, a cambio de grandes sumas de dinero.

Estos antecedentes vienen a profundizar la ya prolongada crisis política que vive el país centroamericano. "No es un hecho nuevo en el marco de la institucionalidad en Honduras y de los entes de investigación del Estado. Desde 2011 ya hay informes que identifican diferentes carteles y especialmente la erosión de las Fuerzas Armadas y del sistema policial”, dice a DW el hondureño Dennis Muñoz, activista y defensor de derechos humanos. En 2016 debió salir de su país debido a presiones y amenazas por su trabajo de lucha e investigación sobre el crimen organizado, y hoy vive en Alemania.

Los documentos presentados por los fiscales del distrito sur de Nueva York "vienen a certificar y darle validez a investigaciones hechas desde instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Por desgracia, demuestran que las élites política y empresarial en Honduras estuvieron y siguen estando muy vinculadas al narcotráfico y a sus actividades derivadas, como el lavado de activos”, agrega Muñoz.

Andrea Lammers, de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, de Múnich, apunta a las inquietudes de las organizaciones sociales y de defensores. "La gran preocupación en este año electoral es que podrían agudizarse los conflictos causados por el despojo de los territorios, como lo hemos visto. También la militarización, que Hernández ha fortalecido mucho, y es uno de los sustentos de su poder, va a ser un factor importante”, dice en diálogo con DW.

"Las comunidades campesinas e indígenas, aterrorizadas con asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas, van a seguir luchando por sus legítimos derechos, y temo que en este año electoral vayan a seguir pagando un precio muy alto por los proyectos extractivos. La gente sale del país con las grandes caravanas, vota con los pies, y no en las elecciones. Este vaciamiento de las comunidades fomenta que en la disputa por los territorios ganen los grandes intereses de capitales extranjeros, en colusión con la oligarquía hondureña y la narcodictatura”, sostiene la experta.

¿Tambalea la continuidad de Hernández?

Aunque los antecedentes presentados por la fiscalía estadounidense son un fuerte golpe para el presidente y el Partido Nacional, y ya un grupo de diputados ha pedido que Hernández enfrente un juicio político, Muñoz considera que el hecho podría no tener mayores consecuencias, más allá del efecto mediático y un probable reacomodo en las fuerzas al interior del Partido Nacional.

"El crimen organizado en Honduras, especialmente liderado por el cártel alrededor del presidente Hernández, ha logrado cooptar la institucionalidad del Estado, y este tipo de acusaciones van a ser casi invisibilizadas en el sistema judicial”, estima. De cara a las elecciones, en tanto, los antecedentes profundizan la ilegitimidad del mandatario, especialmente frente a posibles escenarios de diálogo político, agrega Muñoz.

Ahora que Donald Trump -reconocido aliado y promotor de la militarización en Honduras-, deja la presidencia, la postura que adopte Joe Biden podría ser clave para la estabilidad de Hernández. Sin embargo, esto no implica necesariamente soluciones a la crisis del país centroamericano.

"La crisis es parte de un proceso más largo. Desastres como los huracanes y el COVID-19 lo aumentan, pero las estructuras y la institucionalidad ya estaban debilitadas de antemano. Tiene que ver con la estrategia de abrir a Honduras para los grandes capitales, en complicidad con los grupos poderosos del país, tanto legales como ilegales”, dice Lammers.

En su opinión, "Hernández podría incluso ser sacrificado y entregado para ser extraditado, pero más allá del impacto mediático, eso no va a cambiar el proceso interno del país, de destrucción de la institucionalidad e independencia de las instituciones”.

Ante el escenario de precariedad y corrupción, los expertos apuntan a la necesidad de cambios estructurales, que renueven la institucionalidad. ¿Podría ser Biden un aliado en este proceso? "Depende de cómo se reestructuren las relaciones de poder en los dos países. Pero los intereses de Estados Unidos, así como la importancia del Comando Sur y sus bases militares en Honduras no van a cambiar sustancialmente”, observa Lammers.

"Aunque hay esperanzas, con algunas voces del partido demócrata que hablan de mantenerse firmes en la lucha contra la corrupción y contra la inversión que fortalece la política de militarización”, el activista Dennis Muñoz es escéptico de que Estados Unidos cambie su política de intereses financieros y militares. "Más allá del buen discurso, necesitamos un nuevo diálogo social, ayuda hacia la inversión social y mejorar las condiciones de la política de comercio entre los dos países. Esto generaría oportunidades y permitiría frenar el desplazamiento de personas que buscan empleo”. (cp).