En un seminario en la Eurocámara, varios grupos políticos escucharon a la sociedad civil hondureña para buscar cómo usar mejor los instrumentos que unen a la UE con ese socio centroamericano para que aporten, de verdad, a mejorar la vida de los hondureños.

Los datos pintan un panorama sombrío: solo en 2019 emigró, según datos de la ONU, el 8,35% de la población (800.707 personas). En la última década han sido asesinados 150 defensores del medio ambientales lo cual convierte al país centroamericano en el más peligroso del mundo para los que defienden tierra y territorio. En la pandemia del COVID-19 se ha registrado una masacre por semana. La impunidad roza el 90%.

A las instituciones de la UE la situación no les es ajena: hace pocas semanas fue asesinado uno de los miembros de la comunidad de Guapinol, finalista para el premio Sájarov junto con Berta Cáceres, activista asesinada en 2016.

Conscientes de la situación y un nuevo acuerdo

"Los conflictos territoriales son la mayor fuente de violaciones a los derechos humanos en Honduras. El país se enfrenta a grandes desafíos de gobernanza como la corrupción, la violencia, la impunidad e instituciones públicas muy débiles”, se afirma en el informe del Comité de Desarrollo de la Eurocámara, avalando un nuevo acuerdo para cooperar con el país en la regulación y administración de sus zonas boscosas.

Éstas cubren el 50% de la superficie del país, aunque un 12,5% se ha perdido desde el 2015 por enfermedades, incendios forestales, cambios en el uso de la tierra y tala ilegal. ¿Que la UE apoye a Honduras en la administración de sus zonas boscosas ayudaría, de verdad, a la población?

Según dijo a DW Miriam Miranda, directora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), un acuerdo más va a ayudar poco, "mientras la UE no revise su política comercial y la ligue al cumplimiento de estándares mínimos y a la rendición de cuentas”.

La activista, perteneciente a los garífuna hondureños, pone como ejemplo los fondos que Bruselas ha destinado a mejorar el sistema de justicia en Honduras. "Se lleva y se presentan los registros de las denuncias en las diferentes instancias, sí. ¿Pero se evalúa cuántas de esas denuncias fueron investigadas?”, cuestiona Miranda, advirtiendo de tratos que permitan mayores inversiones.

"El plan del gobierno es vaciar el país de su población. Los territorios se venden a los inversionistas como si estuviesen vacíos de gente. A la clase política le interesa que la gente salga de los territorios para entregarlos”, afirma. Las caravanas de cinco y diez mil personas con destino al norte se originan en la desesperación: "Aquí el 70% de la gente vive del rebusque diario, no hay trabajo. El Eta y el Iota nos han dejado en una crisis sin igual. Aparte de que en toda la costa se ha suplantado la producción de granos para la alimentación básica por plantaciones de palma aceitera”, subraya Miranda, a quien la Fundación Friedrich Ebert premió en Berlín por su defensa de los derechos humanos en 2019.

Cabe recordar que Honduras integra el Acuerdo de Asociación con la UE que está en vigor desde hace seis años. En ese marco, el 32% de la exportación de los seis socios centroamericanos se origina en Honduras. También la cooperación técnica y la ayuda humanitaria europeas están presentes en el país.

Pero "el paisaje es desolador”, comentó Sira Rego, eurodiputada española, integrante de la delegación para las relaciones con América Central. Rego, de la Izquierda Verde Nórdica (GUE), Tilly Metz, presidenta de la delegación y miembro de la bancada ecologista (Verdes/ALE) y Javi López, eurodiputado socialdemócrata y presidente de la Asamblea EuroLat, y la Red EU-LAT auspiciaron el diálogo con los hondureños. 

Hora de enviar señales claras

La esperanza está puesta en un nuevo instrumento de la UE que permitirá, a partir de esta semana, sancionar a personas y entidades estatales y no estatales por violaciones a los derechos humanos. Congelamiento de activos en territorio europeo es una de las posibles sanciones. ¿Pero en qué se probaría que el gobierno hondureño viola los derechos humanos?

"El gobierno quiere borrar a comunidades enteras. ¿Cómo explicar, si no, que a pesar de los miles de desesperados que salen a pie, el gobierno no haya declarado una emergencia nacional? Bruselas debe enviar una señal clara. De lo contrario, mientras siga financiando a quienes saquean las arcas públicas y no tienen voluntad de atacar los problemas estructurales, los migrantes de Honduras les va a seguir llegando”, concluye Miranda, sin demasiada fe en las bondades de un nuevo acuerdo para evitar la tala ilegal.