El Gobierno hongkonés presentó este viernes (08.03.2024) al Consejo Legislativo un proyecto de ley de seguridad nacional que propone penas de hasta cadena perpetua para delitos como la traición, el sabotaje o la insurrección, lo que ha agravado la preocupación por la erosión de las libertades del territorio.

El inicio formal del proceso legislativo se marcó con la publicación del extenso documento de más de doscientas páginas a primera hora de la mañana y, en consonancia, se convocó una sesión urgente del Parlamento de la ciudad con el propósito de examinar minuciosamente el contenido del proyecto y debatir sus disposiciones.

El artículo 23 de la Ley Fundamental exige que la ciudad promulgue sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno central o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones políticas extranjeras lleven a cabo actividades en la ciudad y vetar a grupos políticos locales que establezcan vínculos con sus homólogos extranjeros.

Las autoridades hongkonesas han subrayado la urgencia de promulgar un Decreto de Seguridad Nacional en cumplimiento de su obligación constitucional, para lo que se requiere implementar una normativa local que cubra las lagunas de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 después de que la ciudad registrase multitudinarias protestas antigubernamentales en 2019.

En el nuevo proyecto de ley figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las Fuerzas Armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

Aunque la mayoría de los delitos que figuran en la propuesta se han inspirado en enmiendas de leyes ya existentes, la nueva norma incluye además una serie de modificaciones para hacer frente a actos relacionados con "graves disturbios civiles dentro de China" y "modalidades modernas de espionaje".

La propuesta genera preocupación

Asimismo, las autoridades han propuesto elevar la pena máxima por sedición a siete años de cárcel, frente a los dos años actuales, mientras que los delincuentes que hayan actuado en connivencia con una "fuerza externa" pueden enfrentarse a un máximo de 10 años entre rejas.

Conforme a esta iniciativa legal, la "intención sediciosa" se define como la incitación al odio contra el "sistema fundamental del Estado" establecido por la Constitución china.

La aplicación de la ley de sedición, uno de los legados de Hong Kong del gobierno colonial británico, quedó en desuso durante más de medio siglo hasta su reactivación tras las protestas y disturbios por el proyecto de ley de extradición de 2019 y la ley de seguridad impuesta por China.

Hong Kong inició el proceso de promulgación de la legislación doméstica el 30 de enero de 2024, cuando el jefe del Ejecutivo, John Lee, abrió un periodo de consulta pública de cuatro semanas que generó más de 13.000 propuestas, cerca del 98 % de las cuales expresaban su apoyo, según el Gobierno.

En el ámbito territorial, el artículo 23 ha sido recibido con poca oposición, aunque la organización prodemocrática la Liga de Socialdemócratas ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo que pueda tener en las garantías de libertades en la ciudad.

Según estimaciones, la última vez que se intentó aplicar el artículo 23 en Hong Kong en 2003, alrededor de medio millón de personas salieron a las calles en oposición a esta iniciativa y en defensa de los valores democráticos.

La propuesta ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que han expresado su temor de que la nueva norma, sumada a la ley de seguridad nacional promulgada en Pekín, recorte aún más los derechos y libertades.

mg (efe, dpa)