Los casi 2,7 millones de funcionarios españoles están llamados este martes a la huelga para protestar por el recorte de sus salarios aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como parte del drástico plan de ajuste con el que pretende reducir el déficit público de España.

El paro supone una prueba tanto para el Ejecutivo socialista, que vive sus momentos más bajos desde la llegada de la crisis económica a España, como para los sindicatos, que amenazan con convocar en breve una huelga general si el gobierno aprueba por decreto la reforma del mercado laboral.

El seguimiento de la huelga será un termómetro sobre la capacidad de movilización de las dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), de cara a la convocatoria de la posible huelga general.

Desde este mes de junio, el Ejecutivo socialista aplica ya la bajada de los salarios, de un 5 por ciento de media, a los empleados públicos. Los que más ganan, situados en el grupo más alto, ven reducidos sus ingresos en un máximo del 7 por ciento, mientras que los situados en el grupo más bajos y con menor salario ganan mensualmente hasta un 0,56 por ciento menos. El año que viene, el sueldo de todos quedará congelado. (dpa)