La presión a la que estaba sometido el Gobierno del primer ministro Viktor Orban era grande: manifestaciones y protestas de la oposición en Hungría, críticas desde el extranjero y, finalmente, incluso una llamada personal del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Pero nada de eso funcionó. El Parlamento húngaro aprobó la enmienda a la Constitución por una mayoría de dos tercios. Anteriormente, representantes de la cúpula del partido gobernante, “Unión de Jóvenes Demócratas” (Fidesz), anunciaron que no dejarían que otros países se inmiscuyeran en el tema.

Se trata de la cuarta y, al mismo tiempo la mayor reforma constitucional en el plazo de un año, aprobada por el Parlamento de Hungría. La reforma es considerada, tanto por la oposición democrática húngara como por expertos en derecho constitucional, un ataque frontal a los principios democráticos y a los derechos civiles. Nada menos que el expresidentes húngaro László Sólyom, un jurista liberal-conservador que presidía el Tribunal Constitucional, dice que se trata del “fin de la división de poderes” en Hungría.

Orban amplía su espectro de influencia

Con la nueva reforma constitucional, el Tribunal Constitucional húngaro pierde diversas atribuciones. Entre otras cosas, en el futuro solo podrá verificar formalmente las reformas constitucionales, y no su contenido. Otra de las disposiciones determina que la presidenta del Consejo Nacional de Justicia (OBH), una funcionaria leal a Viktor Orban, puede asignar procesos a determinados tribunales, algo que fue duramente criticado por la Comisión Europea. Además, a ella también le compete definir el concepto de familia solo como el que deriva del matrimonio y de la relación entre padres e hijos. Lo que queda claro es que al Tribunal Constitucional húngaro le resultará en el futuro mucho más difícil controlar a quienes detentan el poder en ese país.

Asimismo, al dictar sus veredictos, los jueces constitucionales ya no tienen derecho a apoyarse en las resoluciones dictaminadas por ellos mismos antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución, en enero de 2012.

El hecho de que muchas de las regulaciones anteriormente declaradas anticonstitucionales se inscriban ahora, a posteriori, en la Carta Magna, representa otro factor que mina el poder del tribunal. Entre esas normas figura la ley que prohíbe a personas indigentes permanecer en espacios públicos y la que no permite la publicidad política en canales privados de comunicación, además de aquella que determina a quién se le permite definirse como comunidad religiosa y obtener, por ende, ayuda económica del Estado.

También la libertad de opinión está en peligro en Hungría si algo “hiriera la dignidad de la nación húngara” –un concepto difícil de definir. Se podría también obligar a los estudiantes a permanecer en Hungría luego de finalizadas sus carreras, a fin de trabajar allí. De otro modo, deberían pagar aranceles universitarios.

¿El comienzo de un sistema autoritario?

El experto en Derecho Constitucional György Kolláth, de Budapest, califica la reforma constitucional de “batalla jurídica por venganza”, y dice que es resultado de las “actitudes bolcheviques” de Orban y su partido Fidesz. En realidad, el Tribunal Constitucional húngaro era la última institución democrática sólida que, de vez en cuando, se oponía a Orban siempre que éste intentara transgredir el Estado de derecho. Ya a comienzos de 2010, cuando Viktor Orban ganó las elecciones, comenzó el proceso de disciplinar a los jueces y quitarles su poder. El primer paso fue privarlos de dictaminar en juicios en los que estaban en juego las finanzas del Estado.

Las protestas de los opositores a Orbán llega ahora a un nuevo punto álgido: la agrupación extraparlamentaria “Juntos 2014” habla de un “atropello al orden constitucional”. Andras Schiffer, jefe del partido ecológico “La política se puede hacer de otra forma” (LMP), ve en la reforma constitucional, lisa y llanamente, el “comienzo de un sistema autoritario”.

También el jurista constitucional Gabor Halmai eleva graves acusaciones: “El Imperio contraataca”, dice, y subraya que “el objetivo de esta reforma de la Constitución es eliminar al obstáculo más importante para que el Gobierno ejerza el poder de manera ilimitada, y acabar con el sometimiento de las decisiones políticas cotidianas al derecho constitucional. Con esta nueva Constitución, el éxito del proceso está casi asegurado: el Tribunal Constitucional húngaro ya no posee ningún tipo de atribuciones que le permitan evitar el desmantelamiento del estado de derecho y del orden democrático en Hungría a través de leyes inconstitucionales”.

Autor: Keno Verseck/ Cristina Papaleo

Editor: Pablo Kummetz