El gobierno argentino ha reabierto el debate sobre la edad a partir de la cual los jóvenes pueden ser imputados por la justicia penal. Pretende bajarla de los 16 a los 15 años. Para ello, enviará al Congreso un proyecto de ley en este año de elecciones presidenciales. Los detractores del proyecto critican que se pretenda solucionar un problema social con el código penal.