“Después de las masacres de Río Negro -donde a comienzos de los ochenta murieron más de 400 personas- desalojadas por la Hidroeléctrica de Chixoy, nadie se va tragar el cuento de que traen proyectos de desarrollo. Hasta el día de hoy a las comunidades no les han devuelto las tierras, no tienen luz eléctrica. Y la pobreza y la desnutrición son extremas”, cuenta Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina de Guatemala (CUC).

De gira por varios países europeos, el líder guatemalteco, reunión tras reunión, intenta hacer llegar a la conciencia europea lo grave de la situación en su país, para las comunidades indígenas, enfrentadas a cientos de megaproyectos, para muchos de los cuales nadie les consultó. Pascual recuerda decenios de ausencia del Estado en sus territorios, también los 30 años de guerra, el genocidio, los desplazamientos previos a la firma de los acuerdos de paz (1996).

“Están invirtiendo en el campo, pero no es para el campo. Nuestras estructuras ancestrales están siendo amenazadas”, afirma. Los hechos violentos y mortales de los últimos tiempos remiten a poblaciones en conflicto con empresas como la española Hidralia, la italiana Enel.

Las versiones discrepan

“En la Laguna del Tigre, la británica Perenco financió la instalación de dos brigadas militares de alrededor de dos pozos en el departamento del Petén. Pues está agarrando concesiones y coincide en que no hay consultas, el gobierno y la empresa hacen convenios que la gente no entiende”, afirma Pascual. puntualizando que el activismo social está cada vez más criminalizado. Sin embargo, la gente teme despojos, contaminación, desplazamientos. Y protesta.

Curiosamente, según dijo a DW Antonio Minondo, de la empresa Perenco, "no hay comunidades indígenas en la Laguna del Tigre; la mayoría de comunidades en el Parque Laguna del Tigre se instalaron despu¡es de que el área fuera declarada área protegida en 1986. La compañía petrolera llegó allí muy temprano en los 1980, antes de las leyes ambientales, y antes de que muchas comunidades se instalaran en el área. Por esta razón, el concepto de “consulta previa” simplemente no hace sentido”.

“Además no hay tal militarización de la zona, lo que sí hay es mucha actividad ilícita”, afirma el gerente de relaciones corporativas de la petrolera. Que son promotores de salud y atienden a 37 comunidades de la zona, resalta. Además, así la información de la empresa en su página web, sus actividades son compatibles con la protección ambiental y con las leyes de Guatemala.

¿Demandas a saco roto?

“Las transnacionales suelen negar que violentan derechos humanos”, explica a DW Juan Hernández, catedrático de la Universidad del País Vasco. Hernández, especialista en derechos humanos y empresas, colabora con el Observatorio de las Multinacionales en América Latina.

“Y las denuncias caen en saco roto, pues la UE no tiene ningún canal ni un mínimo instrumento de inspección púbica donde presentar denuncias y auditar quién tiene razón: si la empresa y sus memorias de responsabilidad social corporativa o las comunidades que dicen que se están violando sus derechos”, apunta el especialista.

Como fuere, por lo pronto, líderes como Daniel Pascual no tienen muchos otros recursos que tocar a las puertas europeas para recordar el precio en vidas, culturas y medio ambiente de los recursos que se extraen de sus territorios ancestrales–para los cuales en muchos casos no existen títulos de propiedad, porque se trataba, en su visión, de bienes comunes.

Con su visita, “aunque no tengamos el poder de cambiar su política, esperamos tocarle la conciencia a las autoridades de la UE, porque sí tiene esponsabilidad: en aras de un supuesto consumo de energía limpia está no sólo destruyendo los bienes comunes sino violentando a la gente y llevando a más gente al hambre”.

Incipientes mecanismos internacionales

Y si nadie escucha, ¿qué hacer? Para casos como éstos de Guatemala –cuyos gobiernos no se han caracterizado necesariamente por la protección a sus poblaciones ancestrales- a falta de la protección estatal, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, como último y técnicamente difícil recurso, la Corte Penal Internacional en La Haya, explica Hernández.

Por otro lado, "la UE y sus países miembros han optadopor avanzar en instrumentos blandos, instrumentos voluntarios, sin accesibilidad jurídica que poco a poco van cogiendo cuerpo, pero están muy lejos de hacer un papel efectivo.”, explica Hernández.

El especialista trabaja junto con otros en la propuesta de la extraterritorialidad jurídica: “la posiblidad de que si las comunidades son maltratadas –y su gobierno ni su poder judicial los protege- pudieran demandar a esta empresa en tribunales de su país matriz. Pero por lo pronto, ni siquiera existe un centro que haga inspección púbica de lo que está ocurriendo”, concluye Hernández.