Según un estudio realizado en 12 comunidades indígenas de la región autónoma del Caribe norte de Nicaragua, la invasión del territorio miskitu y la falta de protección podrían llevar al exterminio de estas poblaciones.
Imagen: Imago/Blickwinkel
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"Nuestra resistencia colectiva es ancestral, porque un miskitu sin tierra no es miskitu. De la tierra venimos y a la tierra vamos y por eso es importante contar con nuestro territorio. Éste tiene un valor sagrado para nuestra vida, identidad y cultura…”
Quien así habla es Constantino Rommel Frech, habitante de la comunidad indígena Francia Sirpi, ubicada en la zona norcaribe de Nicaragua. Él es el vicepresidente del Territorio Indígena de Wangki Twi-Tasbam, en el municipio de Waspam, fronterizo con Honduras.
Hace cuatro años, el 18 de septiembre de 2015, Constantino Rommel Frech fue emboscado y gravemente herido por efectivos del ejército y la policía junto a otros defensores de derechos humanos.
Ellos se oponían a la irrupción de colonos, como se conoce a los campesinos mestizos de otras regiones del país que desde hace unos 10 años han invadido enormes territorios del norte y del sur de Nicaragua, incluyendo reservas de biosfera que deberían ser protegidas por el Estado.
Aquel día, varias casas de la comunidad de Wangki Twi fueron arrasadas y sus habitantes ancestrales obligados a migrar hacia otras aldeas, que posteriormente también serían arrasadas.
Ninguno de los miskitu supo de dónde salían esos hombres, protegidos por los soldados y detrás de los cuales comenzarían a entrar finqueros "del Pacífico” a quemar las tierras para sembrar y poderosas empresas mineras y madereras a talar y extraer sus árboles.
Constantino Rommel estuvo presente este martes en San José, Costa Rica, en una rueda de prensa donde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó la investigación "Resistencia miskitu: una lucha por el territorio y la vida”.
Extermino amenaza futuro de miskitus
De acuerdo al estudio, realizado en 12 comunidades indígenas de la región autónoma del Caribe norte de Nicaragua, los graves daños causados por la invasión del territorio miskitu y la falta de acción del Estado para remediarlo podría conllevar al exterminio de estas poblaciones.
El CEJIL analiza en este documento la "situación crítica y de violencia" que viven comunidades históricamente excluidas y ahora amenazas por la invasión sin control de los colonos, dijo Eduardo Guerrero, uno de los autores del estudio realizado en base a entrevistas, reuniones y asambleas en las comunidades.
Indicó que la crisis ha dejado decenas de asesinatos, secuestros, agresiones físicas y sexuales. Asimismo, ha generado el desplazamiento interno de cientos de indígenas frente al avance de los que toman los territorios por la fuerza para la explotación minera, forestal, monocultivos y ganadería.
Niños de la localidad de Waspam, en las cercanías del río Coco.Imagen: ssunta Testa, FONSAN/PRESANCA Evaluator/EC Delegation
"Desde 2012 han ocurrido alrededor de 20 asesinatos, además de violaciones sexuales" de colonos contra mujeres de las comunidades miskitu, cuyas poblaciones han sido obligadas a huir e inclusive cruzar el río Coco y refugiarse en zonas de Honduras, señaló Guerrero.
El territorio Wanky Twi lo conforman 21 comunidades, parte de éstas dentro de la Reserva de Biosfera Bosawas. Ecologistas destacados han denunciado que la zona, considerada el "pulmón verde de Centroamérica”, ha perdido más de 1,4 millones de hectáreas de bosques, es decir, más del 70 por ciento su superficie protegida.
La invasión de tierras indígenas también ocurre en la sureña reserva Indio Maíz, cerca de la frontera con Costa Rica. La indolencia gubernamental ante un voraz incendio que destruyó más de 5.000 hectáreas en la zona generó protestas estudiantiles en marzo de 2018, previo al estallido de la rebelión cívica que sacudió al gobierno.
Complicidad gubernamental
Para Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) el Estado no tiene voluntad de ejecutar el denominado "proceso de saneamiento”, que de acuerdo con la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas (Ley 445) regula la demarcación y titulación de las tierras y obliga a la salida de los colonos.
Según Cunningham, todos estos años el ejército ha participado en emboscadas contra los indígenas y ha permitido el uso de armas de fuego por parte de los colonos. La invasión ha dejado además enormes extensiones de bosques convertidas en pastizales y potreros para ganado.
Solamente entre 2013 y 2015 Cejudhcan registró 28 denuncias de pobladores indígenas atacados, de las cuales 16 fueron por asesinato y el resto por heridas con armas de fuego. Las denuncias continuaron hasta hoy, aunque muchos afectados ya no las hacen por temor.
El informe de CEJIL destaca que la falta de acción estatal para prevenir y sancionar los ataques de los invasores de tierras ha creado un clima de impunidad, colocando a las comunidades en situación de vulnerabilidad y abandono.
"Buscamos visibilizar esta problemática y su gravedad, para que el Estado de Nicaragua dé una salida lo más pronto posible. Es urgente que den una respuesta, pues de lo contrario la cultura indígena miskitu está en un riesgo irreversible de ser extinguida”, dijo Marcela Martino, subdirectora de CEJIL.
"Hemos buscado que el Estado solucione esta situación de distintas maneras, y aún no hay atención a nuestra problemática. Mientras, las personas de nuestras comunidades enfrentan la hambruna, la violencia, el desplazamiento. La tierra para nosotros es la fuente de alimentación, pero también un territorio sagrado, desde donde emana nuestra espiritualidad”, insistió Cunningham.
Promover el retorno de los desplazados
El CEJIL plantea 10 recomendaciones al gobierno de Nicaragua, entre ellas iniciar el proceso de saneamiento de los territorios, priorizando el traslado de los colonos a sus lugares de origen.
También urge adoptar medidas para garantizar el retorno de las familias desplazadas; que el Estado les asegure el acceso a servicios de salud, educación, agua potable, alimentación y vivienda.
A su vez, el reporte solicita al Estado de Nicaragua que investigue, juzgue y sancione de forma exhaustiva e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas contra las comunidades miskitu.
Protestas contra la construcción del canal interoceánico, en 2015.Imagen: Reuters/O. Rivas
"Debemos luchar para impedir el exterminio de nuestros pueblos indígenas", dijo la dirigente campesina Francisca Ramírez, miembro del Consejo de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que durante más de cinco años abanderó la lucha en contra de la construcción de un canal interoceánico en la zona sur de Nicaragua.
Francisca Ramírez y su familia de 45 personas tuvieron que exiliarse en Costa Rica hace un año, en el marco de la persecución del gobierno de Daniel Ortega contra los campesinos y estudiantes que participaron en protestas sociales.
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La diversidad de los pueblos indígenas en América Latina
Según datos de UNICEF, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas. México, Bolivia, Guatemala Perú y Colombia aglutinan el 87% de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Imagen: Christopher Pillitz
Amazonia, fuente de diversidad
Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina de UNICEF, la Amazonia es la región con mayor diversidad de pueblos indígenas (316 grupos), seguida por Mesoamérica, la cuenca del Orinoco, los Andes y la región del Chaco. Brasil (foto) es el país con más diversidad de pueblos indígenas con un total de 241. Colombia es el segundo con (83), seguido por México (67) y Perú (43).
Imagen: DW/T. Fischermann
Diversidad de pueblos y lenguas
Cinco pueblos agrupan varios millones de personas: Quechua (foto), Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che; y seis aglutinan entre medio y un millón de habitantes: Mapuche, Maya q'eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Cerca de una quinta parte de los pueblos indígenas perdió su idioma nativo en las últimas décadas. De 313 idiomas indígenas, el 76% es hablado por menos de 10.000 personas.
Imagen: picture-alliance/Robert Hardin
Cada vez más urbanos
Aunque más del 60% de la población indígena de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá todavía vive en zonas rurales, más del 40% de la de El Salvador, México y Perú reside en áreas urbanas. En Chile (foto) y Venezuela, la población que vive en ciudades supera el 60% del total. Éstos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que los de zonas rurales.
Imagen: Rosario Carmona
Conviviendo con la pobreza
Según un informe del Banco Mundial, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas, más del doble de la proporción de no indígenas. El 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más que la proporción de hogares no indígenas. En 2011, en Guatemala, tres de cada cuatro habitantes de zonas con pobreza crónica pertenecían a un hogar indígena.
Imagen: picture-alliance/Demotix
Educación superior: un privilegio para muy pocos
El reporte del Banco Mundial 'Latinoamérica indígena en el siglo XXI' apunta que la finalización de estudios primarios entre indígenas urbanos es 1,6
veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, mientras que los que terminan la educación secundaria es 3,6 veces mayor y los que cursan estudios superiores es 7,7 veces mayor. El acceso a la universidad es un privilegio para muy pocos.
Imagen: Uskam Camey
Brecha digital: exclusión social
A pesar de la aparente familiaridad de este miembro de la tribu Kayapó (Brasil) con la tecnología, los miembros de pueblos indígenas no se han beneficiado de su masificación. Estos tienen cuatro veces menos acceso a internet que los no indígenas en Bolivia y seis veces menos acceso en Ecuador. Asimismo, los indígenas tienen la mitad de acceso a un computador que los no indígenas en Bolivia.
Imagen: AP
Implicados en la vida política
Los pueblos indígenas participan activamente en la vida política de sus comunidades, ya sea a través de parlamentos locales o nacionales, en los municipios o a nivel estatal. Sus líderes están involucrados en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Así, existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador, pero también en Venezuela, Colombia y Nicaragua.
Imagen: Reuters/J. L. Plata
Empoderamiento ciudadano
Con una población de más de 800.000 habitantes, principalmente de origen aymara (foto), El Alto (Bolivia), comenzó a organizarse en juntas vecinales. A través de éstas, exigieron tener acceso a sus propios recursos financieros y ejercer control sobre ellos. Las Juntas se crearon con el objetivo de que éstas planificaran, financiaran y construyeran infraestructura básica y proporcionaran servicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/BOLIVIAN INFORMATION AGENCY
Protección vulnerada
Cerca del 45% de cuenca del Amazonas está protegida en el marco de diversas formas legales. A pesar de que 15 de los 22 países de la región han ratificado el Convenio Nr. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menudo se vulnera el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que pretende garantizar su participación en cambios que pueden afectar su estilo de vida.
Imagen: Survival International
Indígenas en el punto de mira
Los representantes de pueblos indígenas son víctimas de criminalización y hostigamiento y suelen sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte al posicionarse en contra de la instalación de grandes infraestructuras en su territorio. En la fotografía, miembros de las comunidades indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit (México).
Imagen: AIDA/C. Thompson
Minería: fuente de conflictos
La minería también es una amenaza para los pueblos indígenas y provoca migraciones y conflictos. Se calcula que una quinta parte de la cuenca amazónica tiene potencial minero: 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 20% de los cuales están en tierras indígenas. La extracción ilegal de oro también se ha propagado en la región, provocando deforestación, contaminación de los ríos y violencia.
Imagen: Jorge Mario Ramírez López
Defendiendo el territorio
Los Munduruku (foto), que cuentan con una población de entre 12.000 y 15.000 personas que viven en la orilla del río Tapajós, en los estados de Pará, Amazonas y Mato Grosso (Brasil), sufren el peligro de ambas actividades. Durante tres siglos, han tratado de demarcar oficialmente su territorio, una área de 178.000 hectáreas amenazado por actividades de extracción y proyectos hidroeléctricos.
Imagen: DW/N. Pontes
Socios clave en la lucha contra el cambio climático
El reconocimiento y la protección de los territorios indígenas es una estrategia eficaz para prevenir la deforestación y combatir el cambio climático. Entre 2000 y 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña fue de 0,6% dentro de los territorios indígenas protegidos legalmente, mientras que fuera llegó al 7%, lo que produjo 27 veces más emisiones de dióxido de carbono.
Imagen: Ádon Bicalho/IPAM
Los grandes desconocidos
Algunas comunidades indígenas siguen negándose a tener contacto con el mundo exterior y viven en áreas aisladas, usando lanzas y dardos envenenados para cazar monos y aves. Es el caso de los Waorani (foto) que viven en la selva amazónica, en Ecuador. En las últimas décadas, muchos de ellos han pasado de vivir como cazadores a asentarse en el Parque Nacional Yasuní.
Imagen: AP
Contacto mortal
Lamentablemente algunos de los que han sido contactados han sufrido las consecuencias. Los indígenas matsés o “mayorunas” que viven en la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, conocidos como “el pueblo del jaguar" (foto) fueron contactados por primera vez en 1969. A raíz de este encuentro muchos murieron por enfermedades como tuberculosis y hepatitis.
