Muchos de los activistas de la red que protestaron online y en las calles contra la suscripción del acuerdo antipiratería ACTA en el Parlamento Europeo celebraron cuando esta instancia comunitaria se negó a firmar el pacto en cuestión. Los promotores del ACTA describían el convenio como un camino para proteger la propiedad intelectual en el mundo virtual, pero cientos de miles de europeos denunciaron que su implementación le daría más peso a los intereses de las corporaciones que al de los ciudadanos.

Los activistas argumentan que el ACTA y otros mecanismos presuntamente dirigidos a proteger la seguridad pública, los derechos de autor y las patentes lo que hacen es poner en peligro la esfera privada de los internautas en la red y la propia naturaleza de Internet como espacio libre de excesivas restricciones legales. De ahí que no se hayan dormido sobre sus laureles: en Alemania, los operadores de netzpolitik.org han continuado atizando el debate en foros, blogs y redes sociales para advertir sobre los riesgos del INDECT.

El miedo al Gran Hermano

INDECT son las siglas de un proyecto de investigación internacional cuya misión queda sugerida en su nombre completo: Sistema de Información Inteligente de Apoyo a la Observación, la Indagación y la Detección para la Seguridad de los Ciudadanos en el Medio Urbano. La Unión Europea fomenta esta iniciativa para el desarrollo de sistemas de vigilancia con 11 millones de euros. Entre sus planes está diseñar sofisticados sistemas para la identificación de “comportamientos que llamen la atención” con miras a anticipar ataques masivos de pánico y delitos.

La multiplicación de las cámaras de video-vigilancia en los espacios públicos, fijas o voladoras, es algo que hasta hace unos lustros parecía materia de ciencia ficción, pero que muchas personas –no solamente los activistas de la red– perciben como un exceso de los organismos de seguridad de los Estados. De ahí que tantos estén interesados en tomar las calles de nuevo para protestar, no ya contra el ACTA, sino contra iniciativas como el INDECT. El acuerdo comercial canadiense-europeo, conocido como CETA, también está en la mira de los activistas.

El Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) se negocia a puerta cerrada desde 2009 y, en febrero de 2012, el abogado canadiense Michael Geist denunció que pasajes completos del texto del ACTA pueden leerse, sin mayores alteraciones, en el documento que describe las condiciones del CETA. Está por verse hasta qué punto el CETA no es más que un nuevo intento de implementar el ACTA bajo otro nombre. Más preocupación causan los capítulos del CETA alusivos a la vigilancia del uso que los internautas hacen de la red y la protección de los datos de la ciudadanía.

Autor: Insa Moog / Evan Romero-Castillo

Editora: Emilia Rojas Sasse