Dos australianos, un filipino y un nigeriano forman parte de la segunda ronda de ejecuciones que el nuevo gobierno indonesio reanudó en enero. La fecha de su fusilamiento aun no ha sido fijada. Sin embargo, el fiscal general de Indonesia debe informar con 72 horas de anticipación sobre la ejecución de sus condenas.

Hasta el momento se desconoce cuándo serán trasladados los seis presos restantes, entre ellos un brasileño, también hallados culpable por tráfico de drogas. El 18 de enero, una indonesia y cinco extranjeros (un brasileño, un holandés, dos nigerianos y una vietnamita) fueron fusilados en dos penitenciarías del centro de la isla de Java.

Australia se opone a la ejecución

Por su parte, el gobierno australiano insiste en que seguirá luchando para salvar la vida de los dos ciudadanos de ese país y de otras ocho nacionalidades. "No perderé las esperanzas", dijo la ministra australiana de Exteriores, Julie Bishop, a la cadena nacional ABC. "Haré todo lo que pueda para buscar un cambio en sus corazones, en sus mentes".

Un grupo de 42 organizaciones pro derechos humanos reclamó este miércoles (4/3/2015) al presidente indonesio, Joko Widodo, que suspenda las ejecuciones, reinstale una moratoria y suprima la pena capital en el país. El colectivo señala que "no hay evidencia empírica concluyente de que la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas tenga un efecto disuasorio sobre el tráfico y consumo de estupefacientes".

El Gobierno indonesio ha pedido que se respeten sus leyes y defiende el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el narcotráfico. Widodo, otrora considerado reformista pro derechos humanos, se ha mostrado inflexible e insiste en que no se concederá clemencia a los culpables de tráfico de drogas.

OHA/ CP (efe, dpa)