"En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación, los periodistas ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar”, afirmó el vicecanciller Valdrack Jaentschke, delegado del presidente Daniel Ortega ante el 42 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Suiza.

Desde el fondo de la misma sala plenaria, la periodista Lucía Pineda Ubau grababa las palabras de Jaentschke y las transmitía en vivo a la web del canal 100% Noticias, del cual fue directora de prensa hasta que las oficinas de la televisora fueron allanadas y clausuradas por el gobierno, el 21 de diciembre de 2018.

Aquella noche, Pineda Ubau y su colega Miguel Mora, director del canal, fueron arrestados y llevados a prisión, acusados de "incitar al odio”. Permanecieron seis meses en celdas mínimas, bajo tortura psicológica y aislamiento, según documentaron diputados del Parlamento Europeo que los visitaron en enero pasado.

"Reiteramos que no se ha acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar protestas pacíficas ni por ejercer la defensa de los derechos humanos”, prosiguió Jaentschke,  y cuatro jóvenes excarcelados —presentes también en la sesión—  se miraron estupefactos.

La estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens dijo que el vicecanciller "quedó en ridículo al pretender mostrar una Nicaragua distinta de la que existe”. La sesión del Consejo coincidió con el primer aniversario del arresto de Coppens, el 10 de septiembre de 2018, en la ciudad de León.

Jaentschke aseguró que en su país "no existe ningún patrón de detención arbitrario ni desapariciones forzadas” y que el despliegue policial en las calles da "tranquilidad” a la población. Luego remató: "En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes en ningún centro de detención del país”.

"Es vergonzoso ver a ese hombre mentir descaradamente en la ONU”, comentó la estudiante Victoria Obando, recluida casi un año en la cárcel de hombres La Modelo, donde por su condición transgénero sufrió vejámenes y abuso sexual, según lo denunció a la prensa.

En el grupo de excarcelados que viajaron a Ginebra estaba también Edwin Carcache, emblemático líder universitario. "En Nicaragua tenemos todavía 126 presos políticos que están sufriendo las mismas torturas que soportamos nosotros”, advirtió.

El informe Bachelet

La declaración del vicecanciller nicaragüense hizo patente el rechazo de Ortega al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que sale a luz casi un año y medio después del estallido de la peor crisis en la historia reciente de Nicaragua.

Criticada por quienes durante meses esperaron una posición más dura ante el régimen sandinista, la ex presidenta chilena saltó al ruedo con un documento que fue aplaudido por la oposición y por defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua.

"El espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido significativamente y la libertad de expresión ha sido restringida”, dijo Bachelet, cuyo texto fue divulgado varios días antes, lo que le permitió al gobierno de Ortega preparar su extensa réplica.

La alta comisionada citó los más de 325 muertos que dejó la represión estatal de las protestas sociales en 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y dijo que si bien varios cientos de personas fueron excarceladas este año, más de 100 opositores continúan presos.

A su turno, la relatora  de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, expresó que en el país "persiste la instalación de facto de un Estado de excepción, que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas”.

En Nicaragua siguen "las detenciones arbitrarias, la prohibición de la protesta social, el hostigamiento a las celebraciones religiosas y las amenazas contra algunos líderes de la iglesia católica, juicios contra opositores sin el debido proceso y en general la imposición de un estado policial”, advirtió Urrejola.

Esperan reacción de la UE y OEA

"Este informe confirma lo que hemos denunciado constantemente: el Estado policíaco, la falta de acceso a la justicia, la criminalización de la protesta y el asedio a la libertad de expresión”, declaró a DW el líder estudiantil Max Jerez, miembro del consejo ejecutivo de la opositora Alianza Cívica.

Jerez dijo confiar en que este documento sea tomado en cuenta por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) para la eventual aplicación de nuevas sanciones a funcionarios del gobierno sandinista.

"Al fin (Bachelet) se pronunció con la contundencia que estábamos esperando”, opinó por su parte el politólogo opositor Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, al considerar que el lenguaje de la alta comisionada hacia Nicaragua "ha cambiado drástica y positivamente”.

En el mismo sentido, José Miguel Vivanco, director de la ONG Human RightsWatch, felicitó a la ex mandataria chilena por su "contundente” texto.

Al rechazar el informe de Michelle Bachelet, el vicecanciller nicaragüense adujo que "no adjunta evidencias, tiene criterios parcializados, arbitrarios y sus conclusiones carecen de credibilidad”.

Bachelet volvió a tomar la palabra y le dijo al funcionario que si el gobierno de Nicaragua no aprobaba el informe presentado en Ginebra, debería entonces autorizar el ingreso de una misión de la OACNUDH y proveerle de garantías para realizar un diagnóstico in situ de la situación.

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