Que México acepte que el Comité de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención contra las Desapariciones Forzadas (en vigor desde 2010) pueda revisar denuncias y casos individuales ha sido una de las recomendaciones del informe presentado en Ginebra.

Esto permitiría que, por ejemplo, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa de la ciudad de Iguala puedan solicitar la opinión del grupo de expertos del organismo internacional, si bien de manera más limitada que como se le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que México reconozca al comité

“México ha hecho de la causa de los derechos humanos su bandera a nivel internacional, en su discurso hacia fuera, ¿por qué no reconoce la competencia del comité para revisar casos individuales de desapariciones forzadas?”, dijo a DW Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del CentroProdh, una organización de la sociedad civil con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

“Es muy común que los países reconozcan su competencia para recibir casos individuales; el mismo México ha reconocido este tipo de competencia en otros comités. Justo en este momento donde hay tanta atención nacional e internacional por las desapariciones en Ayotzinapa sería importante que lo hiciera”, afirmó.

Tipificar e investigar sin dilación

El caso de los jóvenes que desaparecieron en septiembre y fueron –según la Procuraduría– asesinados e incinerados a manos del crimen organizado, con apoyo y aquiescencia de autoridades locales, puso en evidencia la gravedad de la situación debido a una práctica que viene de lejos pero que, contradictoriamente, no está tipificada en la legislación del país.

“Garantizar que cuando haya indicios para suponer que se pudiera haber cometido una desaparición forzada, se proceda, sin dilación, a investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación”, recomienda el comité desde Ginebra.

Entre las recomendaciones se halla también la de prever las medidas legislativas necesarias para determinar la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, así como que se hagan todos los esfuerzos por que no haya disparidad entre la legislación y la práctica, entre el nivel federal y el de los diferentes Estados del país.

La primera vez

Esta es la primera vez que México es objeto de revisión en Ginebra. Luego de haber ratificado la Convención en 2010, su primer informe debió haber llegado en 2012 ante el organismo internacional, pero llegó en 2014.

“Nos alegra que el comité recuerde al Estado sus obligaciones y que establezca una ruta mínima –en términos de prevención, búsqueda inmediata e investigación– para empezar a erradicar la práctica de la desaparición forzada. Estamos hablando de poner fin a la impunidad que prevalece, no solamente por los miles de casos actuales, sino por los delitos de décadas pasadas que incluían la práctica sistemática de la desaparición forzada, por parte del Estado”, afirma Brewer.

Según lo expuesto en las sesiones presenciales –en donde gobierno, comité de expertos y organizaciones de la sociedad civil pudieron expresarse el 2 y 3 de febrero– la impunidad es uno de los asuntos que más preocupan.

Mismas preocupaciones, nuevos plazos

“Las recomendaciones recogen las preocupaciones del comité –que son las mismas que tenemos las organizaciones de la sociedad civil– en cuanto a la falta de cifras confiables del número de víctimas de desaparición forzada, en cuanto a la falta de bases de datos y protocolos que realmente se apliquen en la práctica. También en cuanto a la falta de una ley armonizada a nivel de todo el país”, explica Brewer.

Así las cosas, y aunque esta es la primera vez que este comité evalúa al Estado mexicano en cuanto a desapariciones, “México ciertamente tiene acumuladas miles de recomendaciones internacionales, muchas de ellas incumplidas o cumplidas sólo parcialmente. Sin embargo sí han sido un mecanismo muy útil para impulsar algunos avances como ha sido la reforma constitucional en derechos humanos y la reforma al sistema penal”, reconoce la activista.

En todo caso, exhortado por el informe “a redoblar esfuerzos” para atacar el problema de las desapariciones, México tiene plazo hasta el 13 de febrero de 2016 para dar al comité información sobre la aplicación de los puntos referidos al registro único de personas desaparecidas y mecanismos de búsqueda y prevención e investigación de desaparición de migrantes. Y hasta el 13 de febrero de 2018 para brindar "información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones".

¿Disposición a acatar recomendaciones?

Por su parte, pocas horas antes de darse a conocer el informe de Ginebra, el gobierno mexicano subrayaba su mejor disposición a “dar la bienvenida” a las recomendaciones que emitirá un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegará al país a comienzos de marzo.

Como sea, con la atención nacional e internacional puesta sobre el caso de las desapariciones de Iguala, este informe, apunta Brewer, “representa para nosotros una herramienta adicional para combatir una problemática que ya existía pero que el caso de Ayotzinapa ha mostrado con una crudeza tal que está generando exigencia por parte de la sociedad para que haya cambios reales”.