El Estado se posicionó en 2023 como uno de los principales violadores de derechos humanos en El Salvador en el marco del régimen de excepción -vigente desde 2022 para combatir a las pandillas- principalmente en situaciones relacionadas a desplazamientos forzados, vulneraciones a la libertad y a la vida, según un informe divulgado este miércoles (17.04.2024).

Representantes del Observatorio Universitario de DD. HH. (OUDH) dieron a conocer su informe anual sobre la situación en el país centroamericano en 2023. "Es preocupante lo grave que resulta que, a partir del régimen de excepción, es el Estado el principal agente generador de desplazamiento, de afectaciones a la integridad y la vida", dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), del que forma parte el OUDH.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado más de 79.200 detenciones y más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos.

Según explicó Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, la Procuraduría General de la República (PGR) registró un incremento de víctimas de desplazamiento forzado del 78,5 % en 2023, con 2.099 personas afectadas. Sin embargo, indicó que la PGR no detalló el total de hechos generadores o de supuestos victimarios, de los que los datos de organizaciones humanitarias apuntan a agentes de las fuerzas estatales.

Rodríguez también señaló que la letalidad de las fuerzas estatales se disparó en 134 %, pasando de un índice de 1,61 % en 2022 a 3,78 %, mientras que el 11 % de las muertes violentas habrían ocurrido a manos de policías y soldados en supuestos enfrentamientos.

En tanto, el IDHUCA registró en 2023 al menos 123 casos de desapariciones forzadas de corta duración, en las que las familias desconocen el paradero y situación de las personas detenidas por falta de información oficial. Para Santos, actualmente en El Salvador "no hay ningún tipo de garantías y esto se vincula con la inexistencia del sistema nacional de derechos humanos", a lo que se suma la preocupación por el papel de la Fiscalía.

La activista recordó que el fiscal general, Rodolfo Delgado, decidió archivar al menos 142 casos de muertes de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, que actualmente suma más de 200 decesos en las prisiones.

ama (efe, afp)