Primero fue Daniel Ceballos. Luego Corina Machado. Se sumó posteriormente a Enzo Scarano, y este sábado (18.07.2015) Pablo Pérez (en la foto) fue incluido en la lista de opositores imposibilitados de participar en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela, de acuerdo a una decisión de la Contraloría General. La inhabilitación contra el exgobernador del estado de Zulia se extiende por 10 años.

Pérez fue sancionado, de acuerdo al texto entregado por las autoridades, en conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría y del sistema nacional de control fiscal. El político es investigado por la presunta comisión de 11 delitos y existirían pruebas de los delitos de corrupción y malversación de fondos, aunque nada de ello está acreditado por la Justicia.



Pérez usó la red social Twitter para comentar que “el gobierno y el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) me inhabilitaron por 10 AÑOS, otro ensañamiento contra la disidencia democrática”. También en Twitter, el partido Un Nuevo Tiempo, al que pertenece Pérez, aseguró que “el régimen de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro inhabilitando a los líderes de la Unidad no evitará la derrota el #6D”.

Solidaridad de Machado

La Contraloría ya había notificado en los últimos días sanciones, basados en acusaciones variadas, contra la exdiputada María Corina Machado y los exalcades Vincenzo Scarano y Daniel Ceballos, todos ellos electos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como candidatos a diputados. La oposición sostiene que las inhabilitaciones son medidas desesperadas del gobierno para quitar del camino a aspirantes a la Asamblea Nacional con fuertes posibilidades de ganar.

Machado reaccionó en Twitter dando su respaldo a Pérez. “Elecciones en dictadura. Pablo, todo mi respaldo”. Luego agregó que “el régimen no va a lograr someternos. Como sociedad tenemos que rebelarnos: actuar como la mayoría que somos”. Freddy Guevara, coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular del que forma parte Daniel Ceballos, indicó que lo que busca el Ejecutivo es “una ilegalización de facto de la oposición”.

El documento que notifica la decisión de la Contraloría tiene fecha del 3 de junio de este año, aunque la decisión habría sido tomada el 20 de enero de 2015.

DZC (EFE, El Universal, El Tiempo)