El 15 de junio de 2012, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una serie de medidas para evitar la deportación de jóvenes inmigrantes que habían ingresado ilegalmente a ese país cuando eran niños. Se conoció dicho programa como Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, o Acción diferida para jóvenes llegados en la infancia).

El 20 de noviembre de 2014, Obama anunció una expansión del programa a través de una orden ejecutiva mediante la cual se evitó el proceso de aprobación en el Congreso. La ampliación debía entrar en vigor este miércoles (18.02.2015).

Según el periódico New York Times, Obama “trataba de hacer frente a un problema nacional enorme y de largo plazo: qué hacer con los más de 11 millones de indocumentados que viven, trabajan y mantienen aquí a sus familias, mientras el gobierno no tiene la capacidad para detenerlos o deportarlos a todos”.

Pero la iniciativa no entrará en vigor, pues fue suspendida debido a una orden del juez federal de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, Texas. Activistas a favor de los derechos de inmigrantes reaccionaron haciendo un llamado a la calma. “Las iniciativas del presidente Obama en temas migratorios han sido cuestionadas en otras cortes, y órdenes preliminares como la que hoy fue emitida han sido rechazadas”, afirmó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, con sede en Los Ángeles.

Asunto complejo

Pero aun así, el fallo complica las cosas a los inmigrantes. Michelle Mittelstadt, del think-tank Migration Policy Institute, ubicado en Washington, dijo a DW que “aún está por verse cómo transcurrirá ahora el proceso legal, y si la corte dará finalmente la luz verde a la administración Obama para proceder con las acciones diferidas”. El panorama político es aún más complicado. “Debido a que una reforma migratoria de mayor alcance y duración requiere la aprobación del Congreso, (el fallo) disminuye las posibilidades de que ésta se produzca en el tiempo que falta para que termine la actual administración”, agrega.

Mientras que el editorial del New York Times ve “intransigencia republicana” como fenómeno paralelo al fallo del juez federal Hanen, Middlestadt considera que “mientras los líderes republicanos afirman en público y de manera creciente la necesidad de que su partido cambie de perfil con la comunidad hispana, las dinámicas republicanas en el Congreso y la ‘envenenada' relación entre la Casa Blanca y los diputados republicanos hacen que parezca cada vez más difícil sacar una reforma migratoria en 2015 o 2016”.

Por su parte, Hincapié advirtió que, de no ser revertido, el fallo “podría hacer que millones de aspirantes a la ciudadanía estadounidense se abstengan de dar los pasos para solicitar las tan necesarias medidas contra la deportación, así como permisos de trabajo”.

Limbo jurídico

Michelle Middlestadt considera que para la decisión del juez Hanen “deja en el limbo jurídico y en la incertidumbre a los inmigrantes que pretendían solicitar ser considerados en la prórroga del programa DACA”. El Migration Policy Institute estima que tan solo la ampliación de dicho paquete jurídico otorgaría protección a unas 300.000 personas, la mayoría provenientes de América Latina. En sentido amplio, “el programa podría beneficiar a unos 3,7 millones de inmigrantes no autorizados que son padres de ciudadanos estadounidenses, o de personas que residen permanentemente de manera legal en el país”.

Pese a todo, el National Immigration Law Center considera que “afortunadamente, esta decisión representa solo un obstáculo temporal”. La organización hizo además un llamado a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos que pudieran resultar beneficiados por el paquete de reformas, a fin de que continúen preparando la documentación que les permita proseguir, en dado caso, el procedimiento de legalización.