La primera estación de las apelaciones que llegan a la Corte Europea de Derechos Humanos es la oficina de correos. Se trata de un espacio grande y luminoso en el que aterrizan todos los documentos, y en donde se los registra, se les otorga un número de acta y se los envía a los diferentes departamentos jurídicos. Por año llegan unas treinta mil nuevas apelaciones, y, por el momento, el número de casos pendientes llega a cerca de cien mil. Los empleados de Azerbaiyán, Ucrania, Polonia, Turquía, Moldavia, Serbia, Rusia y Francia, entre otros, son quienes seleccionan y distribuyen las cartas, que están escritas en más de 40 idiomas.

Los recursos presentados ante la Corte Europea de Derechos Humanos provienen de personas privadas, Organizaciones No Gubernamentales o Estados, denunciando que en uno de los Estados miembros de la Unión Europea se violó la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). En el Consejo de la Unión Europea, 47 países se han unido para fomentar los principios europeos básicos, así como para impulsar el progreso económico y social del continente, dentro del marco común de la Convención de Derechos Humanos.

Apelar con un poema

Cuando un recurso es pertinente, el expediente debe seguir su camino en inglés o en francés. Hayati Turun, un empleado de Turquía, no sólo revisa los documentos en turco, sino todo lo que llega a su escritorio. Entre las cartas más curiosas, recuerda Turun, están los poemas de un alemán que fracasó con su presentación, pero que sigue enviando poemas todos los días. En un estante de la oficina de correos puede verse una especie de gabinete de curiosidades, es decir, los obsequios de demandantes, desde una cajita de cigarrillos hasta una gorra de marino. Y también cartas de amenaza, ya que la Corte Europea de Derechos Humanos no siempre cuenta con la aprobación de todos al juzgar a uno de los 47 estados miembros del Consejo de la Unión Europea que ratificaron la Convención de Derechos Humanos.

Un problema fundamental de la Corte Europea de Derechos Humanos es que, para poder dictar un fallo, los 47 jueces deben encontrar una línea común que pueda ser aceptada por los 47 Estados miembros con sus diferentes marcos legales. La jueza alemana Renate Jäger considera que esa es la tarea más difícil de la Corte Europea de Derechos Humanos. Las decisiones no las toman los 47 jueces en la Gran Cámara, sino un máximo de 17, explica la magistrada.

Decisiones que afectan a toda Europa

Si los fallos son controvertidos, una mayoría de nueve jueces es suficiente. “Esos nueve jueces tienen que ser concientes del poder que conlleva su responsabilidad, ya que su veredicto debe ser aceptado en Europa”, subraya Renate Jäger. La Gran Cámara falla sólo unas 30 veces al año, y una gran cantidad de público asiste a las audiencias.

Los jueces tienen que ponerse al corriente del orden jurídico de los otros países miembros, y allí, el juez del país en cuestión juega un papel muy importante, ya que participa de todos los casos que atañen a su nación. Tiene que aclararles el sistema jurídico de su país a sus colegas, para lo cual cuenta con el apoyo de un departamento de investigaciones. Pero la ‘voz' del derecho, según la jurista alemana, es el juez del propio país. Renate Jäger confiesa que, cuando comenzó a ejercer su cargo, temía que un juez nacional pudiera caer en la parcialidad. Pero la experiencia demostró lo contrario, ya que la labor conjunta con los colegas de este organismo y su mirada crítica protege al análisis profesional y no deja que el juez se deje llevar por las implicancias. Los jueces nacionales son elegidos por la asamblea parlamentaria del Consejo de la Unión Europea de una lista de tres jueces, enviada por el Estado correspondiente.

Alrededor de un 95 por ciento de los casos se rechazan formalmente por ser improcedentes. A veces, el reclamante dejó pasar un plazo determinado, o no hizo pasar su recurso de amparo por todas las instancias de su país. En el resto de los casos, siete jueces deciden en las cámaras. Algunos Estados presentan una acumulación enorme de apelaciones. Contra Rusia existen unas treinta mil quejas, y como en cada proceso debe participar el juez nacional, elaborar los expedientes rusos se demora muchísimo. Para acelerar la tarea de la Corte Europea de Derechos Humanos debería producirse una reforma de los procesos. Pero Rusia bloquea esta tentativa desde hace años. Sólo una parte de la reforma pudo entrar en vigor.

Presión política en lugar de cumplimiento de sentencia

Cuando la Corte Europea de Derechos Humanos verifica una violación a los derechos humanos, juzga al Estado en donde se produjo dicho delito. Puede exigir indemnización, un cambio en la ley y hasta la liberación de prisioneros. La sentencia no es aplicada por las autoridades públicas, sino por un organismo político: el Comité de Ministros del Consejo de la Unión Europea, en el cual los Estados están representados por sus ministros de Exteriores. Según la Convención Europea de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de aplicar los veredictos. Pero el significado de dicha aplicación es una cuestión que se deja en manos del Estado correspondiente, apunta el jurista Axel Müller-Elschner. La presión política de estar en la picota por haber violado los derechos humanos tiene a menudo más peso que la ejecución de una sentencia. De eso están seguros los juristas de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Autora: Daphne Grathwol/ Cristina Papaleo

Editor: José Ospina Valencia