Analistas y políticos en Managua interpretan la decisión de la Internacional Socialista como "un duro golpe” al gobierno de Daniel Ortega, que profundizará su aislamiento en tanto lo exhibe como "un régimen tiránico”.

"Este un golpe muy fuerte para Ortega y sus partidarios, porque siguen perdiendo legitimidad internacional”, dijo a DW el sociólogo Oscar René Vargas, para quien la medida acordada por el Consejo de la IS que sesiona desde el lunes en República Dominicana expondría al gobierno sandinista a inminentes sanciones políticas y económicas por parte de Europa.

"A partir de ahora, la Unión Europea podrá disponer más fácilmente de cualquier sanción contra el gobierno de Ortega y (su esposa, la vicepresidenta Rosario) Murillo, dado que una organización tan importante como la IS le ha quitado su aval político”, afirmó Vargas, exiliado en Costa Rica tras recibir amenazas de simpatizantes del gobierno a raíz de las protestas sociales que estallaron en abril pasado.

Socialismo versus tiranía

La decisión fue anunciada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en un tuit más que elocuente: "El Consejo de la Internacional Socialista en República Dominicana ha decido expulsar al FSLN de la organización por las violaciones de DD.HH. y de los valores democráticos cometidas por el régimen de Ortega en Nicaragua. El socialismo es incompatible con la tiranía”.

Integrada desde 1951 por partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas, la IS admitió el ingreso del FSLN tras la revolución que se instaló en 1979, cuando el entonces movimiento guerrillero derrocó al dictador Anastasio Somoza. Daniel Ortega formó parte de aquel directorio de nueve comandantes sandinistas, además de ser coordinador de una junta de gobierno y presidente de 1985 a 1990.

La expulsión fue aprobada el lunes por el Comité de Ética de la IS, atendiendo una solicitud presentada en octubre por el Partido Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica. El PLN argumentó que el gobierno sandinista cometió crímenes de lesa humanidad tras la rebelión social de abril.

Desde entonces, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 civiles fueron asesinados, en su mayoría jóvenes manifestantes; otros 4.000 resultaron heridos y más de 52.000 huyeron a Costa Rica tras sufrir violencia y amenazas. Centenares de personas fueron arrestadas y acusadas de terrorismo por participar en protestas. El Gobierno solo reconoce 198 muertos y 340 detenidos, pero la oposición asegura que en las cárceles ya hay 770 presos políticos.

El gobierno de Nicaragua ha guardado silencio frente a la noticia, que no fue incluida en su web "El 19” ni en las radios y televisoras oficialistas. Tampoco Rosario Murillo se refirió al caso en su alocución diaria por TV, mientras los principales diputados sandinistas no respondieron solicitudes de entrevistas.

Para el diplomático Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, se trata de "una fuerte sanción política y moral al Frente Sandinista”, apoyada incluso por partidos "históricamente leales e incondicionales” a Daniel Ortega.

"Esto representa un respaldo a las aspiraciones democráticas en Nicaragua, una esperanza para los que anhelan un cambio que necesariamente pasa por el fin de este gobierno”, subrayó el también político socialcristiano, consultado por DW.

Un gobierno autista

La decisión del Consejo de la IS ocurre tres días después de la visita de 11 diputados del Parlamento Europeo, que este martes urgieron en un comunicado a Ortega a reanudar el diálogo con la oposición para "negociar las reformas necesarias para garantizar el respeto de la voluntad popular” y la instalación de "un sistema electoral creíble, justo y transparente”.

También Estados Unidos envió a Managua a Michael McKinley, asesor jefe del Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se reunió con Ortega bajo un total hermetismo. La embajada norteamericana informó escuetamente que el emisario llegó a "recalcar el continuo apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, el retorno a la democracia y la protección de los derechos humanos”.

"A Ortega le han ofrecido puentes de oro para salir del poder y los ha rechazado, porque este es un régimen autárquico y autista”, opinó Mauricio Díaz, quien no cree en un cambio de gobierno a corto plazo.

Para el ex guerrillero Hugo Torres, general retirado del Ejército y que formó parte del primer gobierno sandinista (1979-1990), la expulsión de la IS "es un golpe muy fuerte, por el hecho de que viene de una organización a la que el FSLN perteneció durante décadas y le confería prestigio mundial”.

"¿Qué respuesta darán ahora? ¿Acusarán a la IS de ser terrorista y pro-imperialista, como dicen de quienes toman distancia del régimen? ¿Dirán que se vendió al imperio yanqui o al colonialismo europeo?”, declaró a DW Torres, vicepresidente del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS, centroizquierda).

Consideró que esta decisión, sumada a la visita de los eurodiputados que pudieron constatar la situación terrible de los presos políticos en las cárceles, y unida a las resoluciones de la CIDH, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aumentará el aislamiento de Ortega en el exterior”.

En su opinión, también hará reflexionar a los líderes de gobiernos y partidos de América Latina que respaldan a Ortega, algunos de los cuales son parte "de una izquierda estalinista y atrasada” que se niega a reconocer el fondo de la crisis.

"Ideologizar la crisis de Nicaragua es un craso error, porque aquí la contradicción no está entre derecha e izquierda, sino entre dictadura y democracia, entre violación de derechos humanos y respeto a la libertad”, destacó.

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(er)