No es que la furia de la naturaleza haya encontrado desprevenido a Perú. Sin embargo, los peruanos no dejan de pensar que el verano pudo ser más suave, dice Francesca García, periodista del diario local El Comercio. En la última semana, García estuvo informando desde la ciudad norteña de Lambayeque, una de las regiones más afectadas por el alud. "La situación allí es terrible, miles de personas han quedado, literalmente, en las ruinas de sus casas", explica la reportera.

 

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Todos los años ocurren inundaciones en el país, desde el oeste en los Andes hasta la costa del Pacífico. Unos más fuertes que otros. A veces ocurren en una región, la próxima vez en otra. "La magnitud de las lluvias no se pudieron predecir y eso, por supuesto, no es culpa del Gobierno", dice García. Sin embargo, “las consecuencias no deberían ser tan devastadoras", precisa.

El cuestionado presupuesto de prevención

García y sus colegas han estado investigando, desde hace mucho tiempo, el presupuesto estatal para la prevención de catástrofes. No solo las inundaciones son un peligro para el país. Perú se ubica –como toda la cosa oeste del continente americano, del este asiático y Oceanía – en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico.  Y la tierra puede temblar en cualquier momento, los tsunamis inundar la costa y los volcanes erupcionar.

Tampoco el Gobierno peruano le dio la importancia necesaria. El presupuesto de prevención de catástrofes para 2017 había sido previsto en 1,1 mil millones de soles (320 millones de euros). Sin embargo, según las investigaciones de García, en los primeros tres mes se ha usado menos del 11 por ciento, es decir, casi la mitad de lo que estaba disponible.

También en 2016, las autoridades locales utilizaron solo el 75 por ciento del dinero presupuestado para la prevención. En Lambayeque y Piura, afectados severamente por el desborde de ríos, se llegó a usar sólo dos tercios. Un dinero que hubiera evitado algunos daños, según García.

La burocracia imperante

No hay duda de que el Estado pudo haber hecho más, y así lo reconoce, incluso, el primer ministro Fernando Zavala. En una reunión especial del Consejo de Ministros en Piura, el lugar de la catástrofe, enfatizó que “debemos hacer más a nivel local, regional y central". De esta forma, hizo referencia al sistema de trabajo de las autoridades locales, debido a que la prevención de catástrofes en Perú no está organizada de forma integral. Dependiendo de la magnitud de un desastre natural, el alcalde de una ciudad, la autoridad regional o el Gobierno central en Lima es responsable. Exactamente por este tipo de obstáculos burocráticos, resume el periódico El Comercio, no se aplicaron las medidas previstas.

El ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien también tiene en su competencia parte de la prevención, fue más allá y habló abiertamente en una entrevista televisiva sobre la corrupción que existe a nivel local y regional, como por ejemplo cuando el alcalde emite permisos para construir viviendas en las riberas de ríos o en lugares temporalmente secos: "Aquí no invade el río la ciudad, sino la ciudad entra en el río”.

Dilema político

Ahora es el momento de frenar el daño. Parte de la oposición ha pedido al Gobierno que se cancelen los Juegos Panamericanos, que Lima debe organizar en 2019, y que ese dinero sea invertido en la reconstrucción de las ciudades afectadas.

El Gobierno ha rechazado ese pedido. Y es comprensible, según Sebastián Grundberger, jefe de la Fundación alemana Konrad Adenauer en Perú. "El país tiene suficientes fondos para hacer ambos gastos", apunta Grundberger, e insinúa que con este pedido se quiere poner mayor presión sobre la actual administración. Una situación difícil para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tiene que gobernar con una minoría en el Parlamento. Estas presiones políticas, según Grundberger, no tienen sustento en este momento: “En esta situación, el país debería estar unido”.

De acuerdo con cifras oficiales, 75 personas han muerto y más de 300 han quedado heridas. Alrededor de 100.000 personas han quedado sin hogar, y muchos de ellos han perdido todo. En total, más de 600.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones. Probablemente, todo el país sienta más adelante las consecuencias de este desastre.  

Jan D. Walter (CT/DZC)