En un evento nunca antes visto en México, siete artefactos explosivos colocados en un camino de Tlajomulco, en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco, explotaron la noche del 11 de julio pasado. El acto terrorista causó la muerte de cuatro servidores públicos y dos civiles, y causó lesiones graves a 14 personas, entre ellas, tres menores de edad.

Desde la semana pasada, un grupo del FBIy de la Agencia de Alcohol, Tabaco Armas y Explosivos (ATF) llegaron al lugar de los hechos para comenzar una indagatoria. De acuerdo a servidores públicos de la contraparte mexicana que participan en la indagatoria se ha descubierto que, detrás de lo que las agencias norteamericanas denominan "ataque terrorista”, estarían elementos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), consideradas por el gobierno de Estados Unidos como grupo terrorista, en complicidad con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo a las fichas de la investigación que he recabado para esta colaboración en DW, uno de los principales sospechosos del atentado en Tlajomulco es Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma", nacido el 19 de junio de 1986, en Cali, Colombia. Las fichas señalan que está establecido en Puerto Vallarta, Jalisco, y trabaja para el CJNG, específicamente para Juan Carlos Valencia González mejor conocido como "Pelón” y "03", hijastro de Nemesio Oceguera Cervantes, líder del grupo criminal.

"La Firma" sería el contacto entre las FARC-EP y CJNG, y habría traído a México operadores expertos en fabricación de artefactos explosivos.

¿Terroristas en México?

Las FARC fue un grupo que nació en Colombia en 1966 como guerrilla contra insurgente. Cometieron masacres y secuestros. En los años 80, el grupo recurrió al tráfico de droga para financiar sus actividades armadas. Durante años fueron proveedores de cocaína del Cartel de Sinaloa y a cambio recibían millones de dólares o armas para continuar ejerciendo la violencia en ese país.

Una de las prácticas comunes de dicho grupo era el uso de armas no convencionales, como artefactos bomba,  y minas antipersona. Desde 1997 fue declarado por el gobierno de Estados Unidos como un grupo terrorista, con todo lo que ello implicaba.

En 2016 comenzó en Colombia un proceso de pacificación y desmovilización. Se supone que, en 2017, una buena parte de los integrantes abandonaron la guerrilla y crearon un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En noviembre de 2021, como parte de ese proceso de paz, el gobierno de Estados Unidos retiró de la lista de organizaciones terroristas a las FARC, pero ha mantenido en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras a una disidencia de las FARC llamada  FARC-EP, liderada por  Miguel Santanilla Botache alias "Gentil Duarte".

"La razón de la medida es por haberse negado a desmovilizarse y estar involucrados en actividades terroristas responsables de los asesinatos de miembros de las FARC y líderes comunitarios", señala el comunicado del gobierno de Estados Unidos emitido en noviembre de 2021.

La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)  señaló que "todos los bienes e intereses en bienes de estos grupos e individuos deben ser bloqueados".

Sobre las explosiones en Tlajomulco se señala que "La Firma", en acuerdo con el CJNG, habría traído gente de Colombia, experta en la fabricación de explosivos y perteneciente a FARC-EP, a México.

CJNG opera en Colombia

Independientemente de las indagatorias del FBI y ATF, los nexos  del CJNG con grupos armados terroristas en Colombia están documentados. La organización de tráfico de drogas mexicana opera en ese país al menos desde 2018, de acuerdo a una investigación que he realizado durante meses, como parte de mis indagatorias para entender la dinámica del crimen organizado en México y su poder.

Documentos internos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a los que tuve acceso, señalan que han detectado la operación del Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia. En 2021 decomisaron bienes relacionados con dicha organización  ubicados en Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander, Guaviare y la ciudad de Bogotá

Otro informe clasificado del gobierno de Colombia al que tuve acceso afirma:

"Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) son los grupos armados surgidos de las FARC-EP, guerrilla desmovilizada en 2016, cuyos miembros no se acogieron a los acuerdos de paz y volvieron a las armas, conformando estos grupos. Se conocen como disidencias de las FARC-EP y, aunque tienen el mismo origen insurgente, varias están enfrentadas entre sí por control territorial de actividades ilegales, incluso algunas trabajan con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organizaciones criminales de México, que desde 2018 buscan apoderarse de la producción y distribución de cocaína en el país, desde el cultivo de hoja de coca".

En otro informe se reporta que el 4 de mayo de 2022 en Tumaco, Colombia  se detectó la incursión del CJNG: "Se determinó mediante un video publicado por esta nueva organización delincuencial, quienes determinan que estarían haciendo presencia en área rural del municipio de Tumaco, aducen que se enfrentaran a otras estructuras, igualmente se observa gran cantidad de armas de fuego, chalecos, entre otros".

Si se concatena esta información con las investigaciones del FBI y ATF, los hechos en Tlajomulco son más complejos de lo que parecen.

Operadores

De acuerdo a las investigaciones sobre la explosión de las siete bombas en Jalisco, también estarían involucrados Francisco Javier Gudiño Haro, alias "La Gallina" a quien se señala de formar parte del CJNG, y a quien se le ubica en la zona de Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta.

Por esos hechos también se investiga a Julio César Montero Pinzón, quien funge como "secretario particular" de Juan Carlos González Valencia.

La embajada de Estados Unidos en México emitió el 17 de febrero de 2022 un comunicado en el que se informa que el departamento del Tesoro emitió sanciones contra el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma" y "La Gallina", porque lideran un grupo del CJNG establecido en Puerto Vallarta "que ha ayudado a orquestar asesinatos de rivales y políticos utilizando gran poderío armado".

La Secretaría de la Defensa Nacional, en un reporte de inteligencia realizado sobre el municipio de Tlajomulco, Jalisco, fechado en octubre de 2021, afirma que es una localidad "con importantes corredores para el tráfico de drogas y armas provenientes de los estados colindantes. Hasta el momento el Cartel de Jalisco Nueva Generación ha mantenido su hegemonía en el lugar y es el único cartel que maneja el mercado de las drogas en las colonias de Tlajomulco".

Se multiplica poder de CJNG y Cartel de Sinaloa

El fortalecimiento del crimen organizado en México durante el laxo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esa materia, ha tenido impacto en Centro y Sudamérica. El resultado es matemático: entre más tolerancia, entre menos combate estratégico contra los carteles de la droga, mayor capacidad de expansión.

De acuerdo a la información que he recabado durante varios meses en Colombia, se ha extendido la operación del CJNG y el Cartel de Sinaloa, tanto las facciones de Ismael "El Mayo" Zambada, como de "Los Chapitos", liderada por Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

Dichas organizaciones mexicanas no solo compran la cocaína que se produce en Colombia sino que tienen presencia territorial en algunas regiones claves de producción y tráfico de dicha droga hacia México y Europa.

Existen documentos del gobierno de Colombia donde se señala que el CJNG paga la droga en dólares, o incluso con armamento, lo que ayuda a los grupos armados locales a tener más poder y a extenderse territorialmente.

No es absurdo pensar que, así como los grupos criminales de México se han desplazado a Colombia y operan territorialmente, grupos colombianos del tipo FARC-EP igual se han desplazado a México y operan allí.

Negligencia presidencial

Pese a los cada vez más graves problemas de violencia e ingobernabilidad en México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los ignora, minimiza, e incluso afirma que no existen.

En vez de realizar el empleo para el que fue contratado, ser presidente de todos los mexicanos y procurar justicia y paz, AMLO ocupa su tiempo, recursos públicos y esfuerzos en incidir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2024 atacando arteramente y con un discurso misógino y clasista  a la ingeniera Xóchitl Gálvez, de origen indígena, exitosa empresaria, quien aparece como una de las aspirantes más fuertes de la oposición para obtener la candidatura a la presidencia de la República.

Incluso en momentos como los vividos en Tlajomulco, AMLO antepone los intereses de grupo de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, a los intereses de las víctimas. No es la primera vez, pero es cada vez más inaceptable y escandaloso, y el costo social es mayor. 

Ante las explosiones,  el 12 de julio López Obrador se negó a clasificar el atentado con siete bombas como acto terrorista para "no dar entrada, no abrir la puerta para los ultraconservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos, para vulnerar nuestra soberanía”.

López Obrado,r frenético y ciego, camina sobre un país dinamitado. No se da cuenta que no camina solo, sino con más de ciento veinte millones de personas que, por su omisión cómplice, viven en un clima de violencia, muerte y desapariciones.

Sea quien sea el que gane las elecciones en 2024, ¿qué país va a recibir si el presidente de México prefiere defender los pírricos intereses de su grupo político a los de una nación?

Si las indagatorias confirman que efectivamente el acto terrorista ocurrido en Jalisco el 11 de julio fue perpetrado por miembros de las FARC-EP en conjunción con el CJNG, se puede prever una escalada de violencia, con episodios más graves y sangrientos, poniendo en mayor peligro a la población civil.