Según denunció recientemente la organización Amnistía Internacional, más de mil personas fueron ejecutadas en Irán​​​​​​ en tan solo los primeros nueve meses de 2025. Esta es la cifra más alta documentada en 15 años. En una declaración reciente, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo calificó como una "grave violación del derecho a la vida".

Los cargos que el poder judicial iraní considera suficientemente graves como para justificar la pena de muerte incluyen "colaboración con gobiernos enemigos", "rebelión armada contra el Estado" y "corrupción en la Tierra".

Desde la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, se ha producido un aumento significativo en el número de personas procesadas por estos cargos. El conflicto, que llevaba décadas latente, estalló en una guerra abierta cuando Israel atacó numerosos objetivos en Irán.

Desde entonces, las autoridades iraníes han intensificado la búsqueda de presuntos responsables del fracaso de las instituciones estatales.

Represión interna

"La guerra y las crisis políticas implican que se presta menos atención a las violaciones de derechos humanos", declaró a DW la abogada de derechos humanos y ganadora del Premio Sájarov, Nasrin Sotoudeh.

Sotoudeh, que vive en Teherán, lleva muchos años haciendo campaña a favor de los presos políticos. "Los líderes a menudo intentan disimular sus fracasos con medidas represivas internas", afirmó. "En las últimas décadas, hemos visto repetidamente que, tras sufrir un revés, la presión sobre las mujeres aumenta y el código de vestimenta se aplica con mayor rigor".

"En esta ocasión, la presión también recae sobre los refugiados de Afganistán, que han sido deportados masivamente, y sobre personas que ya estaban sujetas a procedimientos judiciales y que de repente enfrentaron nuevos cargos", agrega.

El caso de Rezgar Beigzadeh Babamiri

Un caso de gran repercusión es el del preso político kurdo Rezgar Beigzadeh Babamiri, quien se encuentra en prisión desde el 18 de abril de 2023.

"Mi padre fue arrestado por llevar suministros médicos a los heridos en la ciudad de Bukan durante las protestas nacionales de 2022, para apoyar el movimiento Mujer, Vida, Libertad", declaró a DW su hija Zhino Beigzadeh Babamiri.

Rezgar Beigzadeh Babamiri fue condenado a 15 años de prisión por cargos que incluían "reunión y colusión con la intención de socavar la seguridad nacional", "espionaje y colaboración con Estados enemigos" y "pertenencia a grupos ilegales".

Tras la guerra entre Irán e Israel en junio, fue acusado además de espiar para Israel y condenado a muerte. "Mi padre fue activista en las protestas de 2022. Siempre estuvo del lado de los manifestantes y lo ha expresado abiertamente", dijo su hija, que ahora vive exiliada en Noruega.

Junto con otras mujeres iraníes cuyos padres se enfrentan a la ejecución o ya han sido ejecutados, Zhino Beigzadeh Babamiri cofundó el grupo Hijas de la Justicia. "Nuestros esfuerzos no se limitan a los presos políticos o a quienes estamos convencidos de su inocencia, buscan la abolición total de la pena de muerte", explicó.

"Cuando los hijos de personas condenadas a muerte se ponen en contacto con nosotros e intentan con todas sus fuerzas convencernos de la inocencia de su padre, les digo que no es relevante", relata.

"Ninguna vida humana debe ser acabada por la ejecución. Por supuesto, quien comete un delito debe ser castigado, pero este castigo debe ser conforme a las leyes y los principios de los derechos humanos", señala.

Extensión de la pena de muerte

Las autoridades iraníes han usado la acusación de "atentar contra la seguridad nacional" como pretexto para ejecutar las penas de muerte con mayor celeridad. En junio, el presidente del Tribunal Supremo iraní, Gholam-Hossein Mohseni Eje'i, pidió abiertamente que los acusados ​​de "apoyar o colaborar con Estados enemigos", como Israel, sean juzgados sin demora y ejecutados.

El Parlamento iraní también ha aprobado leyes que amplían aún más la aplicación de la pena de muerte. En el futuro, cargos vagos como "colaboración con un Estado o grupo hostil" también podrán castigarse con la muerte y la confiscación de todos los bienes de la persona. Las autoridades de seguridad serán las que decidan qué constituye colaboración.

"La justicia solo puede garantizarse mediante la independencia del poder judicial", declaró Sotoudeh. "Pero nuestro poder judicial no es en absoluto independiente", lamenta.

(rr/lgc)