Partidarios y detractores de la ley de aborto vigente en Irlanda han salido reiteradamente a las calles en los pasados años. Las interrupciones del embarazo han estado siempre prohibidas en este país. Tras un referéndum celebrado en 1983, "el derecho a la vida del nonato” se consagró incluso en la Constitución irlandesa. La Octava Enmienda equiparó tal derecho del embrión con el de la madre. La práctica de un aborto puede significar para la mujer penas de hasta 14 años de cárcel.

¿Qué sucede si el embarazo es producto de una violación o si el feto es inviable? En ambos casos, la ley prohíbe el aborto, incluso si se ha producido un incesto. No obstante, las mujeres pueden abortar en el extranjero. Más de 3.000 irlandesas viajan cada año al exterior, con el objetivo de interrumpir un embarazo. La cifra superó las 170.000 entre 1980 y 2016. La gran mayoría de estas intervenciones se practican en Inglaterra. Muchas mujeres encargan también píldoras abortivas por correo, en forma ilegal.

El trágico origen de una excepción

Desde comienzos de 2014 se permite el aborto en Irlanda cuando peligra la vida de la mujer. De acuerdo con el Ministerio de Salud irlandés, 25 intervenciones de este tipo se levaron a cabo en clínicas en el curso de 2016, sobre la base de la "ley de protección de la vida durante el embarazo”, aprobada por el Parlamento en 2013. La amenaza para la vida de la madre contempla también el riesgo de suicidio.

En octubre de 2012, una mujer de 31 años murió después de que los médicos le negaran la posibilidad de un aborto. Savita Halappanavar sufrió una infección de la placenta en la 17° semana de embarazo, que derivó luego en una septicemia. Dado que el corazón del feto aún palpitaba, los médicos no intervinieron, remitiéndose a la prohibición legal. Sólo lo hicieron cuando dejó de latir. La mujer murió poco después debido a un envenenamiento de la sangre. Su caso provocó en Irlanda masivas protestas que forzaron al gobierno a reformar la ley.

Argumentos a favor y en contra

En el referéndum de este 25 de mayo se sometió a consulta la eliminación de la Octava Enmienda. Una asamblea ciudadana propuso como alternativa un proyecto de ley que contempla legalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. En casos excepcionales, por ejemplo si hay peligro para la vida de la madre, la intervención estaría permitida hasta las 22 semanas de gestación.

Los partidarios de la reforma han sostenido continuamente que las mujeres deben tener derecho a decidir sobre su cuerpo. Además, argumentaron que la protección constitucional del nonato no evita abortos, sino que fomenta el "turismo abortivo”. Un reporte de Amnistía Internacional afirmó que las mujeres eran tratadas como "máquinas de parir” y también la Comisión de Derechos Humanos de la ONU calificó en el pasado la prohibición del aborto de "cruel, inhumana y denigrante”, instando a Irlanda a modificar su legislación.

Los opositores al aborto subrayan la necesidad de defender la vida intrauterina. La sociedad no debe aceptar "que una persona tenga derecho a poner fin a la vida de otra”, argumentó el presidente de la Comisión de Bioética  de la Conferencia Episcopal irlandesa. Una declaración conjunta de los obispos indicó que aun en casos de violaciones o en situaciones difíciles, no hay que olvidar que "los niños son inocentes y tienen derecho a la mayor protección”.

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