“Esta cumbre pasará a la historia”, declaraba el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el 9 de diciembre de 2011. El triunfalismo ante el visto bueno de 26 Estados miembros de la Unión Europea a establecer una mayor disciplina presupuestaria y un control más estrecho del déficit no ocultaba la negativa de Gran Bretaña a participar en la llamada “Unión Fiscal”, pero sí ciertos problemas prácticos que se perfilaban en el horizonte de la misma.

Ya entonces se sabía que algunos socios podían encontrar dificultades a la hora de conjugar el acuerdo europeo con sus legislaciones nacionales. La probabilidad de que Irlanda tuviera que someter el pacto fiscal a referéndum se calculaba el 9 de diciembre de 2011 del 50%. Dublín quería contar con el texto definitivo antes de tomar una decisión. Ahora ésta ha sido dictada, y llama a los irlandeses a las urnas. Las consecuencias de un rechazo popular son impredecibles.

Sin garantías de contrapartida

A finales de 2010 tuvo que acudir Europa al rescate de Irlanda, cuyo sector bancario se encontraba en graves aprietos a causa de la crisis financiera. El país recibió 67.500 millones de euros. Esto, sin embargo, no garantiza el apoyo irlandés al pacto fiscal europeo en contraprestación. Ya cuando estaba entre los grandes beneficiados de la pertenencia a la UE frenó Irlanda en dos ocasiones los planes de Bruselas: la reforma del Tratado de Lisboa en 2008 y la entrada en vigor del de Nizza en 2001.

Además, hace dos años la mano se le tendió a cambio de exigencias. Aunque las protestas en la isla no han alcanzado dimensiones equiparables a las griegas, muchos perciben el trato como injusto y consideran que la factura no se le ha pasado a los verdaderos responsables del monto que contiene. Al igual que en otros lugares, el euroescepticismo crece en una tierra que ya mostraba tendencias hacia el mismo, y las encuestas de cara a la próxima consulta arrojan estrechas predicciones: un 40% de los ciudadanos estaría dispuesto a votar a favor de la armonización de las políticas fiscales europeas, un 36% en contra.

Los mercados y la democracia

Los resultados de los referendos de 2008 y 2001 recorrieron Europa como un sismo, y el continente no dejó de temblar hasta que los irlandeses aceptaron los tratados en una segunda votación. La situación ahora es más delicada porque esta vez juega el factor tiempo un papel fundamental. El pacto fiscal, alegan sus defensores, es en primer lugar una medida para tranquilizar a los mercados y devolver la confianza de estos en el futuro de la economía comunitaria. Nuevos ataques especulativos y rebajas en la calificación del riesgo no se descartan sin un compromiso por escrito con el ahorro y la buena fiscalidad.

Por otro lado, la democracia no entiende de notas de rating. La unión fiscal supone un trasvase de competencias a Bruselas si se le permite a ésta sancionar automáticamente a los miembros que no cumplan con lo firmado, y establecen las leyes irlandesas que tal cosa ha de ser sometida a referéndum. La fijación de un límite a la deuda pública en la Constitución -como demanda Alemania- significaría modificar la Carta Magna irlandesa, y también para ello dicen las normativas del país que el pueblo debe ser preguntado.

Esta semana esperaban los socios poder ratificar el acuerdo negociado en diciembre. La consulta irlandesa carece aún de fecha concreta, pero retrasará el proceso. Un “no” al pacto fiscal podría significar para la isla el abandono del euro. Los ciudadanos lo saben. Ahora tendrán que decidir.

Luna Bolívar/ dpa/ rtrd/ afpd

Editora: Emilia Rojas Sasse