A dos días de las elecciones en Paraguay, dos irregularidades podrían empañar la transparencia del proceso. Este viernes (19.04.2013), el Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE) expulsó a una funcionaria que operaba en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por presunta filtración de datos confidenciales.

Aparentemente, la funcionaria incumplió el reglamento que obliga a mantener secreto sobre la infraestructura y los sistemas informáticos implementados para las elecciones nacionales del domingo y pasó datos al Partido Demócrata Progresista (PDP) del Rafael Filizzola, compañero de fórmula del presidenciable liberal Efraín Alegre.

Esa acción, que supone una violación flagrante a la prescindencia que debe tener el organismo electoral, incrementa el clima enrarecido que impera en el país sudamericano, en especial por el cruce de acusaciones entre diversos partidos y el estallido de varios escándalos que afectan también a parlamentarios.

Senador suspendido por compra de votos

Para sumar más problemas, el senador del Partido Colorado, Silvio Ovelar, fue suspendido de su cargo por 60 días, acusado de intentar comprar votos para las elecciones. El Partido Liberal Radical Auténtico y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) se aliaron para adoptar esta decisión, en una asamblea extraordinaria convocada en forma urgente.

Ovelar aparece vinculado con "un caso de retención ilegal de cédulas de identidad de ciudadanos del Departamento de Caaguazú", al Este de Asunción, la capital, lo cual "configura un claro caso de inconducta", en los términos previstos por el artículo 190 de la Constitución. El hecho fue filmado por dirigentes liberales y el video difundido por todos los medios.

En su defensa, Ovelar dijo que en realidad él estaba preparando una celada para sorprender a los liberales, pero fue víctima de una trampa. Éste es el segundo legislador paraguayo envuelto en un escándalo en la última semana. El martes, el presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, de la Unace, fue apartado del cargo acusado de estar vinculado a una polémica venta de 5.742 hectáreas de tierras al Estado paraguayo por 11,5 millones de dólares.

DZC (dpa)