La decisión de las autoridades palestinas de unirse a 16 acuerdos e instituciones internacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional de La Haya, tuvo sus primeras repercusiones este sábado (03.01.2015), cuando Israel decidió retener unos 106 millones de euros de impuestos que debía transferir a la Autoridad Nacional Palestina. Ese dinero es fundamental para el funcionamiento del aparato estatal en Gaza y Cisjordania.

Israel cobra los impuestos a nombre de la Autoridad Nacional Palestina y luego los transfiere, según un acuerdo alcanzado en los noventa. Altas fuentes del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmaron a diversas agencias de noticias que la medida es una venganza por la decisión adoptada por los palestinos, que ven en su inclusión en La Haya el paso previo para exigir el juicio de altos dirigentes israelíes.

“Los fondos para el mes de diciembre debieron ser transferidos el viernes, pero se decidió detener el proceso como parte de la respuesta al movimiento de los palestinos”, dijo una fuente no identificada al diario israelí Haaretz. El primer ministro palestino, Rami Hamdallah, se había quejado el viernes de que el dinero no había llegado y que esto haría muy difícil pagar los salarios de los funcionarios públicos.

Ofensiva judicial

El negociador jefe de los palestinos, Saeb Erakat, dijo a la agencia AFP que esta decisión israelí “es un nuevo crimen de guerra, pero no nos amedrentaremos ante estas presiones”. No es primera vez que Israel demora los pagos como señal de malestar. Ocurrió en 2012, luego de que la ONU reconociera a Palestina como estado no miembro. Y antes, en 2011, en dos ocasiones, tras un acuerdo de Mahmud Abbas con Hamas y tras ser aceptados en Unesco.

Además del congelamiento de los fondos, un funcionario israelí dijo que el Estado hebreo está “evaluando la posibilidad de presentar un caso de gran escala en Estados Unidos y otros lugares” contra el presidente Abbas y otros responsables palestinos de alto rango. Israel probablemente presentaría estos casos a través de grupos no gubernamentales y organizaciones legales capaces de presentar demandas en el exterior, dijo un segundo funcionario israelí

DZC (EFE, AFP)