Pese a un acuerdo de última hora entre los miembros de la dispar coalición para prorrogarla seis meses en lugar de un año, la abstención de dos diputados del partido árabe Raam y la oposición de uno del ultranacionalista Yamina -del primer ministro Naftalí Benet- puso en evidencia las desavenencias ideológicas.

El texto, aprobado en plena ola de violencia durante la Segunda Intifada (2000-2005) por "motivos de seguridad" y con carácter temporal, pero que ha sido prorrogado desde entonces, afecta a los palestinos de Gaza y Cisjordania casados con ciudadanos en Israel o residentes en Jerusalén Este, al impedirles optar por la reunificación.

La ministra de Interior de Yamina, Ayelet Shaked, negoció con el izquierdista Meretz y el islamista Raam reducir la extensión a seis meses, supervisarla e incluir la legalización del estatus de cientos de familias de los decenas de miles de afectados, que no convenció a todos los diputados de las formaciones del Gobierno, aunque por diferentes motivos.

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu calificó desde la oposición el acuerdo de "corrupto": "Benet y (el ministro de Exteriores, Yair) Lapid querían comprar dos votos de Raam a cambio de miles de personas que comprometerían la identidad sionista y la seguridad del Estado de Israel", dijo.

La ley, considerada discriminatoria, ha sido objeto de debate desde que se aprobara en 2003 y el propio titular de Exteriores, el centrista Lapid, reconoció este lunes (6.07.2021) que "es una de las herramientas diseñadas para garantizar la mayoría judía del Estado de Israel".

"Israel es el estado-nación del pueblo judío y nuestro objetivo es tener una mayoría judía. Además, la ley tiene importancia para la seguridad. El Shin Bet (servicio interior de inteligencia) presentó datos según los cuales si esta ley no se aprueba hoy (lunes), habrá un daño sustancial a la seguridad de Israel", declaró durante las negociaciones.

La sesión parlamentaria se extendió toda la madrugada y el Likud de Netanyahu, ahora en la oposición, votó en contra y propuso convertir la medida en una Ley Básica, con rango constitucional. El partido "exige al gobierno que haga el acto sionista necesario y correcto que goza de una gran mayoría en la Kneset y apruebe la ley fundamental de inmigración de inmediato. La ley es una solución integral y real al desafío de unir familias, infiltrados y migrantes ilegales", instó Netanyahu.

La ley, que expiró hoy, afectaba a decenas de miles de matrimonios entre un palestino con ciudadanía o residencia israelí y otro de Gaza o Cisjordania, dado que el porcentaje de bodas entre árabes y judíos es ínfimo.

rml (efe, afp)