El Palacio de la Paz, un ornamentado edificio de ladrillo rojo ubicado en La Haya que alberga a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), está muy lejos de las calles bombardeadas de Gaza o de los kibutz israelíes arrasados el 7 de octubre.

Pero el jueves y el viernes recién pasados su Gran Sala de la Justicia se trasladó a Israel y a los Territorios Palestinos Ocupados. Los equipos jurídicos de Israel y Sudáfrica presentaron ante los jueces del máximo tribunal de la ONU imágenes contrapuestas de la ofensiva militar israelí en Gaza.

Sudáfrica acusó a Israel de llevar a cabo un genocidio contra la población palestina de Gaza con su campaña contra Hamás, el grupo terrorista que controla la densamente poblada franja.

Por el otro lado, Israel negó vehementemente esas afirmaciones y acusó a Sudáfrica de presentar una realidad profundamente distorsionada. Las acciones de las Fuerzas de Defensa israelíes debían entenderse en el contexto de una guerra y como autodefensa israelí contra Hamás, clasificada por EE.UU., la UE y otros países como organización terrorista, subrayó Israel.

Audiencias cargadas de tensión dan inicio a un largo proceso

Sudáfrica, cuyos gobiernos mantienen desde hace tiempo vínculos con la causa palestina y condena con frecuencia a Israel, presentó su demanda a finales de diciembre de 2023. El país también solicitó a la CIJ las llamadas "medidas provisionales" que ordenarían a Israel detener su campaña inmediatamente y permitir la entrada de más ayuda humanitaria, entre otras cosas.

Israel pide a la CIJ, por su parte, que desestime el caso presentado por Sudáfrica, así como las medidas provisionales.

La sentencia de la CIJ sobre si Israel puede ser considerado culpable en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, que se aplicó tras el asesinato masivo de millones de judíos europeos por la Alemania nazi en el Holocausto, podría tardar meses, si no años. Si bien el fallo sobre las medidas provisionales podría producirse en unas semanas, no está claro cómo podría obligar la CIJ a Israel a suspender su campaña en caso de que los jueces se pusieran de parte de Sudáfrica.

El mundo debería avergonzarse por lo que ocurre en Gaza

El jueves, Sudáfrica levantó ampollas contra el intenso bombardeo israelí de tres meses de duración, cuyo objetivo declarado es acabar con la capacidad militar de Hamás.

Más de 23.000 palestinos muertos, el 70 por ciento de ellos mujeres y niños, cerca de 60.000 heridos y miles más desaparecidos, presuntamente muertos, resumió la abogada Adila Hassim, citando en su declaración cifras de las autoridades gazatíes y de Naciones Unidas. El 85 por ciento de la población desplazada, una de cada cuatro personas hambrientas y franjas de edificios arrasados, continuó.

El equipo jurídico sudafricano también intentó demostrar que el gobierno israelí tenía la denominada "intención genocida", citando a funcionarios y vídeos de soldados israelíes, presentando la actual campaña militar como parte de décadas de ocupación y opresión.

En representación de Sudáfrica, Blinne Ní Ghralaigh declaró ante la CIJ que lo que estaba ocurriendo en Gaza era "el primer genocidio de la historia en el que sus víctimas retransmiten su propia destrucción en tiempo real con la desesperada y hasta ahora vana esperanza de que el mundo pueda hacer algo".

"Cada vez está más claro que enormes zonas de Gaza, ciudades enteras, pueblos y campos de refugiados están siendo borrados del mapa", afirmó el abogado irlandés en las declaraciones finales del equipo. "No hay ningún espacio seguro en Gaza y el mundo debería avergonzarse por ello".

Israel: detenerse permitiría a "Hamás salirse con la suya”

El viernes llegó el turno de Israel para defenderse. En esencia, los abogados israelíes argumentaron que las acciones de su país en Gaza no eran genocidas, sino actos de guerra acordes con el derecho internacional para defender a la población tras lo ocurrido el 7 de octubre.

"Israel está en una guerra de defensa contra Hamás, no contra el pueblo palestino", declaró al Palacio de la Paz Tal Becker, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Fue Hamás quien tuvo abiertamente intenciones genocidas contra los judíos israelíes, y no al revés, dijo Becker, mostrando imágenes gráficas y grabaciones de voz del asalto de Hamás en el sur de Israel, cuando los militantes mataron a 1.200 personas y tomaron a 240 rehenes. "Torturaron a niños delante de sus padres y a padres delante de sus hijos, quemaron vivas a personas, incluidos bebés, y violaron y mutilaron sistemáticamente a decenas de mujeres, hombres y niños", declaró Becker.

Las medidas provisionales solicitadas "frustrarían el derecho inherente de Israel a defenderse, para permitir que Hamás no sólo se salga con la suya en sus asesinatos, sino que deje a Israel indefenso mientras Hamás sigue asesinando", argumentó Becker.

Además, el equipo de defensa de Israel acusó a Sudáfrica de actuar como portavoz de Hamás, de eximir al grupo de su responsabilidad en la difícil situación de los civiles de Gaza y de deslegitimar la existencia del Estado judío, fundado tras el Holocausto.

"Es casi como si no existiera un conflicto armado intenso entre las dos partes. Como si no hubiera una amenaza grave para Israel y sus ciudadanos, sino que sólo un asalto israelí a Gaza", afirmó Becker.

El resultado final no está claro, según expertos jurídicos

El caso ante la CIJ puede presentarse porque tanto Sudáfrica como Israel son signatarios de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Este tratado internacional obliga a sus signatarios a prevenir y castigar el delito de genocidio, definido como ciertos "actos destinados a destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Pero, tal y como explicaron expertos jurídicos a DW, existe un umbral muy alto para establecer la existencia de genocidio a ojos de la ley. "Es muy difícil establecer lo que se denomina intención genocida", dijo Michael Becker, del Trinity College de Dublín. "La cuestión de si existe el nivel de intencionalidad requerido es difícil de demostrar ante un tribunal".

Yuval Shany, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo a DW que el equipo jurídico sudafricano "había hecho un buen trabajo al presentar sus argumentos". "Han indicado que los civiles palestinos en Gaza se enfrentan a amenazas y daños muy significativos", dijo, y también hicieron uso de comentarios de funcionarios israelíes que "parecen calificar como discurso de odio o incluso llamadas al genocidio".

No obstante, Shany también ve fallos significativos en el caso contra Israel. "El genocidio es una acusación muy difícil de sustanciar, y en este caso no se ha abordado casi en absoluto el hecho de que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un estado de guerra", afirmó. Si la CIJ concede medidas provisionales, éstas "podrían tener un impacto sobre el terreno en tiempo real", añadió.

(mn/dz)