El Gobierno italiano pretende posponer un año los efectos de una ley que prohíbe la escolarización de niños que no hayan sido vacunados. Una situación que genera incertidumbre entre los directores de centros educativos a solo un mes del inicio del año escolar.

Actualmente en Italia rige un decreto promovido en 2017 por la anterior ministra de Sanidad, Beatrice Lorenzin, que establece la obligación de suministrar diez vacunas a los niños de entre 0 y 6 años para que sean aceptados en escuelas y guarderías. Esta medida trataba de poner coto a una situación alarmante, ya que en 2017 se registraron 5.402 casos de sarampión en Italia, incluidas  4 muertes.

Según la ley vigente y para evitar contagios, los padres deben aportar un certificado que demuestre que los pequeños han sido inmunizados del tétanos, la polio, la difteria, la hepatitis B, la tos ferina, la Haemophilus B, el sarampión, la rubeola, las paperas y la varicela, todas gratis. Sin embargo, esto parece destinado a cambiar con la llegada del nuevo Gobierno de los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, en el poder desde el pasado 1 de junio.

El Senado aprobó el pasado viernes 3 de agosto un decreto que retrasa el curso de la imposición de vacunas, y que ahora deberá ser refrendado en la Cámara Baja, donde el Ejecutivo cuenta con una mayoría holgada. El problema radica en que las clases comienzan en septiembre.

El presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela, Antonello Giannelli, explica a que esto "genera una situación de incertidumbre" pues deberán atenerse a la legislación que esté en vigor a fecha del 1 de septiembre. Si todo sigue así, con la prórroga a medio aprobar, Giannelli adelanta que pedirán el certificado de vacunación y, en caso de no aportarse, los menores de 6 años no podrán entrar en la escuela.

Por su parte, el Ministerio de Salud, guiado por Giulia Grillo, del Cinco Estrellas, envió una circular a los centros educativos en la que se indicaba que para este curso bastaría con que los padres dieran un certificado redactado por ellos mismos y no por un médico. Consistiría en un "autocertificado", válido en Italia para otros asuntos burocráticos, en el que garantizan que sus hijos están vacunados o en lista de espera para ello, algo que ha despertado numerosos recelos entre la comunidad escolar y sanitaria, una medida que también ha generado muchas críticas al considerarlo un "modo de eludir la obligación de vacunación". (efe)

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