Deutsche Welle: En su discurso ante la asamblea general de la ONU el 25 de septiembre del 2018, el presidente guatemalteco Jimmy Morales acusó a la CICIG de haber “llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala” y de haber “montado un sistema de terror”. Son alegaciones muy fuertes. ¿Qué le responde Ud. al presidente?

Iván Velásquez: En realidad, no hemos dado ninguna respuesta. Esta se ha hecho muy evidente por quiénes son aquellos que dicen que la CICIG los aterroriza. Y son, en general, los corruptos que temen la acción de la Justicia. Entonces, cualquier acción de la CICIG que esté apoyando al Ministerio Público les infunde este miedo, porque no pueden manipular las investigaciones, como era lo usual en el país. Esa es una de las importancias de la presencia de la CICIG en Guatemala: la de fortalecer al Ministerio Público, no sólo desde el nivel técnico, sino también en respaldarlo para que actúe con la independencia que ha revelado en los últimos años.

Cuando usted estaba en Nueva York a principios de septiembre, Jimmy Morales le prohibió su regreso a Guatemala. Días después, la Corte de Constitucionalidad le ordenó que permitiera su ingreso al país, pero el presidente ha dicho públicamente que no acataría la resolución. ¿Ya se quebró el Estado de derecho en Guatemala?

Resulta muy grave que un presidente de la República, que es el primero llamado a acatar las decisiones judiciales y defender el Estado de derecho, asuma una actitud de esta naturaleza. Se puede disentir de decisiones judiciales, pero no se puede llamar a la disobediencia de estas decisiones judiciales. Ni los particulares ni los funcionarios están llamados a valorar cuáles decisiones judiciales acatan y cuáles no acatan, y por sí misma, una decisión judicial tiene que tener el peso suficiente para que sea acatada por todos. Decir, como lo ha hecho el presidente Morales, que hay decisiones ilegales del máximo órgano constitucional del país, y, porque él cree que son ilegales, no las acata, me parece una afrenta muy grave al Estado de derecho.

Usted cuenta con el respaldo institucional del secretario general de las Naciones Unidas y el respaldo legal de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. De todas formas, no se ha presentado en el aeropuerto de Guatemala para tratar de ingresar al país. ¿Por qué?

Una razón inicial es que siempre hemos evitado la confrontación. El presidente Morales ha querido personalizar esta situación actual en el país, y para mí, esto no es un problema personal. Esto es un problema que tiene que ver con luchar contra la corrupción, y de las formas en cómo los grupos que se han visto afectados por esta lucha contra la corrupción han decidido enfrentarse a la CICIG para tratar de frenar las investigaciones y las actuaciones judiciales.

Tras la decisión del gobierno de Guatemala de prohibir su ingreso al país, ha tenido que trabajar desde Nueva York y Bogotá. ¿Es posible dirigir la CICIG desde el extranjero?

La única dificultad es el contacto directo cotidiano con tantos actores en el país, que, sin embargo, también lo hemos venido solucionando a través de reuniones virtuales. Se producen ciertas dificultades, pero no la imposibilidad de hacer el trabajo. Y prueba de esto es que desde mi imposibilidad de entrar a Guatemala se han judicializado tres o cuatro investigaciones, lo que muestra que la comisión ha seguido trabajando. 

EE. UU. ha exigido una "CICIG renovada" con una rendición de cuentas más frecuente ante los donantes internacionales y con el nombramiento de un comisionado adjunto. ¿Por qué?

Durante mi gestión, la CICIG ha tenido una comisionada adjunta por un tiempo, que luego renunció para asumir un cargo en su país, entonces no es algo extraño. En las circunstancias de ahora, resulta también mucho más aconsejable para que el comisionado o la comisionada adjunta esté directamente en Guatemala al frente de las relaciones constantes que la CICIG mantiene con todos los actores sociales en el país.

¿Ya se nombró a esta persona?

El proceso de selección está prácticamente concluido. Su designación la debo hacer en las próximas semanas. 

Para nombrar a esta persona, ¿se busca un consenso entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala? 

No, esta es una decisión de Naciones Unidas. La designación del comisionado adjunto le corresponde, como la de cualquiera de los demás funcionarios de la CICIG, al comisionado. Lo que ha dicho el secretario general de la ONU es que, una vez designado el comisionado adjunto o la comisionada adjunta, se le comunicará al gobierno de Guatemala, pero no es precisamente para una ratificación, dado que no está prevista la figura del beneplácito para el comisionado adjunto.

En Guatemala hay quienes dicen que la actual fiscal general, María Consuelo Porras, tiene un papel muy ambiguo en cuanto a la lucha contra la corrupción. ¿Cuál ha sido su experiencia con ella?

Hemos presentado, junto con los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, los casos y las investigaciones que se vienen adelantando a la señora fiscal general para su conocimiento y aprobación. Todos los casos que se le han presentado han recibido la aprobación de ella, y es una aprobación que tiene que ver con el contenido de la acusación o de la imputación, pero también con el contenido probatorio. Hasta el momento, llevamos más de diez casos que han sido revisados y aprobados por la señora fiscal general.

Sin embargo, ella no abrió investigaciones en contra de Jimmy Morales cuando el presidente dijo que no acataría la resolución de la Corte de Constitucionalidad con respecto a su ingreso al país, aunque hay quienes argumentan que sí lo podría hacer, porque el delito de desobediencia ya se consumó en el grado tentativo.

Creo que ella podría actuar. Ella considera que debe recibir también alguna comunicación de la Corte de Constitucionalidad, y estamos en la situación en que estamos.

Jimmy Morales argumenta que no quiere renovar el mandato de la CICIG porque la comisión ya lleva más de diez años en Guatemala. ¿Por qué no es tiempo todavía para que la CICIG se retire?

Creo que no se ha alcanzado un nivel suficiente de fortalecimiento institucional. En esto hay una responsabilidad de los gobiernos guatemaltecos, que tendrían que impulsar un gran proceso de reformas de la Justicia para que haya un proceso de selección de los magistrados de las altas cortes que permita designar a los más idóneos, y para que se elimine el sistema actual de elección de magistrados a través de comisiones de postulación con el Congreso de la República. Es necesario rediseñar la arquitectura del Poder Judicial, y eso sólamente lo pueden hacer los guatemaltecos a través de reformas constitucionales o legales que tienen que ser aprobadas por el Congreso guatemalteco. Eso no se ha visto. Guatemala parece que estuviera diseñada, en cuanto al sistema de Justicia, para propiciar la impunidad.

En el extranjero, usted ha recibido muchos premios y reconocimientos por su lucha contra la corrupción, como, por ejemplo, el Premio Nobel Alternativo. Sin embargo, en Guatemala, la comunidad internacional casi no se pronuncia con respecto a la situación de la CICIG. ¿Hace falta más presión internacional para que la lucha contra la corrupción continúe?

El gobierno ha pretendido intimidar a la comunidad internacional, y por eso tal vez no hay tantos pronunciamientos públicos, porque el gobierno ha asumido una actitud de confrontación. Sí es necesaria una mayor presencia de la comunidad internacional y una mayor presión, sobre todo en los momentos como ahora, en los que parece que hubiera una decisión de echar por el suelo todos los avances que se lograron a partir del año 2015.

(CP)
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