El grupo parlamentario La Izquierda ha solicitado al Gobierno del canciller alemán Olaf Scholz una explicación, en un documento con 24 preguntas, sobre la relación de Berlín con su socio comercial en el nuevo aeropuerto de Honduras. En concreto, la petición cuestiona la situación de los derechos humanos en el país centroamericano y la corresponsabilidad del Gobierno alemán en su rol como accionista.

El documento, publicado a finales de abril, detalla que la corporación Flughafen München GmbH (FMG) es propiedad del Estado Libre de Baviera (en un 51%), la República Federal de Alemania, representada por el Ministerio de Asuntos Digitales y Transporte (26%), y la ciudad de Múnich (23%).

Con la fundación de la filial "Munich Airport International" (MAI) en 2017, FMG amplió su oferta internacional en las áreas de consultoría, gestión de aeropuertos y formación e informes sobre servicios de apoyo para "50 aeropuertos en todo el mundo".

Empresario hondureño genera suspicacias

Uno de los clientes de FMG ha sido la corporación EMCO, a la que FMG asesoró en la exitosa licitación para la concesión de la construcción y operación del Aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, Honduras. El operador del aeropuerto terminado en 2021, que reemplazó al Aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, es la filial de EMCO "Aeropuerto Internacional de Palmerola” (PIA), que aún cuenta con el apoyo de FMG a través de servicios de consultoría y capacitación.

EMCO es propiedad del empresario hondureño Lenir Pérez, y de su esposa, Ana Facussé. Pérez es considerado uno de los magnates más poderosos del país y ha sido vinculado en repetidas ocasiones a casos de corrupción y a violaciones a los derechos humanos.

Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras mostró que la construcción del Aeropuerto de Palmerola fue financiada con fondos estatales por 125 millones de dólares, mientras que PIA, la filial del holding de Pérez, solo invirtió 87 millones de dólares. Sin embargo, según el CNA, el 69,4% de las ganancias van al inversionista privado.

Críticas de Xiomara Castro

Incluso la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien está en el poder desde noviembre de 2021, criticó en Twitter, poco tiempo después de asumir su cargo, que el Aeropuerto Palmerola se basaba en un contrato ilegal y estaba creando "un monopolio que cierra el aeropuerto de Toncontín (...). Ese contrato elimina competencia y será revisado y modificado en ley”.

Por otro lado, como propietario de dos minas de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras, Pérez también es considerado responsable, por la población de la región afectada de Tocoa, de los inmensos daños medioambientales causados por la extracción de hierro.

Desde hace años, activistas ambientales luchan para preservar el parque nacional, contra el acaparamiento de tierras para la extracción de hierro y contra la contaminación del agua potable en la zona, causados especialmente por una planta construida ilegalmente. La lucha de los activistas contra la minería de hierro a cielo abierto, que ya está privando a la población indígena de sus medios de subsistencia, ha venido atrayendo la atención internacional.

Represalias contra activistas

Según la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia de Múnich, en 2013, Lenir Pérez fue acusado de participar en amenazas e intimidaciones contra observadores internacionales de derechos humanos que habían apoyado a una comunidad que protestaba contra una de las minas de hierro del empresario. Los observadores de derechos humanos fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en una zona forestal.

Ese mismo año, doce hombres armados irrumpieron en la casa de Concepción Gutiérrez y la amenazaron de muerte porque se negaba a vender su terreno a la empresa de Lenir Pérez.

En 2018, el empresario compareció como querellante adjunto en un juicio contra ocho defensores del medio ambiente de la región de Tocoa, en el que los activistas fueron condenados a prisión. A pesar de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó la detención como ilegal en 2021 y pidió su liberación inmediata, los activistas fueron liberados recién a principios de 2022, tras la presión nacional e internacional.

Todos estos hechos en Honduras, y el papel del empresario Pérez en ellos, así como sus relaciones comerciales con la corporación FMG, plantean cuestiones, según el documento de los parlamentarios izquierdistas alemanes, que también debe abordar el Gobierno alemán, que representa a la República de Alemania a través del Ministerio de Asuntos Digitales y Transporte como accionista en FMG. Y, por tanto, también comparte la responsabilidad de la cooperación con la empresa de Lenir Pérez, EMCO.

(cp)