Aymara Cuevas tiene apenas nueve años y ya pertenece a un grupo de niños y jóvenes que ha demandado al gobierno colombiano por no proteger la selva amazónica.

"Me uní a la causa porque el Amazonas es un lugar muy hermoso con agua y muchas especies de animales y plantas. Además, también viven tribus indígenas. Y cuando cortamos los árboles, los dejamos sin hogar”, cuenta la niña a DW.

Aymara es una de los 25 demandantes, 11 de los cuales son menores de 18 años, que emprenden acciones ante los tribunales del país. En abril de 2018, el grupo demandó con éxito al gobierno colombiano por no proteger la selva amazónica. Sin embargo, se han dado cuenta de que esta victoria fue solo el comienzo: un año más tarde, vuelven a pedir cuentas al gobierno, esta vez por no haber actuado de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo.

Progreso histórico

En la histórica demanda del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó que el Estado no había protegido los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente saludable y no había cumplido sus acuerdos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación, incluido el Acuerdo de París de 2015. La deforestación en la Amazonía, considerada como un importante sumidero de carbono, es conocida como la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia y, por lo tanto, detener la tala se considera vital para proteger el clima.

Michael Gerrard, director del Centro Sabin para el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, lo calificó como "uno de los juicios ambientales más sólidos que haya dictado un tribunal en cualquier parte del mundo”, por las detalladas órdenes que dio al gobierno. Entre ellas, dar voz a los grupos indígenas y a los jóvenes demandantes en los planes para reducir la deforestación y la creación de un "pacto intergeneracional” para proteger la Amazonía.

Un estudio reciente de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres reveló que se han presentado casos de cambio climático en al menos 28 países de todo el mundo, sin embargo, el caso de Colombia ha sido el primero de este tipo en América Latina, y fue acogido como un gran avance.

Transformando la ley en acción

Inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema hubo señales positivas por parte del gobierno. Se celebraron reuniones entre los ministerios gubernamentales y las partes interesadas que el tribunal había decidido que debían participar en los planes de protección del bosque. Pero en agosto de 2018, Iván Duque Márquez, del Partido Centro Democrático conservador, asumió la presidencia y las reuniones cesaron repentinamente.

Los jóvenes activistas han criticado la falta de avances en la implementación de la sentencia, así como los objetivos de deforestación del gobierno.

A pesar de un reciente comunicado de prensa del gobierno, afirmando que la deforestación disminuyó en un 10 por ciento el año pasado en comparación con 2017, los jóvenes activistas consideran que las 197.000 hectáreas taladas en 2018 son demasiadas. Ideam, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, calculó que si se mantienen las tasas de los últimos años, en 2020 el país se aproximará a las 315.000 hectáreas de bosque talado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 del gobierno de Duque establece como objetivo reducir esta previsión en un 30 por ciento, lo que los jóvenes demandantes consideran incongruente con la sentencia del tribunal de 2018. El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido responder a nuestra solicitud de comentarios. 

Los jóvenes están decididos a responsabilizar a su gobierno y han presentado un informe de incumplimiento ante el Tribunal de Bogotá, donde fue presentada originalmente su demanda.

Yurshell Rodríguez, una ingeniera ambiental de 23 años de edad que se encuentra entre los demandantes, dice que el fallo debe pasar ahora del "escritorio”, compromiso sobre el papel, a la política del mundo real. "En Colombia somos buenos en el escritorio”, critica. "Ya tenemos una de las mejores regulaciones ambientales del mundo, así que ahora tenemos que dejar la oficina y salir a la calle”, señala.

Atestiguando el cambio climático

Rodríguez se unió a la acción legal después de comprobar de primera mano los efectos del cambio climático en la isla de Providencia, donde nació y creció. "Nuestros abuelos han sido testigos de cómo se ha ido desplazando la playa y recuerdan cómo solía haber casas donde ahora hay mar”, cuenta a DW.

Siendo Rodríguez una adolescente, Providencia fue golpeada por el ciclón tropical Beta.

"El huracán se llevó todo, arruinó nuestras casas y tuvimos que ir a vivir a un refugio”, recuerda. Ahora teme que el cambio climático pueda hacer que estos desastres sean mucho más frecuentes.

Aunque muchos se muestran decepcionados por la falta de acción tras el histórico veredicto legal, los expertos subrayan que el fallo ha tenido un impacto positivo en el discurso público de Colombia sobre el clima.

"Esta acción legal ha abierto un camino para el seguimiento de las instituciones involucradas y ha atraído la atención del público y de la sociedad como nunca antes, lo que no será tan fácil de ignorar”, dice Carolina Gil, directora del Equipo de Conservación Amazónica de Colombia, cuya labor es proteger los bosques tropicales en colaboración con las comunidades locales.

Sensibilización

Además, los jóvenes activistas señalan que la atención de los medios de comunicación ha abierto un espacio para comunicar sobre la importancia de la selva tropical de Colombia, tanto para el planeta como para los propios colombianos.

"La Amazonía es un lugar muy lejano en la imaginación de los colombianos porque está lejos de las ciudades y poblada en su mayoría por indígenas”, cuenta Gabriela Eslava, una abogada de Bogotá que con 27 años es una de las más veteranas del grupo de demandantes. "Este pleito ha ayudado a explicar a la gente de Bogotá, en la región de los Andes, que el acceso al agua en la capital solo es posible gracias a la selva amazónica”, explica.

El cambio climático todavía no es una preocupación tan popular en Colombia como lo es en otras partes del mundo. El movimiento Viernes para el Futuro (del inglés, “Fridays for Future”), que ha dado lugar a protestas de niños y jóvenes por todo el mundo, en Colombia ha atraído a cantidades de personas mucho más pequeñas que en Europa y América. Pero los demandantes también se unieron a la huelga. Con la ayuda de las ONGs, aprovecharon la ocasión de la Primera Huelga Climática Global del 15 de marzo para reunir más de 90.000 firmas para protestar contra los objetivos de deforestación del PND de Duque.

Un movimiento social que gana impulso

Los jóvenes activistas no solo luchan por el cambio en los tribunales, sino también en las calles de sus pueblos y ciudades. Cuevas se ha convertido en portavoz de las huelgas escolares en su ciudad natal de Medellín. "Me gusta que seamos nosotros quienes les decimos a los adultos que no dañen nuestro planeta, porque en el futuro será nuestro y ya no de ellos”, cuenta a DW.

Cuevas y Acxan Duque, también de nueve años de edad, tratan de crear conciencia, enseñando a sus compañeros sobre problemas ambientales a través de talleres y proyectos comunitarios.

Asimismo, mientras los jóvenes activistas esperan una respuesta del Tribunal de Bogotá, trabajan en propuestas para el pacto intergeneracional, incluyendo una cátedra obligatoria sobre cambio climático en las escuelas y una aplicación que muestre la deforestación amazónica en tiempo real.

Según Eslava, los demandantes saben que tienen una larga lucha por delante. Pero también cree que un sector creciente de su país está de su lado. "Creo que el fallo ha sembrado una semilla que convertirá la lucha contra el cambio climático en uno de los movimientos sociales más importantes de nuestra generación en Colombia”, concluye.

(ar/er)

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