La lucha ciudadana contra el cambio climático ha dejado las calles para instalarse en los tribunales. En diversos lugares del mundo, numerosos casos están incrementando esta tendencia que cuenta ahora con un logro histórico en la región. Un grupo de 25 jóvenes, de los 17 departamentos más afectados por el cambio climático en Colombia, denunció la falta de acción del gobierno en la deforestación de la Amazonía.

"Es su compromiso frenar la deforestación en la Amazonía. Nuestra reclamación es sencilla", dijo a DW César Rodríguez, director de Dejusticia, organización de incidencia encargada de acompañar el proceso. Así argumentó que a falta de datos del pasado año, según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2016, la tala del bosque aumentó un 44% en relación en 2015. "En lugar de retroceder ha avanzado", criticó recordando el compromiso de deforestación cero para el 2020. "El 2020 está a la vuelta y la tendencia es contraria a lo que el gobierno se comprometió", añadió.

La demanda surge a raíz de un estudio comparativo que recoge litigios sobre la falta de acción o ambiciones tímidas de países en cuanto a compromisos contra el cambio climático se refiere. "Hay 800 casos en el mundo", apuntó.

Tomando como base los casos de Urgenda (Holanda), en el que, por primera vez en el mundo, los ciudadanos demandaron a su gobierno para reducir las emisiones en carbono, así como el de jóvenes en Estados Unidos, que demandaron al gobierno por violar su derecho constitucional a la vida, el litigio de la Amazonía combina argumentos jurídicos y científicos e involucra a las futuras generaciones. "Es una demanda sin precedentes en América Latina que requería una argumentación y una estrategia novedosas", aseguró.

El directivo colombiano se mostró satisfecho con el resultado de la demanda. "La Corte acogió un conjunto de evidencias científicas como base para establecer el vínculo empírico y jurídico entre deforestación, cambio climático y violación de los derechos de las futuras generaciones", subrayó.

Trabajando juntos

El gobierno colombiano, que anunció que acata el fallo, tiene cuatro meses para diseñar un plan eficaz de acción contra la deforestación y un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. "Esta es una responsabilidad de todo el Estado, pero más que el Estado, es una responsabilidad de la sociedad colombiana", dijo el ministro de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en un comunicado en el que apuntó que se trata de una oportunidad para que Estado y sociedad colombiana lleven a cabo acciones eficaces contra la deforestación y el cambio climático.

"El Ministerio de Ambiente ya está formulando ideas sobre los primeros pasos a tomar y nos ha contactado para participar en el proceso, en el que deberán estar también los jóvenes demandantes, entidades científicas y comunidades amazónicas", avanzó el directivo de la entidad. Asimismo, la organización ya está trabajando en el diseño de un texto del Pacto intergeneracional para que sea adoptado en los próximos meses. "Los jóvenes sienten que su generación puede marcar una diferencia en la protección del planeta, mediante acciones como la demanda exitosa", consideró Rodríguez.

Jóvenes al poder

Yurshell Yanishey Rodríguez es una de ellos. "Es una manera de contribuir, un grano de arena a todo proceso de construcción de personas más conscientes por el medio ambiente y que tenemos que cuidar", dijo emocionada a DW.

Estudiante de último semestre de ingeniería ambiental, la joven nació y creció en Providencia, la región del país con mayor riesgo de sufrir las consecuencias del cambio climático, según el Ideam. Este prevé que para 2070 la temperatura suba en 1,4 grados y las lluvias se reduzcan en un 32%. "Las islas padecemos los efectos del cambio climático", aseguró la joven enumerando algunos de ellos como el blanqueamiento de corales por la acidificación de los océanos y el aumento de las tormentas tropicales. "Son situaciones diferentes que han venido pasando y que antes no ocurrían", lamentó. "Para el 2080 se prevé que se haya perdido buena parte de la isla, por los efectos de la subida del nivel del mar", alertó explicando sus motivaciones para participar en el proceso.

Apasionada del medio ambiente desde la infancia, la estudiante ha llevado a cabo una pasantía en la isla de San Andrés el pasado año en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, en la que colaboró con una investigación sobre la absorción de dióxido de carbono de los ecosistemas marinos y costeros y cómo ayudan a contrarrestar el cambio climático. "Podemos hacer acciones que mitiguen ese efecto y nos ayuden a a adaptarnos al cambio climático de una manera positiva, no de manera destructiva", consideró. Por este motivo, instó a incentivar "el cambio desde nuestras comunidades" ya que "lo que pasa en la Amazonía, tiene unos costos muy importantes para la humanidad".

¿Sentando precedente?

Según Michael Gerrard, director del Centro Sabin contra el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, este fallo "es uno de las más robustos en materia ambiental que haya dictado un tribunal en cualquier parte del mundo". "Vincula explícitamente deforestación, cambio climático y violación de derechos humanos, incluyendo los de las nuevas generaciones, y declara un ecosistema (la Amazonía) como "sujeto de derechos", lo que implica que cualquier ciudadano puede exigir su protección independientemente de que habite en esa región, y sin necesidad de mostrar que la deforestación afecta comunidades especificas", explicó el director de Dejusticia.

No obstante, la decisión, de carácter vinculante, debe implementarse en un plazo de cuatro meses, en plenas elecciones presidenciales. "En agosto de 2018, Colombia tendrá cambio de Gobierno y si bien se está hablando de una decisión obligatoria, que además de ser acatada por el gobierno central, también la deben acatar las corporaciones de desarrollo de la región amazónica y las autoridades locales de la Amazonía", aclaró a DW Hubert Gehring representante en Colombia de la Konrad-Adenauer-Stiftung.

Sin embargo, "los gobiernos locales de la región Amazónica no cuentan con presupuestos robustos que les permitan implementar por sí mismos estrategias y programas de envergadura", lamentó. Así, recordó que según las distribuciones de los recursos del sistema general de participaciones (DNP), para 2018, el departamento del Amazonas tiene asignado un presupuesto de 20.797.400 euros mientras que Antioquia obtuvo 333.861.000 euros.

Para el representante de la fundación alemana, a pesar de la diversidad de población en los departamentos, que es de 56.036 habitantes y 7.465.000, respectivamente, "si se le diera valor a la protección de un cuerpo de biodiversidad tan rico y clave en la preservación de recursos naturales como el Amazonas, quizás los presupuestos para la región aumentarían".

Autora: Judit Alonso (RRR/LGC) 

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