El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, advirtió del riesgo que puede correr el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano si se presentan ataques contra los guerrilleros que están en proceso de desmovilización y desarme.

Londoño hizo el comentario a raíz del asesinato de un miembro de ese grupo que el mes pasado había salido de la prisión tras ser indultado en el marco del acuerdo.

El "incumplimiento al combate de paras (grupos paramilitares) es de gran riesgo al proceso. Pepe, las FARC rendimos nuestro homenaje", escribió Londoño en Twitter.

Luis Alberto Ortiz, Alias "Pepe", fue asesinado el domingo pasado por un hombre que le disparó en su casa cerca del municipio de Tumaco, un puerto marítimo en el departamento de Nariño.

El asesinato es el primero de un integrante de las FARC después de que el presidente Juan Manuel Santos y Londoño firmaran el acuerdo de paz entre las partes, el pasado 24 de noviembre.

Las FARC sostienen que habitantes de La Guayacana dijeron que el asesinato fue cometido por alias "Renol", quien pertenecería a una banda criminal que opera en el sector.

Por su parte, el vicepresidente, el general retirado Óscar Naranjo, pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones.

"No podemos ser tolerantes con la muerte y por eso pedimos la investigación a las autoridades. Es necesario encontrar a los responsables de este hecho y hacer que sobre ellos caiga todo el peso de la ley", afirmó Naranjo.

El Gobierno aseguró que los miembros de las FARC tendrán medidas de protección, para evitar que sean blanco de ataques de grupos armados.

Santos ha dicho varias veces que su Gobierno no permitirá que el partido político que sea creado por las FARC tras la desmovilización y desarme de sus miembros sufra ataques como los que soportó la Unión Patriótica (UP), un movimiento de izquierda.

La UP surgió de un primer intento de paz entre las FARC y el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), pero el partido fue virtualmente exterminado por los paramilitares de ultraderecha. Unos 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.

Los 6.800 miembros de las FARC están concentrados desde febrero en 26 sectores del país, donde se preparan para reincorporarse a la vida legal, y ya iniciaron el proceso de entrega de armas a las Naciones Unidas, que debe concluir antes del 1 de junio.

DG (efe, dpa)