La JEP ha acreditado como víctimas a más de 180.000 personas en un caso que investiga las violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en dos departamentos colombianos durante el conflicto armado interno, según trascendió este miércoles (02.12.2020).

La Sala de Reconocimiento de la JEP informó en un comunicado que acreditó en las últimas semanas a 10 organizaciones indígenas, 8 consejos comunitarios afrodescendientes y 6 organizaciones campesinas del suroeste del país dentro del llamado Caso 05.

"En total se han reconocido a más de 180.000 víctimas y 124 organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en esta situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca", detalló la JEP en el comunicado. "Con estas acreditaciones, en el Caso 05 se ha completado la acreditación de la totalidad de organizaciones indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca y la mayoría de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del Valle del Cauca", añadió.

Según la JEP, esas violaciones ocurrieron en los municipios caucanos de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, y en las localidades de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca.

¿Qué es el Caso 05?

La JEP, creada a instancias del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, abrió el Caso 05 el 16 de noviembre de 2018. Este caso prioriza las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH en el marco del conflicto armado por parte de las FARC y de miembros de la fuerza pública.

La priorización de este caso se dio a partir de los informes presentados por la Fiscalía colombiana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica. En esos documentos, la JEP identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal.

También, casos de reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medioambiente y al territorio, tanto por integrantes de las FARC como de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.

ama (efe, caracol radio, el nuevo siglo)