Cómo se repite la historia: en muy pocos días, el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ha llevado su país al borde de una grave crisis política e institucional, aislando a Guatemala de la comunidad internacional. Tal como pasó la última vez con el ex-mandatario Otto Pérez Molina, la batalla política se concentra en la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo adscrito a Naciones Unidas. Según el presidente Jimmy Morales, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, excedió su mandato como jefe de dicha misión. Por lo tanto, declaró a Velásquez persona non grata para poder expulsarlo del país de forma inmediata.

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Conflicto de intereses

Según el Acuerdo de Creación de la CICIG, Jimmy Morales tiene derecho de hacerlo. El problema es que lo hace pocos días después de que la CICIG, junto con el Ministerio Público guatemalteco, presentara una solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito contra el Presidente. "Existiendo esta investigación previa, su reclamo pierde legitimidad", opina el sociólogo y columnista Gustavo Berganza. "Hay un conflicto de intereses, porque el presidente está echando a quien lo está persiguiendo."

En los últimos dos años, la CICIG y el Ministerio Público han librado una lucha en contra de la corrupción jamás vista en Guatemala. La estrategia de Jimmy Morales de querer debilitar a la CICIG se parece a la de su antecesor Otto Pérez Molina, quien cumple prisión preventiva por actos de corrupción investigados  justamente por la CICIG. Tras la caída de Pérez Molina, Jimmy Morales se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala con su lema electoral "ni corrupto ni ladrón". Que Morales ahora quiera echar del país a una de las personas más emblemáticas en la lucha contra la corrupción en Guatemala resulta por lo menos irónico.

Resistencia a la CICIG

Entonces, ¿por qué tomó Jimmy Morales su controvertida decisión? Desde hace meses, su relación con la CICIG ha ido empeorando. El MP y la CICIG investigaron al hermano y al hijo del actual presidente en un caso de corrupción, dejando a Morales en una situación muy delicada. Además, no todo el país está contento con la lucha contra la corrupción en Guatemala. "Alrededor del Presidente hay un grupo de gente muy interesada en que se debilite el MP y la función investigativa de la CICIG", indica Gustavo Berganza.

Entre los que están en contra del trabajo de la CICIG se encuentran tanto empresarios como diputados del Congreso de la República que se enfrentan a antejuicios. A ellos se suman los familiares de los militares que están procesados por casos de violaciones a los derechos humanos. "Estas personas no necesariamente fueron perseguidas por la CICIG, pero le echan la culpa de su suerte a la comisión", dice Berganza.

En compás de espera

El domingo recién pasado, la Corte Constitucional de Guatemala rechazó de forma provisional la orden del presidente. "El presidente debe acatar el amparo", dice Álvaro Montenegro, de la agrupación ciudadana "JusticiaYa". De no ser así, "las manifestaciones pueden arreciar”.  En los últimos días también hubo rumores de que Jimmy Morales podría declarar el estado de sitio, algo que el Gobierno ya ha descartado.

Por el momento, todavía se espera el fallo definitivo, porque puede que se revierta la decisión de la Corte Constitucional. En cuanto al antejuicio contra Jimmy Morales solicitado por la CICIG y el MP, tampoco se sabe con certeza si avanzará, ya que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República donde muchos diputados pertenecen a la bancada oficialista, y hay otros diputados muy críticos con el trabajo de la CICIG. La lucha contra la corrupción, que durante los últimos dos años pareció ser imparable, ha llegado a su momento más crítico. "Hay una alta probabilidad de que se pueda revertir", opina Gustavo Berganza. Por ello, "es importante lograr que Iván Velásquez se quede, porque si lo echan, el impacto va a ser devastador para todos los que lo apoyamos."