Este miércoles (22.12.2010) culminó con sentencia a cadena perpetua el juicio que se le siguió en la ciudad argentina de Córdoba al ex militar y dictador Jorge Rafael Videla por el asesinato de 31 presos políticos, así como por el secuestro y la tortura de seis personas.

Videla fue nombrado presidente de facto por una Junta Militar y ocupó la presidencia de Argentina entre 1976 y 1981, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional que arrancó tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La Fiscalía pidió en noviembre que Videla y otros quince imputados reciban la pena de reclusión perpetua, mientras los abogados defensores exigían su absolución. En el caso de Videla, la petición de sentencia fue concedida.

Videla ya había sido sentenciado a cadena perpetua en el histórico juicio a las juntas militares de 1985, pero en 1990 recuperó la libertad gracias a los indultos otorgados por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). En 1998 fue detenido nuevamente, acusado de apropiación ilegítima de menores durante la dictadura. Videla estuvo bajo arresto domiciliario hasta que ese beneficio fue revocado en 2008 y fue enviado a la cárcel del cuartel militar de la localidad bonaerense de Campo de Mayo. Según las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos, la última dictadura argentina dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.

Deutsche Welle conversó con la Dra. Mariana Llanos, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) del GIGA, en Hamburgo, y conocedora de la historia política argentina, sobre las implicaciones del juicio que a Jorge Rafael Videla.

Deutsche Welle : Este martes (21.12.2010), Jorge Rafael Videla se empeñó en justificar la actuación de la dictadura que el presidió tras el golpe de 1976, alegando que el Estado argentino había perdido el monopolio de la fuerza frente a elementos subversivos que él describe como “terroristas”. Él sostiene que los militares libraron “una guerra justa”. ¿Qué diferenció al régimen de Videla de las dictaduras que lo precedieron?

Mariana Llanos : Si bien Argentina había padecido una gran inestabilidad institucional a partir de 1930 y el hecho de que los militares se hicieran del poder no era una novedad –ya había habido una alternancia de gobiernos democráticos, semi-democráticos y dictatoriales en el pasado–, el grado de represión que usó Videla para sofocar la insurgencia interna no tenía precedentes. Lo que en Argentina describimos como terrorismo de Estado hizo que la de Videla pasara a la historia nacional como ‘la’ dictadura.

Durante esa supuesta ‘guerra justa’ se violaron los derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de coacción del Estado para reprimir a los disidentes políticos. Cuando se abrió el proceso de transición a la democracia en 1982, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales del año siguiente con un discurso muy simple: recitando el preámbulo de la Constitución nacional, que contempla los derechos humanos básicos de quienes viven en el territorio argentino. Pero de ahí a que se le pasara factura al régimen militar... esa otra historia. Por eso siguen teniendo lugar juicios como el de Videla después de tantos años.

¿Qué relevancia tienen procesos judiciales como el de Videla para Argentina y para América Latina?

Tienen mucha importancia. Y es que el caso argentino fue paradigmático en el ámbito de la defensa internacional de los derechos humanos. Ya en el año 1985, Argentina le abrió un juicio a las juntas militares; Videla ya fue juzgado en aquel momento. Y el tribunal que enjuició a los miembros de esas juntas sentó un precedente importante. Espero no equivocarme cuando digo que esos juicios son únicos en los procesos de transición hacia la democracia que tuvieron lugar en las últimas tres décadas; creo que no ha habido otros similares.

El caso de Argentina contrasta enormemente con los de España, Chile, Uruguay y Brasil, por ejemplo, países en donde se ha avanzado mucho más lentamente en lo que se refiere al enjuiciamiento de quienes han violado los derechos humanos durante las dictaduras. No digo que en esos países no se haya hecho justicia en los últimos años, lo que quiero enfatizar es que Argentina sirvió como ejemplo al demostrar que eso era posible. En Argentina se les llevó a los tribunales desde un principio y de una manera dramática.

Después hubo reveses lamentables. A mediano plazo fueron electos Gobiernos que no tuvieron la disposición para garantizar que los actores principales de la dictadura permanecieran en la cárcel; en los noventa, durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem, se hicieron varios indultos. Fue en la primer década del nuevo milenio, durante las dos presidencias del matrimonio Kirchner, que se recuperó la voluntad política de seguir haciendo justicia en esta materia. Esa determinación a escala estatal y una sociedad civil comprometida con la conservación de la memoria política son fundamentales para que los desafueros de los dictadores reciban el merecido castigo, porque las organizaciones civiles están facultadas para presentar esos casos ante los tribunales.

Se suele dar por sentado que estos procesos judiciales sirven de ejemplo al dejar claro que la justicia no deja impune los abusos de los dictadores. Sin embargo, las nociones tradicionales de ’democracia’ y ‘dictadura’ han ido sufriendo transformaciones a lo largo de las últimas tres décadas en Latinoamérica. En este momento, la comunidad internacional observa con preocupación como ciertos Gobiernos asumen rasgos autoritarios y agreden el orden constitucional de sus países tras una fachada democrática…

En varios países de América Latina se percibe una tendencia al gobierno autocrático, evidenciado en la concentración del poder político en la figura del presidente, por ejemplo. Y el caudillismo, el personalismo y el hiperpresidencialismo tienen una larga tradición en la región. Pero una cosa es un gobierno autocrático y otra cosa es un gobierno autoritario, como el de Videla, que pasó por encima de derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida. Esa dictadura cometió excesos atroces en ese aspecto.

No solamente encarceló a un sinnúmero de personas, sino que las torturó y las privó de una identidad al hacerlas desaparecer; no hay documentos que permitan rastrear sus cuerpos. A las detenidas que estaban embarazadas las mataban y les robaban los bebés para dárselos a otras familias, con el agravante de que a las madres de esas mujeres se les ha hecho casi imposible recuperar a sus nietos. Y todo eso sin mencionar que esa dictadura llevó a Argentina a la ruina económica y a la guerra, con el conflicto de las Islas Malvinas.

Debemos diferenciar una cosa de la otra. Las actuales tendencias autocráticas de América Latina no se caracterizan por ese tipo de atrocidades, sino por un desequilibrio de poderes a escala gubernamental.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editor: Enrique López