En la larga lista de tareas pendientes para el segundo mandato del presidente colombiano Juan Manuel Santos la firma del acuerdo o los acuerdos de paz ocupa el primer lugar. Pero, “dado que consiguió una reelección con el mensaje de que era el único candidato que podía sacar adelante el proceso de Paz, la base social de los votos que ha obtenido en la segunda vuelta corresponden a fuerzas que están más a la izquierda que el partido que lidera”, explica a DW Anna Ayuso, investigadora del think tank CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).

Y ese es justo uno de los primeros obstáculos de su mandato pues, “implica un apoyo político condicionado a reformas políticas que reduzcan las desigualdades y sobre todo traten de resolver el problema de la restitución y titulación de tierras, que es una de las claves históricas del conflicto”.

Importante salto con viento en contra

Efectivamente, a diferencia de la Colombia que recibió hace cuatro años –como heredero incontrovertible del expresidente Álvaro Uribe y su política de solución militar al conflicto armado-, para su segundo mandato, “Santos tiene respaldo que permite tener mayorías en el Parlamento, pero buena parte del establishment político está en contra de su política de diálogo”, según Alejandro Guarín, analista del Instituto Alemán para Política de Desarrollo (die).

Aunque, en su opinión, nadie en Colombia se opone a la paz, lo controvertido es la legitimidad del grupo armado como interlocutor: si para unos las FARC es un grupo que materializó ciertas desigualdades históricas, para “los otros no pasa de una banda de terroristas narcotraficantes que no tendrían por qué sentarse de igual a igual con el Estado”.

Así las cosas –y aunque nadie sabe aún a ciencia cierta lo que se negocia en La Habana desde hace más de un año- uno de los mayores retos que espera a Santos en su segundo mandato será llevar a la práctica las reformas rurales orientadas a reducir la inmensa brecha que existe entre el mundo rural y el urbano en Colombia.

“Va a tener una oposición frontal del sector terrateniente más conservador que encarna Uribe y que tiene una red clientelar muy afianzada. Curiosamente la mayor oposición a la reforma rural va a venir del campo, no de la ciudad”, acota Anna Ayuso.

Aunque la analista del CIDOB no cree que en este mandato el presidente Santos logre resolver el problema de las tierras completamente, la firma de los acuerdos supondrá un salto importante para sentar las bases de futuras reformas y llevar el Estado a zonas que habían permanecido bajo el control de la(s) guerrilla(s).

Los otros actores del conflicto

“Incluir en los diálogos a todos los grupos armados y llevarlos a buen término para poner fin al conflicto armado será su mayor reto”, comenta a DW Vicente Vallies, portavoz de OIDHACO (Oficina de Derechos Humanos Acción Colombia), una plataforma de organizaciones europeas que han seguido de cerca el conflicto en el país, desde el punto de vista de las víctimas, que provienen mayoritariamente de las zonas rurales colombianas.

“El conflicto sigue generando miles de víctimas y es necesario que se brinde garantías a las personas defensoras de derechos humanos, las que reclaman su derecho al territorio, las que se oponen a proyectos económicos que ponen en peligro su entorno de vida”, recuerda Vallies subrayando que la construcción de la paz sostenible supera el acuerdo y “pasa la lucha en contra de la inequidad social”.

Reformas urgentes

Así, si para la Colombia rural será crucial la resolución del conflicto por la tierra –que ha generado según cifras oficiales hasta el momento más de 6 millones de víctimas- ,“en las ciudades las demandas serán más de políticas sociales y seguridad ciudadana”, prevé Ayuso.

Efectivamente, cerca del 80% de la población colombiana vive en las ciudades. “Y el entre 50 y 55 por ciento trabaja en condiciones informales y vulnerables”, apunta Guarín que califica de tarea ineludible las urgentes reformas laborales “si es que pretende que en el país haya una prosperidad compartida. En este momento, la gran inequidad que hay en Colombia se materializa más que nada en las ciudades”, añade el analista del die.

El papel de la comunidad internacional

Los analistas coinciden en que el gran desafío del presidente Santos será ir mucho más allá de la firma de unos acuerdos de paz para lo cual requerirá de apoyo internacional.

“Aparte de que Noruega es uno de los países garantes del proceso, la UE ha estado muy cerca de todo el proceso que se ha dado con las FARC”, recuerda Guarín. “Nada de lo que pase en La Habana va a funcionar si no están detrás Estados Unidos y la UE, porque le dan legitimidad al proceso y porque –aunque nadie sabe aún lo que se ha firmado en La Habana- entendemos que se están negociando reivindicaciones sociales que estaban en lista de espera. Y todo eso va a necesitar dinero”, apunta.

Otra gran tarea a acometer es el narcotráfico y su crucial papel en el conflicto armado. Si bien en los diálogos de La Habana, gobierno y FARC han acordado que –de llegar a buen término- éstas romperían sus vínculos con el narcotráfico y colaborarían en un futuro programa de desminado del territorio nacional, es evidente que la tarea rebasa los límites de Colombia.

“En eso Santos ha sido progresista y está aprovechando el momento de cambio en la percepción internacional para comenzar a vender la idea de que el narcotráfico es un problema compartido y que la política de represión no está funcionando, algo que coincide con lo que las FARC siempre han dicho. El establishment se está moviendo hacia la izquierda en ese sentido”, opina Guarín.

Ante este panorama queda claro que los asuntos pendientes de Juan Manuel Santos para su segundo mandato no son poca cosa. “Y no va a ser fácil”, concluye Ayuso.

“Dado que el político Santos ha estado obsesionado con su propio lugar en la historia, va a hacer todo lo posible por firmar el acuerdo. Y será simbólicamente importante”, prevé Guarín puntualizando que, sin embargo, habrá que esperar otras dos décadas para hablar de la superación del conflicto.